El año en que la titularidad de la Mezquita se puso en cuestión

La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba y la gestión que de ella hace la Iglesia se puso en cuestión durante 2014.

Fue a comienzos de 2014 cuando se dio a conocer la plataforma ciudadana por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos y, con ella, se puso sobre la mesa la cuestión de la titularidad del emblemático monumento cordobés a raíz de la gestión que de él lleva haciendo en los últimos tiempos la Iglesia, desde que lo inmatriculara y lo inscribiera a su nombre en el Registro de la Propiedad en el año 2006 por unos 30 euros.

La plataforma ciudadana fue la que puso voz y concretó el mensaje de quienes habían comprobado cómo en los últimos años el obispado de Córdoba, además de apropiarse del monumento mediante un artículo franquista de la Ley Hipotecaria que le habilitaba para inmatricular un bien sin tener título de propiedad sobre él, había hecho desaparecer el nombre de la Mezquita de toda cartelería, folleto o documento que expidiera sobre el monumento, al que ahora solo denomina bajo la denominación de la Catedral que se insertó en el edificio islámico. Un borrado que tuvo su altavoz más internacional al desaparecer la Mezquita del nombre del monumento en la localización de Google Maps por unos días en el mes de noviembre.

Y es que la denuncia ciudadana pidió, desde un principio, que no se borrara el nombre de la Mezquita de Córdoba, que no se tergiversara su historia y que su titularidad estuviera en manos públicas, como un bien de todos los ciudadanos que fue declarado Patrimonio de la Humanidad hace ahora 30 años por ser un edificio único del islam en occidente.

En pocas semanas, la recogida de firmas que hizo la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos a través de change.org para solicitar la acción de las administraciones en pos de preservar como un bien público el monumento sumó miles y miles de adhesiones. Hoy llega a las 385.000 y sigue sumando. Y a esas firmas anónimas de ciudadanos de todos los puntos de España y otros muchos extranjeros, se sumaron nombres ilustres del mundo académico, de la cultura y del pensamiento que denunciaban la acción que la Iglesia ha tenido sobre la Mezquita.

Esa suma de apoyo ciudadano y de personas con un peso específico a nivel nacional e internacional, fue una de las metas marcadas en la hoja de ruta que se propuso recorrer la plataforma ciudadana para conseguir que la Mezquita-Catedral tenga una gestión pública. Desde la vía jurídica, administrativa y social, los integrantes de la plataforma diseñaron los pasos a seguir para lograr esa titularidad pública y, en este año 2014, llevaron a cabo la mayoría de sus propuestas.

En lo social, además del apoyo conseguido a través de firmas y adhesiones, el reconocimiento internacional del monumento por el que Córdoba está en el mapa turístico mundial hizo que el debate sobre su titularidad y la apropiación de él hecha por la Iglesia tuviera un eco también internacional a través de medios de comunicación de decenas de países.

Por otro lado, la vía jurídica se planteó para demostrar que la Iglesia había inmatriculado a su nombre el Mezquita-Catedral reconociendo no tener título de propiedad sobre el edificio y, además, amparándose en dos artículos de época franquista de la Ley Hipotecaria que daba categoría de administración pública a la Iglesia católica y que posibilitó que, con la sola firma del obispo, fuera suficiente para registrar a nombre de la Iglesia un bien público no registrado hasta la fecha. La plataforma pide por ello la inconstitucionalidad de esta inmatriculación por chocar con dos principios de la Constitución Española: el de igualdad y el de aconfesionalidad del Estado.

Respuesta de las administraciones y de la Iglesia

Pero esa vía jurídica debería ponerla en marcha alguna administración. Y ahí, en la vía administrativa marcada en la hoja de ruta, la plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos ha llevado su mensaje al Defensor del Pueblo Andaluz, al Ayuntamiento de Córdoba, a los grupos políticos del Congreso de los Diputados y a los grupos del Parlamento de Andalucía.

La respuesta ha sido desigual. En el Ayuntamiento de Córdoba se trató el asunto a través de una moción presentada por IU en el Pleno, donde el PP hizo valer su mayoría absoluta y rechazó pedir la titularidad pública del monumento. Durante todo este año, la postura del alcalde, José Antonio Nieto, ha sido la de evitar el enfrentamiento por el Obispado y dejar en punto muerto el debate sobre la gestión de la Mezquita-Catedral.

Por otra parte, el debate tuvo el apoyo de los grupos del Congreso con los que logró reunirse la plataforma pero la acción –por mayoría de sus grupos- solo puede venir por parte de PP y PSOE. Y ahí, el que ha movido ficha ha sido el PP presentando una reforma de la Ley Hipotecaria que si bien elimina los artículos que hasta ahora privilegiaban a la Iglesia a la hora de inmatricular bienes, de facto la ley viene a perpetuar las apropiaciones ya hechas como es el caso de la Mezquita-Catedral haciendo casi imposible desandar el camino de esa apropiación.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha acelerado a últimos de año sus movimientos. Si bien en los primeros meses se limitó a encargar un informe a sus servicios jurídicos para ver las competencias que sobre el asunto tenía la administración autonómica, luego la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha sido más explícita ya en diciembre en su negativa al borrado del nombre de la Mezquita. Su consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, ha dado un paso más y envió una carta para solicitar formalmente una reunión con el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, para tratar sobre la promoción que del monumento hace la Iglesia sin mencionar el término Mezquita y sus consecuencias para el turismo. El pasado día de Nochebuena, el consejero fue citado a reunirse con representantes del Cabildo de la Catedral y propuso el último planteamiento de la Junta: da tres meses para llegar a un acuerdo y crear un órgano de gestión compartida sobre el monumento con representación de las administraciones y el Cabildo.

La Iglesia, por su parte, ha mantenido su postura para no entrar en debate alguno. El propio obispo, Demetrio Fernández, guardaba silencio preguntado al respecto o se limitaba a señalar que la Iglesia cumplía la ley en su acción de inmatriculación del monumento. Y en paralelo, durante este año ha desarrollado una campaña de exaltación del uso religioso del templo en el que ha celebrado los 775 años de la consagración de la Mezquita-Catedral al culto católico.

Así las cosas, recorrido casi un año entero, el debate sigue abierto, las cartas están sobre la mesa, pero los movimientos más allá de los ciudadanos no han cambiado la situación sobre la gestión y la titularidad del principal monumento de Córdoba.

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