La Generalitat Valenciana, obligada a reintegrar a la ONG del 'Aita Mari' 80.000 euros en tasas portuarias cobrados de forma irregular

“Este Jurat Economico Administratiu acuerda estimar la reclamación interpuesta anulando la resolución impugnada, considerando la exención prevista en el artículo 4. Dos de la Ley 1/1999 (...) debiendo aplicarse la exención en los términos que preveía la Ley y sin que resulten aplicables criterios arbitrarios, el de permanencia en puerto por un determinado periodo de tiempo, no previsto en la norma”.

El Jurat Economico Administraiu de la Generalitat Valenciana se pronuncia en estos términos en relación con el recurso planteado por la ONG propietaria del buque de ayuda humanitaria Aita Mari al que la administración autonómica le cobró de forma irregular 80.000 euros en concepto de tasas por el atraque en diversos puertos de titularidad autonómica entre julio y agosto de 2024. La resolución da la razón a la organización sin ánimo de lucro, le exime del pago y obliga a la Generalitat a reintegrarle la totalidad de la cuantía abonada.

Según ha informado Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), entidad sin ánimo de lucro y defensora de los derechos humanos armadora del Aita Mari, las liquidaciones, emitidas entre julio y agosto de 2024 por el Gobierno valenciano presidido por Carlos Mazón, correspondían a las estancias del buque en los puertos de Burriana y Vinaroz. Desde 2016, el Gobierno del Botànico no había girado dichas liquidaciones debido a que la propia Ley de la Generalitat establece específicamente la exención de tasas para los buques de entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas, que por necesidades de funcionamiento deban situarse en el dominio público portuario.

Al respecto, la organización ha denunciado que “esta acción se enmarca en un intento de criminalizar y obstaculizar la labor humanitaria, siguiendo el dictado del discurso abiertamente xenófobo y racista de la extrema derecha” y ha lamentado que “el actual gobierno de Mazón, siguiendo los acuerdos con VOX que buscan expulsar a las ONGs de rescate del País Valencià, intentó aplicar un criterio retroactivo ilegal, reinterpretando de manera contraria a la ley la normativa aplicable durante los últimos tres años para forzar el pago de las tasas”.

Tras la movilización de la sociedad civil y la presentación de dos recursos administrativos por parte de SMH con el consejo legal de la abogada y exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, el Jurat Economico Administratiu ha reconocido finalmente la ilegalidad de las liquidaciones, restableciendo la aplicación de la exención de tasas que siempre ha correspondido a la entidad.

SMH ha lamentado “profundamente” que se dé por normal “el discurso escandalosamente contrario a los derechos humanos, irracional y populista liderado por la extrema derecha y seguido de cerca por el Partido Popular”. Este discurso, según la ONG; “busca despojar de humanidad a las personas con culturas y religiones diferentes, poniendo en riesgo los valores fundamentales de la sociedad valenciana”.

Como entidad defensora de los Derechos Humanos, la entidad ha asegurado que se mantendrá “siempre firme frente a los ataques directos y los intentos de lawfare (fraude de ley) y criminalización de su actividad; una actividad que es totalmente legítima y hoy más necesaria que nunca en un contexto de profunda crisis humanitaria”.

A pesar de los ataques, Salvamento Marítimo Humanitario ha reafirmado su compromiso: “Mantendremos nuestra actividad en los puertos del País Valencià, con la mayor visibilidad posible e intensificando nuestra labor de sensibilización y educación para la transformación social. El objetivo es claro: preservar los valores de solidaridad y hermandad que distinguen a nuestra sociedad y contrarrestar el discurso de odio con la práctica de los derechos humanos”.

El Gobierno valenciano ya reconoció el pasado mes de julio que el barco de rescate humanitario Aita Mari estaba exento del pago de tasas portuarias. Ahora, ha logrado que se reconozca la devolución de las cantidades abonadas, que superan los 80.000 euros.

El Aita Mari, una antigua embarcación pesquera reconvertida en buque de rescate en el mar Mediterráneo, ha operado durante años desde puertos valencianos como los de Burriana y Vinaròs, dependientes de la Generalitat. Durante la pasada legislatura, bajo el Gobierno del Botànic, estas ONG estaban amparadas por una exención de tasas recogida en la legislación autonómica, que reconoce el derecho de entidades humanitarias sin ánimo de lucro a operar sin costes portuarios en dominio público.

Meses antes, en enero del presente año, la Comisión Europea emitió una respuesta formal a la pregunta presentada por el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà (Verts/ALE), sobre las tasas retroactivas impuestas por el Gobierno de la Generalitat valenciana a las embarcaciones humanitarias de rescate en el Mediterráneo, como el Aita Mari. En su respuesta, la Comisión expresa dudas sobre la legalidad de estas tasas y alerta de posibles riesgos en términos de seguridad jurídica, a pesar de que también destaca que son los tribunales nacionales los más indicados para examinar esta cuestión.