El Ayuntamiento de Mijas evitó reclamar el supuesto perjuicio económico por el que canceló el Cala Mijas Fest

El Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación por las presuntas irregularidades contables en el patrocinio de la primera edición del Cala Mijas Fest (2022) por el Ayuntamiento de Mijas. Antes de hacerlo preguntó a las partes personadas qué debía hacer. El fiscal pidió archivar y el Consistorio, ahora gobernado por el PP (que siempre dijo que cancelaba el festival por sus sospechas con las cuentas), no contestó. Los socialistas interpretan la resolución como un respaldo a su tesis de que fue cancelado por el capricho político de la alcaldesa, Ana Mata, nada más llegar a la alcaldía.

En octubre de 2023 una moción de censura promovida por el PP, sostenido por Vox y un no adscrito, arrebató al PSOE la única alcaldía relevante que los socialistas mantenían en la Costa del Sol tras la debacle de las elecciones de mayo. Mata se hizo con el bastón de mando de Mijas (93.302 habitantes) desalojando a Josele González, que gobernaba con apoyo de Ciudadanos desde 2019 y había revalidado la coalición apenas cinco meses antes.

La regidora anunció un tiempo nuevo, pero ninguna de las medidas que adoptó en sus primeras semanas tuvo tanto eco como suprimir un festival de música: Cala Mijas Fest, que se había consolidado en su segunda edición con 110.000 asistentes, bandas como The Strokes o Arcade Fire y una marca aupada por una mezcla de público foráneo y nacional, fue borrado de un plumazo. Se retiró después de que el nuevo gobierno municipal le empujara a hacerlo. Al año siguiente se celebró en Madrid con otro nombre (Kalorama). La promotora Last Tour y el consistorio mijeño se enzarzaron en un pleito que aún se dirime.

Hay mucho dinero en juego, pero también imagen política. El festival, cuyo patrocinio estaba comprometido por el Ayuntamiento por cinco años (hasta 2026) por un total de 6,6 millones de euros, estaba profundamente asociado a los socialistas: fue una promesa electoral de González en 2019 y quedó marcado definitivamente aquel mismo mes de agosto, cuando Pedro Sánchez se pasó para ver a The Strokes y se dejó fotografiar entre bambalinas.

Desde entonces, el PP y sus socios le pusieron la cruz y usaron el evento para martillear a González en un momento de máxima agitación política por la aprobación de la Ley de Amnistía. En el Pleno de investidura, la alcaldesa entrante tiró del hilo afeando a Josele González que usara el Ayuntamiento como “escudo de las decisiones de Sánchez”. Mata reprochó al alcalde saliente que “Mijas sea una nota en la agenda del presidente del Gobierno cuando hay un festival de música”.

Una justificación económica: los reparos del interventor

Mata y su equipo denunciaron que las cuentas del patrocinio no estaban claras, y esgrimían los reparos del interventor municipal sobre la edición de 2022, lo que abocaba al Ayuntamiento a una doble disputa: con la promotora Last Tour y con el anterior equipo de gobierno, por su posible responsabilidad contable.

Ahora, casi dos años después, el Tribunal de Cuentas acaba de emitir un auto, al que este medio ha tenido acceso, que descarta que el Ayuntamiento de Mijas sufriera un perjuicio económico (lo que en términos contables se conoce como “alcance”) al patrocinar el festival, y archiva el procedimiento iniciado por los reparos del interventor.

Más allá de la conclusión, hay otro detalle relevante. El Ayuntamiento de Mijas no pidió el reintegro por los presuntos perjuicios económicos y ni siquiera contestó al Tribunal de Cuentas, en contradicción con su beligerante postura pública sobre este asunto. A la hora de reclamar, dejó sólo al interventor con su informe.

Los socialistas interpretan que esto prueba que la tesis del perjuicio económico era una excusa. Desde el consistorio subrayan que aún hay actuaciones cuestionadas por dirimir, tal y como recuerda el propio Tribunal de Cuentas, y apuntan a tres procedimientos por las liquidaciones giradas por el ayuntamiento a la empresa por el uso de los terrenos.

Málaga, escenario de una batalla entre promotoras con dinero público

Cala Mijas Fest nació en el verano de 2022, trasladando a los escenarios de la Costa del Sol una larga batalla empresarial en la que se mezclaban también rencillas personales e intereses políticos. Cala Mijas lo promovía Last Tour (BBK Live, Azkena Rock); tras el Andalucía Big Festival de Málaga, contraprogramado al poco de anunciarse el Cala Mijas, estaba Mad Cool, fundada por un antiguo socio de Last Tour. Durante años, y cada verano, las dos promotoras programaron festivales en las mismas localizaciones. En 2022 esa batalla se trasladó a Málaga.

Así fue como aquel verano de 2022 pasaron por la Costa del Sol Franz Ferdinand, C. Tangana, Muse, Suede, Los Planetas, Jamiroquai (Andalucía Big Festival), Nick Cave & The Bad Seeds, The Chemical Brothers, Kraftwerk, Arctic Monkeys o Hot Chip (Cala Mijas Fest). Aquel fue un verano irrepetible para los aficionados a la música: una concentración de bandas nunca vista, que no se ha vuelto a ver, y que sólo fue posible por la inyección millonaria de dinero público de administraciones públicas gobernadas por socialistas y populares. La factura de aquella fiesta aún no se ha liquidado.

Ambas iniciativas se sostenían sobre dinero público: Cala Mijas contaba con 6.686.013,81 euros para organizar durante cinco años un festival con “identidad propia” y alcance “nacional e internacional” que promocionara la marca “Mijas”. Obtuvo el contrato tras un concurso público al que se presentó una segunda candidatura que no podía competir con su bagaje. Por su parte, Andalucía Big Festival logró para su primera (y única) edición más de 4,2 millones de euros de fondos europeos, asignados a dedo por la consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, por entonces en manos de Ciudadanos.

Tres años después, tanto el Ayuntamiento de Mijas como la Junta de Andalucía mantienen abiertos sendos pleitos contra Last Tour y Mad Cool en los que promotoras y administraciones se reclaman dinero de ambos eventos.

En Mijas, están en el aire 1,2 millones de euros de la edición de 2023 que el Consistorio dejó sin pagar tras los reparos del interventor. Poco después de llegar, el nuevo equipo de gobierno llegó a presupuestar diez millones de euros de ingresos por el festival, contando 3,3 millones anuales aplicados retroactivamente por el uso de la parcela, cuando esto suele pactarse a tanto alzado. La exigencia se interpretó como un chantaje: en la práctica, convertía al festival en inviable y la promotora decidió marcharse.

También la Junta de Andalucía está pleiteando contra Mad Cool: cree que el patrocinio no tuvo el retorno que se le prometió y pretende una rebaja de la cuantía inicial argumentando, entre otras cosas, que Rage Against the Machine se cayó del cartel.

Irregularidades administrativas sin “daño efectivo”

Ahora, la resolución del Tribunal de Cuentas para el caso de Mijas establece que las actuaciones que se cuestionaban han sido amparadas en “acuerdos administrativos válidos, no impugnados, que gozan de la presunción de legalidad, o se encuentran aún en fase de resolución administrativa o recaudatoria”.

El interventor señalaba gastos de transporte y otros abonados por el Consistorio, así como deficiencias en la justificación de los ingresos y los abonos del Ayuntamiento. Josele González, exalcalde de Mijas, aduce que el consistorio únicamente sufragó lanzaderas en el interior del municipio, como en multitud de eventos, y que la adecuación y puesta a disposición de la parcela, una antigua escombrera, estaba prevista en el contrato.

El instructor del expediente en el Tribunal de Cuentas sí observó “diversas irregularidades administrativas y presupuestarias” en el patrocinio, pero sin constatar “daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado” para las arcas municipales. La resolución subraya que no hay responsabilidad contable “cuando se acredite que los fondos públicos han sido empleados adecuadamente” y que son irrelevantes las “meras irregularidades formales”, dejando la puerta abierta a que sí tengan otras consecuencias administrativas o judiciales.

Tanto el equipo de gobierno como el PSOE han interpretado públicamente este archivo como un refuerzo de sus posiciones. “Nos da la razón tanto a lo que denunciamos estando en la oposición, cuando sosteníamos que había habido irregularidades”, ha señalado Mario Bravo, portavoz del equipo de gobierno. Sin embargo, en la parte dispositiva no se dice nada de esas presuntas irregularidades que sí apreció el instructor.

Por su parte, el PSOE también se ve ganador. Cree que el Tribunal de Cuentas ha dejado a Mata sin argumentos para la cancelación y acusa al equipo de gobierno de manipular la resolución. “Lo único cierto es que Mijas se ha quedado sin el mayor evento cultural de su historia por una decisión tomada de forma unilateral por Ana Mata”, valora Roy Pérez, portavoz municipal de los socialistas.