València inicia la liquidación de la fundación de empleo por la que la Fiscalía investiga al exportavoz de Vox y la UCO registró el consistorio

El Ayuntamiento de València inicia el proceso de extinción de la fundación municipal por la que se investiga al exportavoz de Vox en el consistorio. El patronato de la Fundación Valencia Activa ha probado este lunes por unanimidad iniciar el proceso legal para disolver el ente público encargado de políticas de empleo, investigado por un juzgado, aduciendo que genera duplicidades en la Administración. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil intervino el pasado 30 de abril en el consistorio documentación sobre los procesos de contratación de este ente, que estaba dirigido por el exportavoz de Vox y exconcejal de Empleo Juan Manuel Badenas.

La Fiscalía Provincial de Valencia abrió el pasado marzo diligencias de investigación contra Badenas por varios contratos de esta fundación, entre ellos uno de 128.000 euros a una consultora de comunicación, denunciados por Compromís y PSPV. El Ministerio Público considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental, según consta en el escrito que han hecho público los portavoces de la oposición.

La fundación, capitaneada por Vox como parte de sus responsabilidades en Empleo, sitúa al asesor jurídico que avaló los contratos investigados al frente del proceso de liquidación. Luis Ignacio Serra Mallol es el asesor jurídico del ente, cargo que consiguió tras un proceso de contratación pública el pasado mandato. El abogado compareció junto a Badenas en la rueda de prensa en la que el edil de Vox, ahora responsable de Patrimonio, aseguró que todos los procesos eran conformes a la ley y apuntó a una cacería política contra él.

El edil de Empleo, José Gosálbez, quien sustituye a Badenas como portavoz y concejal de este área tras la crisis derivada de la investigación. ha precisado que tras la desaparición de Valencia Activa se gestionarán “desde el Ayuntamiento todas las ayudas de Labora y Empace”. “Evitaremos retrasos, papeleo y duplicidades. La optimización de recursos es innegociable”, ha asegurado Gosálbez.

Desde el consistorio han resaltado que el procedimiento de extinción y liquidación se realizará conforme a la normativa vigente y han detallado que el patronato ha facultado al citado asesor jurídico. “Con esta decisión, el Ayuntamiento avanza en la racionalización del sector público fundacional, eliminando estructuras vacías y destinando cada euro directamente a los servicios municipales de empleo, formación y emprendimiento”, ha agregado el concejal de Empleo.

“Liquida una herramienta esencial”

Desde la oposición en el consistorio, el edil del PSPV-PSOE Javier Mateo ha criticado que la alcaldesa, María José Catalá (PP), “mienta una vez más a los valencianos”, porque “cuando los socialistas denunciamos que la liquidación de la fundación era liquidar una herramienta esencial dijo que no se iba a perder ningún servicio público en materia de empleo”.

“Hoy rechazan dos programas que ayudaban y daban oportunidades a cientos de valencianos”, ha dicho Mateo, que ha lamentado que “la factura de la mala gestión, de la nefasta gestión de María José Catalá y de sus socios de Vox la tienen que pagar los y ha censurado las ”mentiras“ y los ”bulos“.

El representante socialista ha manifestado, en un comunicado, que Catalá “mira hacia otro lado mientras sus socios de Vox renuncian a 1,1 millones de euros en la Fundación Valencia Activa para empleo”. Así, ha agregado que la primera edil “no solo trata de ocultar la posible corrupción de sus socios en la fundación de la que ella es presidenta sino que les permite perder subvenciones”.

“La dejación de funciones de María José Catalá con Vox va a costar a los valencianos más de 1.100.000 euros que se podrían haber ingresado en subvenciones y programas de Labora, pero hoy van a rechazar recibirlos porque en el patronato han votado en contra”, ha expuesto Mateo, en referencia a las líneas Labora-EMPACE, que asciende a 180.000 euros, y Labora-Grandes Ciudades, de 909.840 euros.

“Podría poner palos en las ruedas de la investigación”

La regidora de Compromís Eva Coscollà ha defendido que cualquier cambio en València Activa se tiene que hacer con “serenidad, con garantías y, sobre todo, con total transparencia”. “Consideramos que la naturaleza jurídica de la entidad que da continuidad a las políticas de ocupación de la ciudad tiene que ser aquella que no supongo la pérdida de subvenciones públicas y, a la vegada, permita prestar absolutamente todos los servicios que venían ofreciéndose hasta ahora —y, si es posible, ampliarlos—, y que asegure la continuidad del personal de València Activa, sostiene la concejala valencianista.

La coalición critica la celeridad del Ayuntamiento para extinguir la Fundación y la vincula a la investigación judicial: “La decisión se produce, a toda velocidad, después de haberse conocido la existencia de una investigación judicial en marcha. Y esto genera preocupación: porque una liquidación apresurada podría poner palos en las ruedas de la investigación o, incluso, poner en riesgo la conservación de documentación o información relevante”, cuestionan.

La coalición pone el foco en el proceso de extinción y el responsable encargado: “Nos preocupa especialmente que la persona designada como liquidadora sea justamente un abogado contratado por València Activa y que avaló públicamente junto al regidor Juan Manuel Badenas los contratos que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Este hecho no ayuda a generar confianza, sino todo lo contrario”.

Asimismo, apunta Compromís, “mientras se acelera la desaparición de una herramienta que ha funcionado durante años, como es València Activa, no se ha hecho ningún paso para renovar el VIII Pacto por la Ocupación de la Ciudad de València. Este Pacto ha sido una pieza clave para impulsar políticas de ocupación consensuadas y útiles, y su renovación no puede quedar en un segundo plan. València necesita políticas de ocupación sólidas, transparentes y concertadas. No decisiones apresuradas con efectos irreversibles”, concluye la regidora.