Andalucía cederá suelo a las cooperativas de viviendas en su nuevo Plan
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha presentado en el Consejo de Participación el borrador del decreto para el próximo Plan de Vivienda y Rehabilitación, que en un contexto de 700.000 viviendas vacías en la región, prima el alquiler sobre la compra, la cultura de la rehabilitación y autorreparación sobre la obra nueva y el cooperativismo sobre la promoción por terceros. Supone, en palabras de la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, un “cambio radical” respecto a las políticas que en la materia se habían venido desarrollando hasta el momento, porque se ha visto su fracaso y porque los tiempos son también otros.
En líneas generales, el texto afina mucho más en los destinatarios de las viviendas protegidas ya sea en venta o alquiler y las subvenciones para la rehabilitación, donde tendrán prioridad las familias desahuciadas. Sometido hasta el 8 de noviembre a un periodo de alegaciones antes de elaborarse el plan, éstas son algunas de las novedades y aspectos más destacados de la norma por la que se regirá toda la política de vivienda en la Junta de Andalucía, como un complemento a la ya en vigor Ley de la Función Social de la Vivienda.
Destinatarios. Este plan da prioridad a las familias desahuciadas para las subvenciones destinadas al alquiler. Se contempla el respaldo para los residentes en el parque público existente que pueden llegar a una cobertura de hasta el 100% de las rentas en casos de especial necesidad, es decir, se trata de garantizar el derecho a una vivienda incluso para los que no pueden pagar una renta. Como destinatarios de viviendas protegidas se contemplan familias que no superen 4,5 veces -era hasta el momento 5,5 veces- el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) y que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 13/2005. Para destinatarios del régimen especial continúa el baremo de 2,5 veces el IPREM como tope. En función de cada uno de los programas que se detallan a continuación, se exigen unos requisitos dentro de las citadas referencias.
Inversión. Obliga a la inversión en el parque público de, al menos, todo lo recaudado mediante la gestión de las más de 80.000 viviendas protegidas que la Junta de Andalucía tiene alquiladas, en las que residen 350.000 inquilinos.
Cooperativas de viviendas protegidas y autoconstrucción. Son conceptos novedosos con respecto a otros planes. Se trata de favorecer la construcción de viviendas por sus futuros usuarios mediante aportación de trabajo personal, con la colaboración de los consistorios en el proceso, consiguiendo con ello una importante reducción de los costes y la participación directa en todo el proceso del destinatario. Tanto en el caso de cooperativas como de autoconstrucción, las administraciones locales les cederán gratuitamente el derecho de superficie del suelo o edificio para su rehabilitación, sobre el que se llevará a cabo la promoción, y asumirán a su costa los impuestos, tasas y gravámenes y el estudio geotécnico.
Fomento de la autorreparación. Las personas que procedan a la autorreparación de zonas comunes o viviendas del parque público podrán optar a la compensación por un porcentaje mensual de las rentas a que están obligadas, así como a sufragar el importe de las deudas de arrendamiento que mantengan.
Rehabilitación. Las comunidades de propietarios promotoras que cumplan las exigencias se beneficiarán de una subvención de cuantía equivalente al 25% del coste total de las obras de rehabilitación, incluidos los honorarios profesionales y las tasas e impuestos, hasta un máximo de 2.500 euros por vivienda. Se prevé también la rehabilitación para tomar las medidas necesarias para la eficiencia energética.
Mapa de la infravivienda. La Junta de Andalucía se compromete a elaborar un mapa de las infraviviendas de la comunidad autónoma para trabajar en su eliminación. Se entiende por tal aquellas edificaciones con graves deficiencias en sus condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad respecto a los requisitos mínimos para su consideración como vivienda digna y adecuada. Se preve hasta un máximo de 30.000 euros de subvención para transformar infraviviendas.
Venta de viviendas protegidas. Las viviendas protegidas mantendrán su régimen de manera permanente, y no podrán ser objeto de descalificación. No quiere decir que no se puedan vender, o incluso permutar, pero no como viviendas de renta libre.
Viviendas desocupadas. Las intervenciones para reformar edificios prevén que las viviendas desocupadas con las que cuenten sean destinadas al alquiler por un período de cinco años como mínimo. También se contempla la gestión de una bolsa de viviendas deshabitadas para su cesión en arrendamientos.
Planes municipales de vivienda. Por primera vez, las administraciones locales estarán obligadas a elaborar uno para poder acogerse a los distintos programas de rehabilitación ofertados por la Junta de Andalucía. Los consistorios presentarán las solicitudes dirigidas a la Consejería de Fomento y Vivienda durante los tres primeros meses de los años 2014, 2015 y 2016.
Ciudad amable. El borrador contempla todo un capítulo dedicado a este programa. Promoverá acciones de sensibilización, educación y fomento destinados a la rehabilitación y reactivación del espacio público. En definitiva, se trata de potenciar programas de buenas prácticas para favorecer la cohesión urbana.
