Varios colectivos denuncian que el pacto PSOE-C's no recoge la prohibición del fracking

Los colectivos UGAM-COAG, Ecologistas en Acción-Cantabria, Asociación ADIC y Asociación Efecto Ecológico han denunciado este viernes que el pacto firmado entre el PSOE y Ciudadanos “incumple el compromiso firmado por ambos partidos en relación con la prohibición del uso de la técnica del fracking en todo el territorio nacional”.

En un comunicado, estos colectivos han recordado que en mayo de 2014 ambos partidos suscribieron el denominado 'Compromiso para la prohibición de la fractura hidráulica en el Estado español', comprometiéndose expresamente a “prohibir la técnica de la fractura hidráulica (fracking) así como cualquier técnica similar utilizada para la investigación y futura explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales” y a “paralizar inmediatamente cualquier proyecto de investigación o explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados en el Estado español”.

Ese documento formaba parte de la iniciativa 'Stop Fracking', impulsada por un total de 27 plataformas antifracking y respaldada por más de 200 colectivos sociales en España (en el caso de Cantabria, por UGAM-COAG, Ecologistas en Acción, ADIC y Asociación Efecto Ecológico). A través de la misma, la mayoría de partidos políticos (entre ellos el PSOE y Ciudadanos) exceptuando el PP, PNV, UPyD y CiU, se comprometieron a la prohibición del fracking en todo el territorio nacional.

Sin embargo, en el denominado 'Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso' firmado recientemente por los líderes de PSOE y C's, Pedro Sánchez y Albert Rivera, no se ha acordado la prohibición de la técnica del fracking, sino “establecer una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica”, según han indicado los citados colectivos, a quienes les resulta “totalmente insuficiente” esta medida, “que además incumple el compromiso que acababan de adquirir”.

Por ello, las organizaciones han requerido tanto al PSOE como a Ciudadanos que “cumplan con lo pactado” de tal manera que el acuerdo incluya una “prohibición total al fracking y no una mera moratoria de cuatro años”.

Cambio de postura

Esta nueva postura del PSOE y Ciudadanos en relación al fracking va en contra, incluso, de las iniciativas que han presentado en las últimas semanas desde las filas socialistas, que registraron la semana pasada en el Congreso de los Diputados dos proposiciones no de ley para instar al Gobierno de España a que paralice los proyectos de prospecciones por fractura hidráulica autorizados en la provincia de Burgos y en Cantabria y reclamaron al Ejecutivo central que promueva una modificación legislativa para prohibir el uso de esta técnica en todo el país.

De hecho, la diputada nacional del PSOE por Cantabria, Puerto Gallego, afirmó hace menos de 15 días que la propuesta presentada por el PRC en el Parlamento autonómico sobre el fracking “se queda corta” y consideró que los regionalistas demuestran con ella “no haber entendido lo que los distintos colectivos contrarios a esta técnica llevan pidiendo desde hace años”.

“Los colectivos contra el fracking no quieren parches ni eliminaciones parciales sino poner fin a una técnica que entraña un riesgo muy elevado para el medio ambiente y que, en Cantabria, podría tener consecuencias terribles dado los lugares donde se ubican los proyectos de investigación con la técnica de fractura hidráulica”, manifestó a través de un comunicado.

Rechazo social

La movilización social contra el fracking batió récords en Cantabria durante la pasada legislatura. La Asamblea contra la Fractura Hidráulica recogió más de 10.000 firmas en apenas dos meses y exigió al Ministerio de Industria que declare “extintos” los permisos concedidos en la comunidad autónoma.

Fue la lucha en la calle de las organizaciones ecologistas la que impulsó uno de los pocos acuerdos aprobados por unanimidad en el Parlamento de Cantabria. La normativa que prohibía el uso de la fractura hidráulica en suelo autonómico se ratificó en el pleno con el voto a favor de todos los grupos con representación parlamentaria -PP, PRC y PSOE- y dio respuesta al grito unánime de la sociedad cántabra contra el fracking.

Esa postura duró poco y las contradicciones no tardaron en llegar. El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional al entender que invadía competencias del estado, a pesar de que el PP había defendido en Cantabria su rechazo a esta técnica para extraer gas no convencional, y los representantes populares en el Congreso y el Senado se pronunciaron reiteradamente a favor de los postulados que mantiene el ministro José Manuel Soria, firme defensor del fracking.

En plena campaña y a escasos días de la cita con las urnas, el PP de Cantabria trató de evitar el asunto pese a que en su programa apostó por esta polémica técnica en el marco de una política energética que “aproveche al máximo nuestros recursos”. En una entrevista en televisión, fue el propio presidente Rajoy el que minimizó su impacto y simplificó el fracking a algo tan sencillo como “machacar una roca para extraer trocitos de petróleo y gas”.