FISCALIDAD

Moreno se desmarca por primera vez del pacto sobre “armonía fiscal” que firmó con PSOE, Podemos e IU en el Parlamento

El Parlamento de Andalucía aprobó este viernes, con los votos del PP y la abstención de Vox, una proposición no de ley en defensa del modelo territorial español, de la autonomía financiera de las comunidades y de su libertad para decidir sobre ingresos y gastos en el marco de sus competencias. Todos los grupos -excepto la ultraderecha- parecen suscribir estos principios básicos del autonomismo, sin embargo, la iniciativa partió la Cámara en dos bloques: las derechas a favor, las izquierdas en contra.

Una proposición no de ley no deja de ser más que un posicionamiento político respecto algún asunto polémico. En este caso se formulaba a modo de tirón de orejas al Gobierno central y su reciente reforma fiscal.

En realidad el marco de debate tenía más aristas de las que aparentaba. El PP, autor de la iniciativa, buscaba atrapar al PSOE en sus propias contradicciones, obligándole a elegir entre su vocación andalucista y la lealtad al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero terminó tropezando en su propia red cuando el grupo Por Andalucía, a través de enmiendas, también obligó a los populares a elegir entre la “armonización fiscal” que defendieron cuando eran oposición -recogida en una propuesta de reforma del modelo de financiación avalada por el Parlamento en 2018- y el dumping fiscal entre comunidades promocionado por el presidente Juan Manuel Moreno desde su propia “rebaja masiva de impuestos”.

Los populares habían traído al Parlamento una iniciativa que camuflaba tras el discurso de la autonomía financiera una reivindicación indisimulada de aquella polémica reforma fiscal. En las últimas tres semanas, la bajada generalizada de impuestos autonómicos y la supresión del gravamen sobre el Patrimonio, que beneficia a las 20.000 familias más ricas de Andalucía, ha sido el epicentro de un pulso político entre el Ejecutivo de Sánchez y las comunidades gobernadas por el PP, lideradas por Andalucía.

La reforma fiscal de Moreno fue replicada por otros barones territoriales, del PP y del PSOE, y motivó un cambio normativo por parte del Ministerio de Hacienda que anula, en la práctica, la eliminación del impuesto de Patrimonio.

La proposición no de ley del PP consta de dos únicos puntos en los que se insta al Gobierno de España a respetar “el principio constitucional de autonomía financiera” de las comunidades y la soberanía fiscal de Andalucía sobre sus impuestos cedidos, en particular el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, dos gravámenes que repercuten sobre todo en las rentas altas y que el Ejecutivo de Moreno ha eliminado de facto, con una bonificación al 99%.

Para los grupos de izquierdas era difícil no suscribir la literalidad de ambos puntos, sin embargo, los populares habían trufado la exposición de motivos previa de duros ataques a Sánchez, acusándole de “ataque frontal a las competencias y la autonomía fiscal de las comunidades”, y de buscar una “artimaña” para subir la presión fiscal en las regiones gobernadas por el PP. “Es verdaderamente llamativo que quienes más se precian en defender una España federal y plurinacional sean los que al mismo tiempo se niegan a respetar la autonomía política de aquellas que quieren bajarle los impuestos a sus ciudadanos”, reza el texto.

Contradicciones cruzadas

Los socialistas no se prepararon bien para esquivar la “trampa”, y acudieron al debate sin enmiendas al texto, sin una propuesta alternativa que salvase los principios comunes en defensa de la autonomía fiscal, y barriese todo el argumentario crítico con el Ejecutivo de Sánchez y su modelo tributario.

Quien sí aprovechó ese hueco fue Por Andalucía. La coalición de izquierdas, con sólo cinco diputados y a pesar de su discordia interna, supo contraatacar la propuesta del PP con cinco enmiendas al texto que venían a subrayar las contradicciones de los de Moreno en materia fiscal. La misma estrategia, pero en sentido inverso.

La diputada y presidenta del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, presentó una nueva redacción que mantenía la parte mollar de la proposición del PP -en defensa de la autonomía fiscal-, pero añadía extractos literales del dictamen de la comisión de Hacienda sobre financiación autonómica, aprobado en la última legislatura del Gobierno socialista [marzo de 2018] con el apoyo de la bancada de Moreno, entonces en la oposición.

Ese documento, diseñado por la ex consejera de Hacienda y hoy ministra del ramo, María Jesús Montero, recogió la primera propuesta de una comunidad autónoma para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica, caduco desde 2014. La fórmula elegida se sustentaba sobre tres principios básicos: “suficiencia financiera, equidad y lealtad institucional”, esto es, un modelo tributario que blindase “la igualdad de oportunidades de todos los españoles”; y una “armonización fiscal” que elimine los “agravios comparativos entre comunidades y las estrategias de dumping fiscal”. Es decir, una enmienda a la totalidad al discurso de Moreno de las últimas tres semanas.

El dirigente popular suscribió aquel dictamen en 2018, cuando era líder de la oposición, y desde entonces ha hecho valer su respaldo a una propuesta de financiación diseñada y pactada previamente por PSOE, Podemos e IU, que interpelaba directamente al Gobierno de Mariano Rajoy. Cuando giraron las tornas -Sánchez se instaló en Moncloa y Moreno llegó al Palacio de San Telmo-, aquel dictamen se convirtió en el gran aval político del presidente andaluz.

Le servía para ejemplificar su espíritu de diálogo, pero también para reivindicar ante la ministra Montero la misma financiación que él y ella habían defendido años atrás, una como consejera, otro como líder de la oposición: unos 16.000 millones de euros extra al fondo común, 4.000 de ellos para Andalucía. Obviamente, esta fórmula no cuenta con el beneplácito de las comunidades gobernadas por el PP ni del PSOE ni del actual líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

Aunque este viernes el PP andaluz ha sacado adelante su proposición no de ley, gracias a la mayoría absoluta que ostenta en el Parlamento, el debate ha dejado de manifiesto las contradicciones entre el discurso actual de Moreno -un llamamiento a la competitividad entre comunidades por bajar impuestos para captar a las rentas más altas- y la defensa de un modelo de “armonización fiscal” explícitamente contrario a ese dumping fiscal.

El diputado popular Pablo Venzal, que presidió la comisión de Hacienda que aprobaría aquel dictamen sobre financiación autonómica, se ha encargado ahora de desechar las enmiendas de Por Andalucía que recogían partes literales de aquel documento. “No voy a aceptarles sus enmiendas, aunque en su literalidad alguna podría ser admisible, porque no podemos distraer a la opinión pública de lo que aquí se vota”, ha anunciado minutos antes de la votación.

El presidente y el Gobierno, ausentes

El PSOE de Juan Espadas ha elegido para este debate a un veterano diputado, el onubense Mario Jiménez, ex portavoz del grupo, que ha acusado al PP de seguir “la estrategia de Mortadelo”. “Se disfrazan de todo lo que les venga bien, aunque están en primero de andalucismo”, han inquirido a la bancada popular, revuelta en sus asientos cada vez que Jiménez sube a la tribuna. El socialista ha acusado a la derecha andaluza de promocionar “un proceso de desfiscalización sistemática” y ha afeado a Moreno que haya “fardado de haber apoyado” el dictamen sobre financiación autonómica que sólo reivindica “parcialmente”.

Venzal desarrolló la idea de que Pedro Sánchez ha lanzado una contrarreforma fiscal para neutralizar la autonomía financiera de Andalucía, dejando entrever que la Junta acudirá al Tribunal Constitucional para tumbar la ley estatal en cuanto entre en vigor -previsiblemente en los Presupuestos Generales para 2023-. “Aquí se está conculcando el Estatuto, la Constitución, el modelo de financiación y las sentencias del Constitucional”, ha sentenciado. 

Nieto ha defendido sus enmiendas sacadas del dictamen -dos de modificación y tres de adición- y ha preguntado al presidente andaluz “si va a reafirmar el compromiso de su voto” entonces o a cambiarlo. “Ahora sabremos el valor de la palabra de Moreno”. Teresa Rodríguez, del grupo mixto Adelante Andalucía, ha admitido que “la literalidad del texto del PP sería aceptable por cualquiera”, pero advirtió de su voto en contra porque “apelar a la soberanía fiscal para desmantelarla es una falacia”. “Es como apelar a la libertad para renunciar a ella”, dijo. La diputada de Vox, Cristina Jiménez, se ha desmarcado del debate con un discurso contrario a la organización territorial de España y del Estado de las Autonomías.

Tanto el presidente Moreno como el resto de miembros de su Gobierno han estado ausentes de la Cámara durante gran parte del debate.