Los conflictos en las ITV suman un juicio por presunto acoso laboral al ex director general de la empresa pública andaluza

A la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (Veiasa), encargada de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), no parece llegarle nunca la normalización de su situación. La asunción de competencias por parte de Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta el pasado 5 de febrero, hasta ahora adscritas a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, ha sido el penúltimo de sus sobresaltos. Casi al tiempo, ha venido acompañado de la admisión a trámite de la demanda de su antiguo director general, Luis Ángel Gutiérrez Pando, contra la empresa pública y el presidente del consejo de administración por presunto acoso laboral, incumplimiento de contrato, reducciones salariales arbitrarias y despido en represalia. El juicio ha sido fijado para enero de 2023.

Veiasa sigue acumulando retrasos en las citas a los usuarios para renovar la ITV, que se arrastran desde el otoño de 2019 y que en los últimos meses se derivan también de las restricciones provocadas por la pandemia de Covid-19. A ello se suman protestas sindicales en demanda de más personal para reforzar el servicio, entre otras reivindicaciones. De hecho, UGT desconvocó a finales de enero una convocatoria de huelga. La Junta, en ese sentido, ha incorporado recientemente a 246 trabajadores y se ha comprometido en reducir el tiempo medio de espera, cifrándolo en 25 días. También sobrevuela desde hace tiempo en las ITV una sombra de la privatización que la administración andaluza niega. “No está en agenda”, afirmó recientemente el consejero Rogelio Velasco en el Parlamento andaluz, en cuyas manos ya no está la responsabilidad de las competencias de Veiasa.

A todo eso se añade ahora, como decimos, un proceso judicial. El Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla ha admitido a trámite la demanda de Luis Rodríguez Pando, director general de Veiasa desde diciembre de 2016 hasta enero de 2020. De acuerdo al relato de su demanda, el procedimiento se deriva de los hechos acaecidos a finales de 2019 y que derivaron en el cese de su puesto por parte del Consejo de Administración. Se trata del segundo proceso judicial que presenta Gutiérrez Pando. El primero, también en trámite, abordará cómo se produjo su posterior despido, en agosto del pasado año.

El que fuera director general de Veiasa defiende que, a mediados de diciembre de 2019, solicitó el personal necesario para atender la demanda de inspecciones prevista y reducir los retrasos de citas para usuarios, que ya se estaban dando en determinadas estaciones. Aquel trámite debía ser aprobado por el director general de Industria, Francisco Javier Ramírez, en aquel momento también presidente y consejero delegado de Veiasa, a quien correspondía autorizarlo y tramitarlo a los responsables de función pública de la Junta. La cuestión se demoró casi un mes hasta después de las vacaciones de Navidad, se explica en la demanda. Rodríguez Pando fue cesado el 23 de enero del año pasado, justo antes de que se tramitara definitivamente la petición de más personal. Apenas unas semanas después, en febrero de 2020, fue despedido el director de Recursos Humanos por no haber contratado al personal necesario, sin atender a que se trataba de una cuestión que requería de la preceptiva autorización, según relata el demandante.

Despedido definitivamente en agosto

Gutiérrez Pando, tras su cese, fue trasladado a un despacho de otro edificio diferente al que estaba, “sin función, responsabilidad directiva ni cometido alguno” a pesar de que “debía ser reintegrado inmediatamente” a su anterior puesto de director de Operaciones, según el escrito admitido por el juzgado. De acuerdo a su demanda, se le secuestró su ordenador y se le bloqueó su cuenta de correo electrónico durante mes y medio sin su autorización. Igualmente, vio reducida su nómina mediante “arbitrarias disminuciones de salario”, insiste. Tras unos seis meses confinado en un despacho, en el “puro ostracismo”, denunció su situación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta de Andalucía, reclamando la restitución a su anterior puesto, tal y como disponía su contrato, y la disminución salarial que se le había practicado, denunciando al tiempo haber padecido acoso laboral por retirada de funciones durante esos meses, ya en plena pandemia.

La reacción de la empresa, dos semanas después de aquel escrito de denuncia de su situación, en agosto, fue su “despido fulminante, sin apertura de expediente disciplinario, sin informar a la representación legal de los trabajadores y sin concretar actuaciones, fechas, datos o situaciones para proceder a poner fin a una relación laboral de treinta años al servicio de Veiasa”. Añade el demandante que la actuación judicial de la empresa la realizó “un bufete de abogados contratado, al parecer, directamente por la Consejería de Hacienda, dado que no consta adjudicación alguna en las plataformas de contratación ni de la empresa pública ni de la Consejería”.

Este periódico ha tratado de conocer el posicionamiento de la Junta de Andalucía en relación a este asunto, en concreto a través de la Consejería de Hacienda, pero no han querido comentar nada respecto a los hechos denunciados y que se enjuiciarán dentro de dos años.