Un vertedero en Guadalajara que apoyó el PP le ‘estalla’ ahora al Ayuntamiento del PSOE que lo rechaza

Varios pueblos de los alrededores de la ciudad de Guadalajara se han unido para dar la voz de alarma sobre el proyecto de una planta de gestión de residuos industriales en una parcela privada del término municipal de la capital provincial, pero que también sería colindante con estos municipios. Yunquera de Henares (gobernado por el PP), Fontanar (gobernado por los independientes Entre Todos Fontanar) y Málaga del Fresno (gobernado por el PP) han sido los primeros en hacer público su malestar. A ellos se han unido después otras localidades gobernadas por los socialistas como Cabanillas del Campo, así como algún que otro manifiesto político firmado por todo tipo de fuerzas políticas.

Según el proyecto remitido a la Administración castellanomanchega por parte de la empresa promotora y revisado por eldiarioclm.es, se trata de un complejo de tratamiento de hasta 30.000 toneladas de residuos anuales, que ocuparía una superficie de 200.000 metros cuadrados. El primer convenio se firmó en marzo de 2009 entre el entonces primer edil de Guadalajara, Antonio Román (PP) y la empresa promotora para “ayudar” en la apertura del vertedero. Es decir, hubo respaldo total de los ‘populares’ a esta iniciativa. Después se paralizó y la empresa volvió a retomarlo desde cero en 2018.

El Gobierno autonómico, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente, notificó en 2018 la apertura de un nuevo periodo de consultas y puso a disposición de los ayuntamientos un enlace con un plazo de 30 días en los que podía proceder a presentar sus sugerencias ante este proyecto. Ninguno de los ayuntamientos que ahora han dado la voz de alarma realizó aportación alguna como sí lo hicieron algunas confederaciones hidrográficas o Ecologistas en Acción.

Los tres municipios que impulsan la protesta conjunta afirman actualmente que el proyecto para la construcción y explotación de este vertedero en el término municipal de Guadalajara supondría un agravio para estos pueblos, “paralizando otras iniciativas de desarrollo y crecimiento”. Por ello, sus representantes han mantenido diferentes reuniones en las últimas semanas, en las que han participado miembros de Ecologistas en Acción, así como propietarios y particulares de la zona, con el objetivo de formar “una estrategia conjunta para oponerse a este complejo”.

Además, han enviado sendas cartas al alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo (PSOE), y al consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, para poder mantener de manera urgente una reunión en la que expliquen las intenciones de ambas instituciones.

Posteriormente, se ha unido a esta protesta el alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas (PSOE). Ha anunciado que el Consistorio municipal presentará alegaciones formales contra el proyecto en su fase actual de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El casco urbano de este municipio se localiza a solo 11 kilómetros de donde se prevé su construcción y desde el equipo de Gobierno municipal han avisado de que “se acudiría a todas las instancias pertinentes, incluidas las judiciales” si la planta de gestión de residuos recibiera el visto bueno.

Recogida de firmas

La movilización de estos alcaldes también ha dado como resultado una recogida de firmas online: ya han conseguido 6.000 bajo una iniciativa denominada 'Plataforma en contra del macrovertedero de Guadalajara', asegurando que puede afectar a localidades a 15 kilómetros del radio de acción del proyecto. Además de las ya mencionadas, incluyen a Malaguilla, Fuentelahiguera, Mohernando, Villaseca, Heras, Tórtola, Beljafel, Marchamalo, Sotolargo, Galápagos, y El Casar.

Pero sobre la mesa se ha puesto otra cuestión: este vertedero, que promueve la empresa privada Cespa, se proyectó hace años y en ningún momento recibió alegaciones o rechazo por parte de estos pueblos. ¿Se ha politizado la polémica? La respuesta por parte del Ayuntamiento de Guadalajara ha sido dejar claro su rechazo al proyecto. La portavoz del Grupo Socialista y segunda teniente de alcalde, Sara Simón, ha querido lanzar un mensaje de “tranquilidad y empatía” sobre el asunto, afirmando que al alcalde, Alberto Rojo, también “le preocupa y le ocupa”. De hecho, ha insistido, este proyecto “no es del alcalde, no lo ha promovido y no lo promoverá”.

En este sentido, ha remarcado que si la planta de residuos sale adelante “será con la firma de Antonio Román”, el anterior alcalde del PP. En concreto, se ha referido al convenio firmado el 31 de marzo de 2009 entre el entonces primer edil de Guadalajara y la empresa promotora para “ayudar” en la apertura del vertedero. Con ello, ha dicho, el Consistorio se aseguraba cobros anuales con la puesta en marcha de la planta, “habiendo percibido ya un cobro de 450.000 euros en meses posteriores a la firma”. El pleno municipal aprobó el 30 de julio de 2009 una modificación urbanística para permitir el desarrollo de vertederos privados en suelo rústico en todo el término. “Una modificación que contó con el voto en contra del PSOE”, ha recalcado.

De cualquier forma, Sara Simón ha recordado que es el momento de que hablen los técnicos y que hasta entonces, “hay que esperar para después actuar”. Y por todo ello, ha pedido “calma y responsabilidad” hasta que la autoridad ambiental concluya la valoración sobre el impacto de este vertedero en el entorno. “Es tiempo de que hablen los técnicos porque cuando tuvieron que hablar los políticos, se comprometieron con este vertedero y otros, los alcaldes que hoy abanderan esta protesta, se cruzaron de brazos sin alegar nada”, ha lamentado.

¿Cuál es la postura del Gobierno regional? El delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha en Guadalajara, José Luis Tenorio, explica a eldiarioclm.es que el expediente está la fase final de estudio de alegaciones por parte de los técnicos, “que son quienes deben velar por el cumplimiento de la normativa”. “Lo que deben hacer los responsables políticos es respetar la decisión técnica conforme a la normativa y a la legalidad porque lo contrario es prevaricar y esta Consejería no va a prevaricar”.

Por eso, el Gobierno ha querido trasladar “tranquilidad a todos los pueblos y personas preocupadas”. “Cuesta entender que, de repente, quienes no presentaron ninguna alegación ahora tengan esta actitud y sean quienes lideran la oposición al proyecto. Y lamentamos que estén haciendo un uso irresponsable alarmando a la población con argumentos que sin embargo no presentaron como alegaciones”.