La fiscalía pide al tribunal del caso Brugal que valide la autoinculpación de Ortiz y pone como ejemplo el juicio de los trajes de Camps

El juicio por el supuesto amaño del Plan General de Alicante, pieza separada del caso Brugal, ha arrancado este martes con los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP, y el empresario Enrique Ortiz sentados en el banquillo de los acusados, casi diez años después de incoarse las primeras diligencias, y a los 20 días de la absolución de los 34 acusados en la pieza de las basuras de Orihuela, al declararse la nulidad de las escuchas.

Las escuchas serán en las cuestiones previas una de las batallas más interesantes y que podrían dar al traste con el proceso, pero el primer tema a tratar ha sido la autoinculpación de Enrique Ortiz, quien tras conocer que las escuchas fueron anuladas en otro proceso se ha retractado. La Fiscalía entiende, y así se lo ha comunicado al tribunal que el reconocimiento de los amaños por parte del principal acusado es “irrevocable”.

El Ministerio Público ha puesto como ejemplo el conocido como caso de los trajes donde se juzgó a Francisco Camps y acabó siendo absuelto. En ese sentido ha asegurado que dos de los acusados reconocieron los hechos antes del juicio y otros dos, los que se sentaron en el banquillo, fueron absueltos por un tribunal. En ese sentido, entiende en la Fiscalía pese a que haya inculpaciones no se menoscaban los derechos de los otros acusados.

Los abogados de las defensas han atacado duramente esta postura. Tanto José María Asencio, abogado de Enrique Ortiz, como Vicente Grima (Díaz Alpero), como también Bernardo del Rosal (Sonia Castedo) han argumentado que “hasta que el acusado no declara ante el tribunal no hay conformidad”.

El acuerdo de Enrique Ortiz con la Fiscalía establecía que el empresario era culpable de un delito de tráfico de influencias, otro de corrupción de funcionario público o autoridad, así como de cooperar en un delito de prevaricación. A cambio debía afrontar una indemnización de 1,6 millones de euros y una pena de dos años de cárcel, frente a los ocho años que solicitaba inicialmente Fiscalía.

Además de Ortiz, también se han retractado su hermano, Virgilio Ortiz, y uno de los empleados que habían admitido haber entregado dinero al exalcalde alicantino a cambio de una pena de tres meses de cárcel.

En cuanto a los exalcaldes, Fiscalía solicita 10 años de prisión para Alperi y Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 y 24 años, respectivamente, por delitos de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencia. A Castedo además, le suma prevaricación.

Las escuchas, la clave para anular el juicio

La Sección Séptima de la Audiencia de Alicante (con sede en Elche) absolvió, en una sentencia conocida el pasado 10 de junio, a los 34 acusados en la causa que investigó el presunto amaño del contrato de basuras del Ayuntamiento de Orihuela durante las etapas de los populares José Manuel Medina y Mónica Lorente.

La decisión judicial se sustentó en la nulidad de las grabaciones aportadas ya que la sala consideró que vulneraban derechos fundamentales de los investigados.

Tras conocerse esa sentencia, abogados de las distintas piezas del caso Brugal aún pendientes de juicio auguraron que veían “difícil” que esas causas terminaran en condena: “Si no están muertas, están en coma”, preveían, al ateñer esa nulidad al auto de iniciación del procedimiento.