“La deriva autoritaria lleva a la criminalización de la protesta social”
El Ararteko está preocupado. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de 2013 se han ido acumulando en su mesa quejas de diferentes colectivos y movimientos ciudadanos que han sido reprimidos por la Ertzaintza a pesar de protestar de manera pacífica. Es lo que el Ararteko denomina “criminalización de la protesta social” y que incide de una manera muy importante “en la calidad democratica del sistema”. En opinión del 'ararteko' Íñigo Lamarca, “la deriva autoritaria del sistema lleva a la criminalización de la protesta social”.
A lo largo del año, se han dirigido por tal motivo al Ararteko movimientos y colectivos ecologistas, de derechos de las personas inmigrantes, de personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias, por la paz y contra el militarismo, vecinales.... Protestaban porque la Ertzaintza hubiera considerado delictivas algunas de sus conductas de resistencia pacífica que los Juzgados, posteriormente, archivaban o calificaban de falta. Mas allá de su satisfacción por tales resoluciones judiciales, estos ciudadanos plantean que los jueces no han podido evitar que sus actos hubieran sido “desproporcionadamente reprimidos” y sus miembros detenidos como “delincuentes”.
En su informe anual de actividad correspondiente a 2013, el Defensor del Pueblo Vasco pone en el acento en que se trata de unas quejas reiteradas a lo largo de todo el año y por iniciativas ciudadanas de muy diversa índole. Por otro, porque entronca directamente con el problema detectado por la Junta de Jueces de Instrucción de Bilbao, que ha puesto de relieve “el notable incremento que se ha producido en la puesta a disposición de detenidos en el Juzgado de Guardia por hechos que son constitutivos de falta”. Es decir, que tras la lectura del atestado, el Juez de Guardia acuerda la inmediata puesta en libertad de una persona que ha sido detenida durante un periodo de tiempo.
Menos control de los jueces
Por último, el Ararteko critica que las reformas legislativas previstas en materia de Seguridad Ciudadana, nuevo Código Penal y nueva Ley Procesal Penal, “limitan la actuación de la abogacía en la defensa de la ciudadanía, restringen la revisión judicial de las actuaciones policiales y suponen una disminución del control jurisdiccional al dejar en manos de la autoridad gubernativa la represión de conductas que pueden considerarse molestas al poder, pese a ejercitarse cívica y pacíficamente”.
Por eso es necesario, a juicio de esta institucion, “conjurar el peligro de deriva autoritaria que todo ello conlleva para el sistema, lo que requiere que la Policia Vasca, lejos de criminalizar la disidencia no violenta, garantice su libre expresion”.
