El Congreso votará la creación de una comisión de investigación sobre el proyecto Castor

Pasados más de diez años desde la aprobación del faraónico proyecto, llega hoy al Congreso de los Diputados la propuesta de Unidos Podemos y Compromís para la creación de una comisión de investigación que depure las responsabilidades políticas del desastroso proyecto. La votación llega meses después de que la jueza Lamela archivase la querella que varios colectivos ciudadanos interpusieron contra el empresario Florentino Pérez y cinco exministros de la época de Zapatero y Rajoy.

Pese a ello, desde Unidos Podemos y Compromís ven la votación como una oportunidad histórica para depurar responsabilidades. La diputada de la formación valencianista, Marta Sorlí, celebra que el Congreso se posicione y declara que “los chanchullos de Florentino nos han costado muy caros a toda la ciudadanía, ha sido un fraude permitido por los anteriores gobiernos que nos ha costado más de 2.400 millones de euros y ha provocado centenares de microterremotos en la costa de Castellón”.

El origen de Castor

A principios de abril de 2008 Zapatero anunciaba ante el Congreso la llegada de “un periodo de desaceleración económica” de carácter transitorio. Tras el eufemismo se escondía la mayor crisis económica global desde el Crac del 29. Apenas un mes más tarde, cuando el desastre económico y el descontrol del desempleo aún no se habían materializado, el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero daba luz verde mediante Real Decreto al proyecto Castor.

El plan inicial proyectaba la construcción del que sería el mayor depósito de gas natural de España, capaz de abastecer al país entero y presupuestado en cerca de 630 millones de Euros. El macroproyecto resultó en un desastre cuya construcción acabaría costando más de 1.700 millones y que hubo de detener su actividad en 2013 –apenas un años después de comenzar a funcionar- debido a que ésta provocó más de 500 terremotos frente a las costas de Castellón y Tarragona.

Irregularidades en la concesión

El contrato de concesión, sin embargo, incluía una cláusula por la cual la empresa concesionaria Escal UGS, participada en un 66’7% por ACS –propiedad de Florentino Pérez- y en un 30% por la empresa canadiense CLP, recibió una indemnización de 1.351 millones de euros. En 2017 el Tribunal Constitucional anuló dicha retribución al considerar que no se dieron razones de urgencia y necesidad para legislar por decreto ley el pago de la indemnización.

Y es que la indemnización fue, por el Decreto Ley 13/2014, abonada a la empresa Escal UGS en un tiempo récord de 30 días. Es esta urgencia la que no cuadra al Constitucional, que da ahora la razón al recurso presentado en 2015 por la Generalitat de Catalunya, el Parlamento Catalán y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. La resolución motivó que el Gobierno de Rajoy dejase de devolver el préstamo que pidió para pagar la indemnización.

El coste total

A los 1.351 millones de euros que fueron rápidamente abonados como indemnización, hay que añadir retribuciones previas que la empresa Escal UGS recibió. Entre ellos podemos encontrar un pago de 295,6 millones de euros en concepto de “derechos retributivos” por el tiempo que el almacén sí operó. En total, el fallido proyecto Castor ha costado a las arcas públicas alrededor de 2.400 millones de euros, cifra que habría sido mucho mayor en caso de que el Tribunal Constitucional no hubiese considerado nula la indemnización.