Maroto (PP) asegura que el contrato de San Antonio se firmó por el “interés general” de los vitorianos

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), ha asegurado que el contrato para el alquiler de la calle San Antonio, por el que el Tribunal de Cuentas del Estado le reclama una fianza por un presunto “perjuicio” a las arcas públicas, se firmó de acuerdo “al interés general” de los vitorianos. De todas formas, ha anunciado que ni él ni el resto de concejales recurrirán esta decisión y abonarán el dinero reclamado en los próximos días.

Maroto se ha referido de esta forma, en una rueda de prensa en el Parlamento vasco, a la decisión del Tribunal de Cuentas del Estado sobre el conocido como 'caso San Antonio'.

El órgano fiscalizador considera que el ministro de Sanidad y antiguo alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso; el actual regidor de la capital alavesa, Javier Maroto, y otros siete ediles, incurrieron en una presunta “responsabilidad contable” de 496.223 euros por el “perjuicio” causado a las arcas públicas por un contrato público firmado en 2007 a un precio muy superior al de mercado.

ACTA PROVISIONAL

El Tribunal de Cuentas, en un acta provisional, considera que Alonso, Maroto -que en el momento de los hechos era concejal de Hacienda- y el resto de los concejales del PP que en 2007 formaban parte de aquel Ejecutivo municipal, deben resarcir a las arcas del Ayuntamiento con la mencionada suma, debido al perjuicio económico generado por el contrato al Consistorio.

El contrato investigado fue firmado por el Gobierno municipal del PP con el empresario Gonzalo Antón. A través de este documento, el Ayuntamiento de Vitoria arrendó a Antón unos locales en la calle San Antonio por un precio final de 7,6 millones de euros y un periodo de veinte años. La polémica se suscitó porque la tarifa del alquiler superaba con mucho el precio por el que el empresario compró los locales: 2,7 millones de euros.