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Opinión - El Tribunal Constitucional y los ERE. Por Javier Pérez Royo

Sánchez Gordillo intenta forzar que el Parlamento de Andalucía lo expulse

IULV-CA asegura que Sánchez Gordillo tendrá que elegir entre ser diputado o alcalde

Olga Granado

Todos los diputados que se han visto afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la reforma legal de la Junta de Andalucía que hace incompatible el cargo de parlamentario con el de alcalde han tomado una decisión ya, menos uno: Juan Manuel Sánchez Gordillo. De hecho, los cinco diputados del PP-A que han elegido la alcaldía -todos los afectados menos Esperanza Oña que seguirá de parlamentaria- han presentado entre este miércoles y jueves su renuncia en el Parlamento de Andalucía, pero el parlamentario de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla) no ha comunicado si optará por el escaño o por el bastón de mando en su pueblo.

Es más, en principio no lo va a hacer, lo que obligará a que sea el Parlamento de Andalucía el que tenga que tomar la decisión por él y expulsarlo en aplicación de la sentencia que hace incompatible los dos cargos.

Juan Manuel Sánchez Gordillo, que en estos momentos continúa recuperándose de sus problemas de salud, prefiere mantener la incertidumbre sobre lo que hará -“tengo que decidirlo todavía”- pero en su entorno están convencidos de que tensará la situación como otras veces ha hecho este político en muchas ocasiones marcado

por la polémica, y no acatará la sentencia como el resto, sino que quiere hacer evidente que lo han “echado”.

De donde sí está cada vez más seguro que se irá es de IU. Como líder de la CUT (Candidatura de Unidad de los Trabajadores) plantea la salida de estas siglas de la coalición de izquierdas para pasarse a Podemos. En este sentido, insiste en que el pacto del Gobierno de Andalucía entre el PSOE-A e IU “sólo ha significado más recortes y no ha beneficiado a la ciudadanía, sino todo lo contrario”, para justificar los planes de divorcio.

El que es el único alcalde en Andalucía que ha gobernado ininterrumpidamente desde la llegada de la nueva democracia (1979) no está dispuesto a dejar la alcaldía de su pueblo, pese a que todavía no ha confirmado si optará a la reelección, pero tampoco quiere salir como si nada del Parlamento de Andalucía. Menos después de que en algunas voces de IU acogieran con cierto alivio la sentencia del TC que les liberaba de un parlamentario que no puede calificarse de cómodo ni disciplinado. “Cuando el plazo concluya tomaré una decisión”, ha dicho en relación a la presentación de la renuncia en el Parlamento de Andalucía. El plazo termina el 25 de noviembre si se cuentan los 28 días que ha dado la Cámara desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la sentencia.

Eso ocurría este martes, por lo que en principio tiene hasta el 25 de noviembre para cumplir la sentencia. Precisamente, la próxima semana está previsto que se reúna la comisión parlamentaria del Estatuto del Diputado, que estudiará la situación, si bien todavía no ha sido convocada.

Antonio Maíllo confía en que habrá coherencia

En este contexto, IU intenta que tome una decisión cuanto antes. “Evidentemente tendrá que posicionarse y optar por un cargo, no le queda otra”, ha dicho este jueves el coordinador regional, Antonio Maíllo. Sin querer entrar en el fondo de la cuestión, se ha limitado a subrayar que el líder de la CUT se encuentra en un “periodo de reflexión” y confía en que en breve tenga las conclusiones “pertinentes”.

Cabe recordar que el TC ha avalado la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, aprobada en noviembre de 2011 y que establece la incompatibilidad entre el cargo parlamentario y el de alcalde y presidente de diputación y de mancomunidad, desestimando el recurso que interpuso el Gobierno de la Nación. “No es posible apreciar arbitrariedad alguna” en la reforma del sistema de incompatibilidades, determina el TC, que rechaza que se prive a las personas que ostentan estos cargos del derecho de sufragio pasivo, pues no se les impide presentarse, sino únicamente, una vez elegidos, “adquirir la condición de parlamentario”.

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