El drama de la vivienda en Cádiz: de los actos desesperados a “el Ayuntamiento no paga”

Cádiz ha salido a la palestra en la última semana por casos de desalojos, casos de personas desesperadas que toman medidas extremas para conseguir un techo. Una gaditana que intenta quemarse a lo bonzo, un desahucio a la vista y una larga lista de familias que cruzan los dedos para no tener que llegar a situaciones de este calibre. ¿Qué está pasando en Cádiz?

Las viviendas públicas dependen en buena medida de Procasa, que es la empresa municipal de la vivienda en la Tacita de Plata. El objetivo, teóricamente, es dar al ciudadano la posibilidad de acceso a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades familiares en arrendamiento o en propiedad en las mejores condiciones, mediante la promoción de viviendas protegidas. Para ello existe el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Cádiz, que es un registro público, de ámbito municipal, que pretende regular el proceso de selección de adjudicatarios de todas las viviendas sujetas a cualquier régimen de protección público. Es decir, que hay que cumplir con una reglamentación para acceder a esas condiciones especiales.

Sucede que no da abasto con la cantidad de solicitudes existentes y cuando es el Ayuntamiento de la ciudad quien tiene que ofrecer garantías directamente ante los propietarios de viviendas, estos no ceden porque saben de los problemas económicos del Consistorio. En este mecanismo quien sale perdiendo es el ciudadano más desfavorecido.

“Yo hice esa locura porque me decían que hay muchas casas”

Esta semana ha sido tristemente conocida Rita Ramos, que amenazó con prenderse fuego para impedir el desahucio, ya que según el Ayuntamiento, la familia ocupaba una vivienda social de manera ilegal desde hace más de un año. “Yo hice esa locura porque me decían que hay muchas casas, pero en ninguna aceptan el pago del Ayuntamiento. La tengo que buscar yo y cuando me piden nómina y les digo que es el Ayuntamiento quien paga, me lo echan para atrás. El Ayuntamiento me dice que la alternativa es estar unos días en una pensión sin cocina ni nada. Yo les agradezco la ayuda, pero no es suficiente. Voy con un hombre enfermo de cáncer, que necesita tomarse por la noche un vaso de leche. Yo no quiero comodidades, vivo en 50 metros sin luz y sin agua. Yo no me niego a aceptar la pensión, pero en mis circunstancias no puedo hacerlo”, afirma a eldiario andalucia.

Desde Procasa se cuenta una versión muy distinta. En la empresa municipal entienden que las personas que están llamando la atención estos días son pertenecientes a familias que no han cumplido con los trámites legales que sí siguen muchos gaditanos que merecen un respeto. “Presentamos la denuncia hace más de quince meses. Esta familia ocupó sin permiso una vivienda del parque de viviendas de Procasa. No nos quedó más remedio que hacerlo porque hay que cumplir la legislación. Esto se hace mediante el registro y hay más de 3.000 personas a la espera a las que hay que respetar porque todas lo están pasando muy mal”, explica una fuente de Procasa.

Este empresa funnciona desde el año 1992 y desde entonces ha construido barriadas enteras. Siempre ha habido ocupas, pero ahora ya hay un procedimiento para atajar la situación. “La nueva legislación ya te dice cómo entregar las viviendas. Antes se hacía mediante un sorteo con bombo. Tanto en alquiler como en compra debemos seguir a los apuntados en esa lista, no hay capacidad de maniobra, hay un listado que se va llamando obligado por la ley. Si el político de turno no vela por esto, estará prevaricando y eso no puede ser. Hay que proteger a los que están apuntados y que no chillan ni dan patadas a las puertas. Existen intereses mayores, terceros que tienen más derechos, hay que seguir el proceso. Si no, sería un caos total”, explican desde Procasa.

Procedimientos “nada claros”

La otra versión de los hechos procede de los colectivos que trabajan en la ciudad para ayudar a los más desfavorecidos, personas sin recursos y sin preparación en algunos casos para lidiar con una situación que les desborda. Por eso existen plataformas como la de los afectados por las hipotecas. Elena Fernández, coordinadora, cree que los casos vividos esta semana en Cádiz sólo son la punta del iceberg: “En Cádiz se siguen unos procedimientos nada claros a la hora de adjudicarse las viviendas y hay una parsimonia tremenda para el problema que hay. En los casos urgentes que las familias con niños se quedan en la calle, el Ayuntamiento lo que dice es que te busques una vivienda y que ellos van a pagar, pero los propietarios no lo quieren porque no se fían de que vayan a cobrar. El Ayuntamiento no toma las medidas necesarias y urgentes y lamentablemente son sólo casos aislados entre miles de familias que están aguantando en silencio. Están empezando a visualizarse, pero lo peor está por venir”.

Mientras, sigue la pelea en barrios como el Cerro del Moro, donde muchas familias se movilizan para evitar desahucios. Casos de personas sin recursos que adoptan medidas desesperadas para encontrar un atajo entre tanta burocracia.