Antifraude insta al Ayuntamiento de Pedralba a regularizar o devolver 124.000 euros de sueldos de concejales del PP

La Agencia Antifraude ha instado al Ayuntamiento de Pedralba a que regularice o devuelva los sueldos irregulares cobrados por los concejales del gobierno del PP desde enero de 2019, y que suponen un total de 124.506,84 euros. Este dinero, cobrado en concepto de “Indemnizaciones cargos electos”, según el informe de Antifraude, “no tiene encaje legal” porque no se ajusta a las posibles remuneraciones que pueden percibir los concejales, como son los salarios por dedicación parcial o exclusiva, por la asistencia a órganos colegiados, o por gastos de dietas, viajes o conceptos vinculados al trabajo municipal.

Esta remuneración -de la que se encuentra fuera la alcaldesa Sandra Turégano, que sí dispone de dedicación parcial- se realizaba en base a “módulos” de 6 horas de “dedicación efectiva al Ayuntamiento”, que se pagaban a 54,06 euros con un máximo de 5 módulos semanales; estos no realizaban una cotización a la Seguridad Social, pero sí tenían una retención del 15% del IRPF. De estos pagos la Agencia Antifraude afirma que suponen un “salario encubierto” de una dedicación parcial o exclusiva dándose una “apariencia de legalidad”, y por tanto “un fraude de ley”.

Además estas retribuciones especiales les permitían añadir las indemnizaciones por la asistencia de órganos colegiados, hecho que de tener algún tipo de dedicación no habrían podido obtener por incompatibilidad legal.

En el informe se señala que dichas retribuciones irregulares “deberían haberse determinado como dedicaciones parciales y haberles aplicado las condiciones para su percepción: límites presupuestarios, determinación de dedicación mínima, alta en el régimen general de la Seguridad Social en tal concepto, incompatibilidad con la percepción de indemnizaciones en concepto de asistencias a órganos colegiados, aplicación, en su caso del régimen de incompatibilidades”.

Las retribuciones recogidas en el informe incluyen las de los años 2019, 2020 y 2021, en la de 2019 se incluyen también las que recibieron los concejales en el gobierno anterior -también del PP-, y en 2021 se recogen las dadas hasta el 30 de junio. En estos se pueden ver remuneraciones que van desde los 6.162,82 euros en un año por la concejal Inmaculada Carsí (responsable de Hacienda y Servicios Municipales), a los 13.929,10 euros de José Ignacio Castellano (edil de Agricultura y Medio Ambiente).

Ante esta situación la recomendación de Antifraude es que se dejen sin efecto las asignaciones pagadas y que se devuelva el dinero recibido de forma irregular, o por el contrario “transformarlas en las oportunas dedicaciones parciales, con alta en el régimen general de la seguridad social” y también la actualización con Hacienda. Esto además supone devolver la percepción de indemnizaciones por la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados, y que supone un total de 1.780 euros en total, por el periodo facilitado por el ayuntamiento entre el 12 de julio de 2019 y el 31 de enero de 2021.

Alegaciones del gobierno

Ante esta investigación del gobierno del PP de Pedralba presentó alegaciones como que, a pesar de que un informe provisional afirmaba que estas retribuciones “no tienen encaje legal”, posteriormente el Secretario Interventor “no puso ningún reparo”.

Por otro lado aseguran que este tipo de retribuciones eran “una práctica habitual” que se produjo “durante todas las legislaturas, y con todos los Gobiernos Locales de este Ayuntamiento. Estamos ante un criterio que propuso el Secretario-Interventor durante, los más de 30 años que prestó servicios en activo en el Ayuntamiento, así mismo dichos acuerdos han sido remitidos y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Respecto a la propuesta de devolver el dinero el ayuntamiento afirma que esto supondría “infringir el principio de Seguridad Jurídica” y que “por tanto, el reintegro vulnera la buena fe”. Añaden también que “imponer la devolución de las cantidades percibidas, supone no reconocer que los servidos han sido efectivamente prestados”, lo que “provoca un enriquecimiento injusto de la Administración”.

Ante estas alegaciones Antifraude responde que “no se aportan los informes favorables del secretario al que se refiere la entidad denunciada” y que además “la inexistencia de informes desfavorables no valida las irregularidades que puedan existir”. Por otro lado advierte que “el hecho de que una irregularidad sea habitual en el tiempo, e incluso sea publicada en el BOP, no supone una argumentación válida que la justifique”. Finalmente respecto a la alegación de que se produjera un enriquecimiento injusto de la Administración, se señala que existe la opción también de regularizar los pagos con las altas en la Seguridad Social y Hacienda.

Críticas

Por su parte el colectivo Por una Serranía Viva ha criticado estos pagos y los ha vinculado a los ingresos que tiene el Ayuntamiento de Pedralba desde la reapertura del vertedero en 2015 y que llegan a cifrar en unos 120.000 euros anuales, un dinero que “no tiene fiscalización”. Por ello señalan que estos pagos, a este nivel, atañen únicamente a gobiernos locales del PP (en el poder desde 2007) y no a ejecutivos anteriores.

Sobre este vertedero denuncian una “gestión fraudulenta” advirtiendo que sufrió tres incendio durante tres años consecutivos, en 2014, 2015 y 2016. Además advierten que el vertedero de Pedralba “debía recibir al año unas 15.000 toneladas de residuos, pero en un año se metieron más de 60.000 toneladas”; por ello explican que la empresa gestora, Girsa, tuvo una sanción de 80.000euros, pero que en cambio no se sabe el beneficio económico que ingresó por cuadruplicar el límite de residuos permitido“.