Derecho a Morir Dignamente pide a Cantabria que el registro de Voluntades Previas pueda realizarse en los centros de salud

Cantabria es la única comunidad autónoma en donde el registro de voluntades previas de un ciudadano tiene que realizarse obligatoriamente en la capital, ya que no puede hacerse en los centros de salud, como ocurre en otros territorios. Por este motivo, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) indica que desplazarse a Santander por esta causa es, a su juicio, “un agravio comparativo para quienes viven en otros municipios o tienen dificultades de movilidad”.

La asociación ha demandado a la Consejería de Salud que dirige César Pascual (PP) que habilite la posibilidad de que los centros de Atención Primaria hagan las veces de registro del Testamento Vital o documento de Voluntades Previas. La respuesta de este departamento ha sido postergar esta posibilidad, ya que considera que en el momento actual “no es viable su implantación”, ha relatado DMD.

Mientras, continúa con su labor divulgatoria de este derecho regulado por ley y ha puesto en marcha una campaña informativa en colaboración con distintos ayuntamientos de la comunidad. Su objetivo es acercar a la ciudadanía el conocimiento sobre las Voluntades Previas, así como los derechos de los pacientes al final de la vida.

Varios ayuntamientos han mostrado interés. DMD ya ha celebrado reuniones con alcaldes y concejales de Torrelavega, Reinosa, Marina de Cudeyo, Castro Urdiales, Suances y Cayón, entre otros. Hay encuentros previstos con otras corporaciones y se prevé continuar extendiendo la campaña a toda la comunidad. Se están llevando a cabo charlas y talleres informativos en distintos puntos del territorio, abiertos a la participación ciudadana.

En Asturias, Navarra, Madrid, Cataluña y Euskadi ya cuentan con un modelo de tramitación descentralizada. Sin embargo, desde la Consejería de Salud cántabra se ha transmitido a DMD que, “por el momento, no consideran viable su implantación en Cantabria”.

“DMD considera que mantener esta limitación perjudica el ejercicio efectivo de un derecho reconocido por ley y dificulta innecesariamente su acceso”, ha valorado la asociación. Por ello, además de reiterar su petición a la Consejería, la asociación ha comenzado a trasladar a los ayuntamientos la necesidad de que respalden esta reivindicación, con el fin de eliminar barreras y acercar este trámite a toda la población.

La asociación insiste en que es la Consejería de Sanidad quien debe poner en marcha los instrumentos necesarios para que el registro de últimas voluntades pueda realizarse en los centros de salud, tal como ya sucede en otras comunidades autónomas.