El alcalde revela los antecedentes del perito informático al que contrató Mijas Comunicación
El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos), insiste en que el perito informático contratado por Mijas Comunicación para determinar si se había producido un borrado masivo de información y si había programas espía en los ordenadores y teléfonos de los trabajadores ha fabricado un engaño. “Una auténtica película, auspiciada por un profesional de las artes escénicas”, según ha calificado Maldonado a César Gil Mauriz. El perito reveló a los miembros del Consejo de Administración de Mijas Comunicación que los ordenadores estaban infectados por software espía y que había encontrado carpetas con información delicada de algunos concejales.
Maldonado denunció al perito ante la Guardia Civil por estafa, lo que ha provocado la apertura de una investigación por el Juzgado de Instrucción 2 de Fuengirola. La Guardia Civil ya ha citado al perito como investigado y a la directora de Mijas Comunicación como testigo. Además, ha practicado las primeras diligencias de investigación, que el alcalde ha revelado: a la Guardia Civil le consta que Gil Mauriz fue detenido por la Policía en noviembre de 2018 como posible autor de un delito de fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas informáticos destinados a cometer estafa, según la documentación que ha mostrado el alcalde. También fue investigado por otra supuesta estafa cometida mediante la venta de un coche por Internet. Al regidor no le consta si las pesquisas policiales dieron lugar a algún procedimiento judicial.
“Tengo fundadas sospechas de que lo que ha acontecido es un presunto fraude”, ha insistido el alcalde, que ha añadido que “se ha puesto al lobo a cuidar de las gallinas”. “Este señor ha tenido acceso a los equipos de un ente municipal que gestiona un presupuesto de dos millones y medio de euros”, ha añadido el alcalde: “¿Quién no nos asegura que este señor no ha manipulado los equipos de Mijas Comunicación?”.
El origen del caso
Ante las sospechas de sus trabajadores de estar siendo escuchados, el propio Consejo de Administración de Mijas Comunicación solicitó los servicios de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos para realizar una auditoría informática, que además determinara si se había borrado información coincidiendo con el cese del anterior director.
Tras unos días de trabajo, el perito informático reveló verbalmente a los consejeros de Mijas Comunicación que había podido comprobar que entre la documentación supuestamente borrada había carpetas clasificadas con conversaciones de todos los concejales, menos de una edil de Ciudadanos, tal y como adelantó eldiario.es/Andalucía. Según el alcalde, fue aquí cuando empezó a sospechar: “Esa exposición, la puesta en escena, la indumentaria, con los muebles precintados... Algo no cuadraba”. Una semana después de esa reunión, el alcalde anunció que había denunciado ante la Guardia Civil a Gil Mauriz.
Por su parte, el perito entregó su informe este lunes. El documento está firmado por él mismo y por otra persona referida como perito, Alejandro Cortés. En él se consigna por escrito que hay software espía y de control remoto en los ordenadores de Mijas Comunicación, pero nada se dice del contenido de la información borrada y recuperada, donde supuestamente estarían las conversaciones de trabajadores y concejales.
PP, PSOE y Costa del Sol Sí Puede han llevado ante la Fiscalía el contenido del informe y han insistido durante toda la semana pasada en calificar el caso como una presunta “trama de espionaje”.
La ampliación del informe pericial, en el aire
El perito niega las acusaciones de Maldonado, contra el que anuncia una querella. “No he sido juzgado por estafa, ni detenido en ningún momento. Nunca, jamás, ni en 2011 o en 2018, yo no tengo conocimiento de que haya sido sometido a ninguna investigación”, asegura Gil Mauriz a eldiario.es/Andalucía.
El auditor dice ser poseedor de un Master en Informática Forense y Peritaciones Judiciales, un curso propio de la UDIMA y la propia Asociación de Peritos a la que pertenece. Sobre los requisitos para acceder a ese curso, señala que no hace falta titulación universitaria y que es suficiente con acreditar experiencia laboral en asuntos relacionados con la informática.
También admite que la placa que le distingue como perito judicial informático es una acreditación de la propia asociación, una entidad que proporciona cobertura a sus asociados. Eso sí, insiste en que nunca se presentó en la sede de Mijas Comunicación como perito designado por el juzgado, sino como auditor contratado por el propio Consejo de Administración.
“Yo soy perito auditor informático, y después Su Señoría [si hay un procedimiento] me pide las explicaciones pertinentes” sobre el informe que haya elaborado, señala Gil Mauriz, que aporta una citación reciente como perito “al objeto de ratificar su dictamen pericial”, por parte del juzgado de primera instancia 8 de Valencia.
Gil Mauriz resalta que él nunca habló a los consejeros de “pinchazos telefónicos” y que no es responsable del tratamiento periodístico o de la posible utilización política del caso. Respecto a por qué no se mencionan en el informe escrito las supuestas conversaciones y mensajes de trabajadores y concejales que, según dijo el perito a los consejeros, estaban entre los 831 gigabytes borrados y recuperados, Gil Mauriz insiste en que su análisis no formaba parte del contrato de auditoría. “Mi informe es preliminar”, dice.
El consejo de administración de Mijas Comunicación aprobó la semana pasada ampliar el objeto de la auditoría, con el voto en contra de Ciudadanos, que por su parte propuso paralizar la investigación. El alcalde no rubricó el acuerdo de ampliación por las sospechas que le genera el perito. Nadie puede acreditar aún qué hay, si es que hay algo relevante, en los 831 gigabytes recuperados en Mijas Comunicación.
