Compromís denuncia que el PP de Alicante tenía "su propia trama paralela a Gürtel"

Gerard Fullana, José Manuel Penalva y Lluís Pastor en la rueda de prensa de Compromís en Alicante
Valencia —

Cuatro meses han bastado para que Compromís haga público el que ha asegurado podría ser la trama paralela del Partido Popular de Alicante al caso Gürtel: 3,2 millones de euros facturados a empresas ya acusadas de fraude en el caso Fitur Orihuela y que habrían conseguido de forma continuada y durante años una "manipulación a su favor de la contratación de las ferias de turismo".

Compromís ha destacado que estas conclusiones se refieren a los primeros años de estudio que ha analizado, desde el año 2004 al 2009, y sólo de un organismo de los 25 que tiene la Diputación de Alicante. La coalición no descarta que otras administraciones hayan contratado con las mismas empresas similarmente.

Las contrataciones se circunscriben a las empresas Exporigging y Stands Molinos S.L., cuyos administradores coinciden y están inmersos en una causa ya en marcha en los juzgados de Orihuela, en los que se les acusa junto a la expresidenta del PP comarcal, Pepa Ferrando, de ser cooperadores necesarios en cuatro delitos de prevaricación administrativa y cuatro delitos de fraude por las irregularidades perpetradas en la adjudicación de los servicios relativos al montaje del expositor de Orihuela en FITUR entre 2008 y 2011. Tanto Exporigging como Stands Molinos aparecen como responsables civiles subsidiarios.

La documentación recopilada por Compromís será puesta a disposición de Fiscalía en los próximos días. Las 70 facturas, analizadas dentro de la comisión de investigación de los últimos 12 años de la Diputación alicantina, corresponden al periodo en el que José Joaquín Ripoll era presidente de la Diputación. Cabe recordar que la Fiscalía pide 16 años de prisión y 44 de inhabilitación como cargo público en el caso Brugal cuando era presidente de la institución provincial.

"Claros indicios de delito"

La coalición observa que existen claros indicios de delito relacionados con fraude en la contratación y prevaricación administrativa: amaños en los distintos tipos de contratación (contratos menores, contratación negociada y concursos públicos) entre 2004 y 2009 entre el Patronato de Turismo Costa Blanca y las empresas Exporigging SL y Stands Molinos SL.

“Todo nos invita a afirmar que el Partido Popular de Alicante tenía su propia trama paralela a Gürtel, y que durante años habría desviado millones de euros que tenían que haber ido a los pueblos a través de la gestión turística. Acudiremos a la justicia para que el PP y dichos emprendedores devuelvan el dinero a la institución en caso que se confirme el fraude”, ha explicado el portavoz de la coalición en la Diputación, Gerard Fullana.

Modus operandi

Modus operandiSegún han relatado desde Compromís, el modus operandi se ciñe a cuatro formas de contratación para evitar la concurrencia pública:

1.- Contratos menores, son contratos de adjudicación directa. Llama la atención la ingente cantidad de facturas presentadas por valores entre los 11.000 y 12.000, en muchos casos 11.999 y cantidades semejantes. Compromís entiende que existía el fraccionamiento, puesto que 12.000 euros son el límite máximo para no convocar concurso.

2.- Contratos negociados sin publicidad. Invitaban a tres empresas: una de ellas declinaba sistemáticamente la oferta (siempre con la misma carta) y las otras eran de los mismos propietarios. Por tanto, realmente, sólo se estaba presentando una oferta económica y no había concurrencia o competencia real.

3.- Contratos abiertos: Los anteriores a la ley de contratos de 2007: en la ley de contratos de 2000 los términos mínimos para la presentación de ofertas eran muy reducidos (15 días) y aún lo eran más si el procedimiento era por urgencia (7 días). Cuando la presentación de ofertas no eran por urgencia, las licitaciones coincidían con vacaciones. El resultado es que a todas estas licitaciones únicamente se presenta Stands Molinos SL; con el cambio legislativo en materia de contratos, los plazos se amplían considerablemente (de 15 a 54 días) ya que este tipo de contratos pasan a estar sujetos a una regulación armonizada. Coincide con cambios en la valoración de las licitaciones por parte del Patronato, que pasa a dar una importancia desorbitada a los criterios subjetivos, como es el diseño, frente a los objetivos, como el del precio. En semejantes circunstancias, es decir, al primar la subjetividad, la ley requiere que haya una comisión con tres técnicos especializados, circunstancia que no está presente en el caso analizado.

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Publicado el
20 de febrero de 2017 - 13:10 h

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