Batalla judicial por 9,6 millones en bienes: el propietario de Teconsa, procesado por Gürtel, contra el testaferro de Díaz Ferrán

En la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia arrancaba este miércoles un juicio por una estafa millonaria, pero ha acabado convirtiéndose en un manual de los principales escándalos de fraude y corrupción de los primeros 20 años del siglo XXI en España. El acusado, Ángel de Cabo, el que fuera mayor liquidador de empresas durante la crisis y considerado testaferro del exlíder de la CEO Gerardo Díaz Ferrán en el caso Viajes Marsans. En la acusación, la fiscalía y la familia leonesa Martínez Parra, propietarios de Teconsa, la que fue tercera constructora del país e investigada en la trama Gürtel, concretamente por cobrar siete millones de Canal 9 de la visita del Papa de València en 2006.

En el juicio se ha hablado de la estafa, que se cifra en 9,6 millones de euros en bienes que De Cabo habría puesto a su nombre o de sus sociedades y que habría utilizado para señalar las garantías de su fianza cuando fue encerrado en prisión provisional por el caso Viajes Marsans. Pero también de Gürtel y el concurso de acreedores de Teconsa, que llevó a término el propio acusado y que afectó a unos 2.000 empleados. La vista oral ha sido un toma y daca entre las acusaciones y la defensa que todavía tienen en Galicia otra causa abierta. En este caso, los acusados son José Luis y Maribel Martínez Parra.

De Cabo, condenado en 2015 por la Audiencia Nacional a cinco años de cárcel por despatrimonializar Marsans de Gerardo Díaz Ferrán, se ha sentado en el banquillo junto a otras dos personas más, dos trabajadores suyos a los que el ministerio fiscal considera cooperadores necesarios -de sus declaraciones en el juicio se han mostrado como simples testaferros- y para los que reclama dos años y medio de prisión.

El conocido liquidador de empresas ha afirmado que se han vertido sobre él “un montón de falsedades” y ha negado que se presentase como un abogado experto ante las presuntas víctimas del fraude: “Todo el mundo dice que me presento como abogado y es mentira. Nunca me presento así. No soy abogado, aunque tengo muchos abogados”, ha aseverado.

El empresario ha reconocido que en 2011 adquirió varias sociedades de los dos hermanos por el precio de un euro: “Las empresas pasaban a mi nombre y actuábamos en consecuencia. Lo hice así con miles de empresas que se vieron afectadas por la crisis y que se vendían por miedo a todo lo que habían hecho”, ha expuesto.

De Cabo ha explicado que no entiende la querella, puesto que antes de estas cinco sociedades administró Teconsa y consiguió salvar la situación. “Éramos como familia, pero todo cambió cuando entré en prisión”. El empresario valenciano ha acusado a la familia Martínez Parra de haber vaciado alguna de las empresas al “sacar 1,4 millones antes de presentar el concurso”. “Los administradores -en referencia a la familia- son los que vacían la empresa, yo estaba en prisión”, ha defendido.

José Luis Martínez Parra, querellante y este miércoles testigo en el juicio como también su hermana Maribel, ha asegurado que firmó un contrato de prestación de servicios con una garantía de nueve millones por si De Cabo tenía que hacer frente a algún agujero anterior a que cogiera las empresas. “Se podía usar ese dinero si alguien le hacía responsable de la gestión anterior”, ha explicado.

De hecho, Martínez Parra ha asegurado que presentó la querella cuando se enteró, por parte de uno de los presuntos testaferros, que De Cabo había puesto bienes a nombre de una de sus sociedades. Esos bienes, ha proseguido, los señaló como garantía de la fianza de 40 millones que le impuso la Audiencia Nacional -la más alta de la historia de España en su día-.

Los presuntos testaferros han asegurado que firmaban todo lo que les decía De Cabo. José Vicente Semper ha declarado que cobraba 1.500 euros al mes como comercial. “Nunca he tenido conocimiento de lo que iba a firmar. A los tres meses me dijo que me iba a poner sociedades a mi nombre”. “Era el correveidile, le compraba zapatos, iPads y llevaba a los niños al colegio”. Jorge García Téllez acudió a escriturar el reconocimiento de deuda a Aszendia Asociados, de De Cabo. “Les dije que no tenía poderes pero me llevaron al notario a firmar”, ha declarado.

El juicio seguirá en el mes de febrero. La Fiscalía asegura en su escrito de calificación provisional que De Cabo se valió de una apariencia de solvencia y conocimiento en derecho concursal y se presentó a la familia leonesa, representantes de varias sociedades con un grave deterioro patrimonial, para encargarse de la gestión de las empresas con el fin de sanearlas.

Para ello, “con evidente ánimo de lucro”, según la fiscal, compró las entidades por un euro cada una y pasaron a ser propiedad de una mercantil de la que era administrador único. Con la venta de estas sociedades se transmitían también 159 fincas, algunas de ellas hipotecadas y otras, sin embargo, se hallaban libre de cargas.

De Cabo, añade el escrito provisional de Fiscalía, no llegó a tramitar el concurso de acreedores de las sociedades y, además, suscribió en su propio beneficio un contrato de prestación de servicios por importe de 9,2 millones de euros y un reconocimiento de deuda de 9,6 millones garantizado con la hipoteca de 68 fincas.