La reforma energética amenaza las energías renovables en Andalucía
El proyecto de ley del sector eléctrico aprobado el pasado 20 de septiembre tiene en jaque al sector de las energías limpias, a media España y también a Europa. Los peajes al autoconsumo, la moratoria a las renovables y las constantes subidas en la tarifa de la luz se ven, desde Andalucía, con bastante preocupación. Una preocupación principalmente socioeconómica, a presente y a futuro, por la especial incidencia de las renovables en la comunidad autónoma: suponen actualmente el 38% de la potencia eléctrica total en Andalucía. La reforma impulsada por el ministro Soria pone en peligro 8.231 instalaciones y más de 16.000 millones por la “incertidumbre” entre los inversores. La Administración Pública calcula que en 2012 existían 44.980 empleos asociados al sector renovable en Andalucía.
Los cambios impulsados por el Ministerio de Industria en materia energética se centran en evitar la generación del déficit de tarifa (los ingresos por la tarifa de la luz son insuficientes para cubrir los costes del sistema eléctrico), que tiene acumulada una deuda de más de 26.000 millones y que está suponiendo un incremento del recibo de la luz entre los consumidores. El Gobierno, para tal fin, ha adoptado una serie de medidas regulatorias para “redistribuir” el coste. ¿Cómo? Con siete Reales Decretos y cinco órdenes ministeriales, actualmente en tramitación. “Todo para reducir el déficit pero a costa de cargarse las renovables”, lamenta el director general de la Agencia Andaluza de la Energía, Rafael Márquez. A su juicio, el Gobierno tiene una visión “cortoplacista” y está poniendo “parches” con una “dispersión normativa” en lugar de “ir más allá” y apostar por “una reforma global” del sistema eléctrico, que se rige por una ley de 1997.
¿Qué capacidad tiene Andalucía para contrarrestar las decisiones del Ejecutivo central? El planteamiento para abordar la integridad del sistema electrico centraba la 'Propuesta andaluza para un reforma energética', enviada al Ministerio de Industria el 13 de junio de 2013, justo un mes antes de que el Ejecutivo aprobara un importante paquete de medidas en el sector eléctrico. La propuesta aún espera respuesta. “No hablan con nadie”, sentencia el director general andaluz, pero “nuestra apuesta por las renovables es irrenunciable”. Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 reservan un 27% más de gasto que este año a financiar costes del sistema eléctrico. “Un elemento parcial no puede empañar una apuesta de futuro para Europa y España”, denuncia Márquez.
“Inseguridad jurídica”
La “inseguridad jurídica” a la que se refiere la Junta y la visión transfronteriza también es motivo de preocupación entre las empresas del sector de las renovables. David Piñero, de Giesa Agroenergía, apunta que “actualmente, ningún inversor nacional o internacional arriesgaría ni un euro en un proyecto de energías renovables para la generación eléctrica en España”. “Cuando miramos hacia otros países y vemos actuaciones de nacionalizaciones o quiebra de la seguridad jurídica en los que se ven perjudicados los intereses españoles nos llevamos las manos a la cabeza. Sin embargo, en España, en el sector de las renovables, donde vinieron inversores de todo el mundo bajo la seguridad de un marco regulatorio asegurado por el Gobierno, estamos haciendo lo mismo”.
Piñero ejemplifica de manera gráfica: “Esto supone que, si a cualquier empresa del sector energético le hablas de España, lo mas seguro es que automáticamente te corte y te diga que 'mejor lo dejamos'. Esto tiene un coste de futuro. Recuperar la credibilidad en un país es un trabajo largo. El día que desde el Gobierno decidan dejar de cambiar las reglas del juego, todavía quedará un largo camino por delante para conseguir convencer a cualquier empresa o fondo de inversión, nacional o internacional, a participar en proyectos renovables”.
La moratoria
El Real Decreto Ley 1/2012 suprimió las primas para las nuevas instalaciones de energía renovable por el incremento del sobrecoste. Fue “el punto de inflexión” en el ámbito energético y “un cambio unilateral de las reglas del juego en mitad del partido por parte del Gobierno”, según recuerda Rafael Márquez. El levantamiento de la moratoria que se prevé en las islas, Ceuta y Melilla debería ser una buena noticia. Por sus características, el coste de generación de la energía eléctrica en los territorios insulares y extrapeninsulares españoles es más caro que en el sistema peninsular. Se preguntan desde la Junta que, si el Gobierno reconoce, por tanto, que es más barato generar con renovables que con convencionales, ¿por qué no se aplica el mismo argumento en la península? La respuesta podría estar en el mismo punto de partida: el sistema de fijación del precio de la electricidad.
“El Gobierno se empeña en no cambiar un sistema caduco, desfasado y que está viciado desde sus orígenes y no reconoce todas las virtudes de la generación con renovables”, opina el Gobierno andaluz. “No querer analizar si la generación con renovables es más eficiente que la generación convencional en otras partes del territorio nacional con importantes recursos (caso de Andalucía, por ejemplo, con la energía solar), es un error o una acción intencionada con respecto a una determinada parte de España”, en referencia al origen canario del ministro Soria, sugieren desde la Junta.
Desde el sector de la renovables entienden que “con los sucesivos cambios legislativos que se vienen introduciendo desde el último año de Miguel Sebastián como ministro y, sobre todo, estos dos años de Soria, lo que han conseguido es quebrar la seguridad jurídica y ponerlo todo patas arriba”, ya que “cambian las condiciones establecidas para contratos que ya estaban en marcha, con empresas que ya invirtieron en renovables”. David Piñero, a vueltas con el déficit de tarifa generado anualmente, señala que no ha descendido absolutamente nada (este año se espera entre 3.000 y 4.000 millones de euros) y los españoles seguimos pagando la electricidad más cara de Europa y con una deuda cada vez mayor“.
Informes desfavorables de la Comisión Europea
Andalucía “va a mantener la apuesta por las renovables, es algo irrenunciable”, insiste Márquez. Pero el ámbito normativo es limitado, reconoce. Queda, como viene siendo habitual últimamente, el recurso a la Justicia. El Tribunal Constitucional tiene admitido a trámite desde mayo el promovido por la Junta contra tres normas del Gobierno central por considerarlas un “ataque” al sector de las renovables. ¿Recurrirá también Andalucía las nuevas reformas? Eso es algo aún por decidir, ya que la posición actual es la de “agotar las vías de diálogo”. “No se puede hacer una reforma de tal calado de forma unilateral y de espaldas al sector”, lamenta el director de Energía en Andalucía.
Pero las críticas a la reforma no sólo provienen de una comunidad gobernada por un partido de la oposición y de las patronales renovables. Con la amenaza de ir al Tribunal de Luxemburgo, la Comisión Europea ha instado recientemente a España, y también a Italia, a aplicar la normativa europea que fija determinadas cuotas de consumo energético procedentes de fuentes renovables. Por su parte, la Comisión Nacional de Energía (CNE), desde octubre encuadrada dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), se mostró a través de un informe rotundamente en contra de cobrar un recargo a los propietarios de instalaciones de autoconsumo por considerar que esto desincentivaría la eficiencia energética.
El peaje de respaldo
“El caso es asegurarse que todos pagamos” y “penalizar el autoconsumo”. “¿Pero por qué la solución es que paguemos siempre los mismos?”, se preguntan otras fuentes del sector de las renovables, que llevaba largo tiempo esperando una regulación específica para el autoconsumo eléctrico. El resultado: “un sinsentido total”. “Todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida” cuando sus instalaciones estén conectadas a la red, según detalla el nuevo texto del Gobierno respecto al autoconsumo.
“A partir de ahora vamos a pagar por la electricidad que se genera y se autoconsume”, lamentan desde el sector a cuenta del denominado 'peaje de respaldo'. Según el Gobierno andaluz, la reforma “encarece el autoconsumo y veta la opción de verter la energía a la red y recuperarla después”. La normativa que aumenta la parte fija de la factura eléctrica (en torno al 150%), en función de la potencia instalada, y baja la variable (en torno al 20%), en función del consumo, ya se está aplicando a través de una Orden ministerial. Argumentan desde la Junta que la reforma “desincentiva el ahorro y la eficiencia energética, echando por tierra todas las políticas en esa línea que se han llevado a cabo estos últimos años”.
El peaje viene a imponer un gravamen con una media del 25% del kilovatio hora. Es decir, en una red interior de energía eléctrica (propiedad del consumidor), el hecho de que se grave el autoconsumo de una generación propia “es una clara aberración, pues no se está usando la red general”. El hecho es que “estos gravámenes dejan sin rentabilidad las instalaciones de autoconsumo”. Hasta ahora, el gasto se podía repartir en un 30% de parte fija y un 70% de parte variable, recuerdan desde la Junta, “y ahora vamos hacia el 50%-50%, por lo que cualquier iniciativa de generar tu propia potencia se desincentiva”.
El objetivo del 20-20-20
A Andalucía, en este contexto, no le queda lejos el paquete 20-20-20 para 2020, la hoja de ruta marcada por la Unión Europea en el ámbito de las renovables (una reducción del 20% de los gases de efecto invernadero, un aumento de la cuota de renovables hasta el 20% y una mejora de la eficiencia energética del 20%). Las renovables suponen ya el 18,9% del consumo de energía primaria de Andalucía, que supone que más de un tercio de toda la potencia eléctrica instalada proviene de energías renovables (en seis años se ha incrementado un 329%). Asimisimo, desde el año 2000, las fuentes limpias han contribuido a reducir en un 42% las emisiones de CO2 por unidad de electricidad producida.
La Junta considera que las medidas que adopta el Ejecutivo central no contribuyen a recuperar el impulso energético perdido por España, ni a avanzar hacia un modelo energético saneado, que atraiga la inversión y que permita a nuestro país salir de la crisis económica. Para la Junta, las medidas aprobadas son una continuación de medidas aisladas, de carácter claramente recaudatorio que no atajan el problema del sistema energético en su conjunto, sino que se centran, fundamentalmente, en el déficit tarifario.
Según Piñero, el desarrollo de la ley del sector eléctrico no se dirige a establecer unas reglas de mercado competitivo donde generación, distribución y comercialización estuvieran separadas. “La realidad es que estamos en un sistema de oligopolio donde generación, distribución y comercialización están en manos de cinco empresas”, concluye.
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