Conselleria envió la inspección a la residencia de Llíria después de recibir varias quejas de los familiares por el trato a los mayores y el estado de las instalaciones

La Fiscalía Provincial ha abierto diligencias de investigación penal después de que este martes Telecinco emitiera un vídeo grabado por una extrabajadora de la residencia de Domus Vi en Lliria en la que se podían ver las condiciones de desatención en las que se encontraban los usuarios de este centro. La Conselleria de Igualdad ya había detectado diversas irregularidades, a raiz de una serie de denuncias de los familiares de los residentes y tras llevar a cabo de oficio diferentes inspecciones a la residencia, por lo que incoó un expediente sancionador, que está en la última fase de su tramitación, e impuso una multa de 174.000 euros.

“Se ha hecho un seguimiento muy importante de esta infraestructura después de haber recibido cuatro o cinco quejas de las familias por el trato a los residentes o las condiciones de la infraestructura”, reconoce Enric Juan, director general de Inclusión Social, quien explica estos hechos se han puesto en conocimiento de la inspección y de la Fiscalía: “Vamos a investigar la veracidad de las imágenes, porque no nos gustan pero tampoco conocemos el contexto en el que se tomaron ni hemos hablado con la persona que las grabó”, así como tampoco lo han hecho con los responsables del centro en las últimas horas. 

En las visitas realizadas, la Conselleria constató que “no se cumplían los estándares de sanidad” en el trato a los residentes, así como tampoco las ratios de personal, “algunas de estas deficiencias se subsanaron”: “La inspección realizó cuatro visitas en los meses previos a la pandemia”. Juan insiste en que se facilitará un traslado de centro a otra instalación, a través de los servicios sociales municipales en Llíria, a aquellos usuarios que lo soliciten (la residencia Domus Vi de Llíria cuenta con 150 plazas de las que 35 están concertadas con la Conselleria).

Este grupo empresarial, uno de los que tiene mayor presencia en toda España en el sector sociosanitario (la Xunta intervenía esta semana una residencia de Domus Vi en Lugo tras detectar más de un centenar de positivos por COVID), tiene participación en quince de las 300 residencias o centros de día que hay en la Comunitat Valenciana, una de ellas en Alcoi registró un altísimo número de muertes por coronavirus durante la primera fase de la pandemia. El director general de Inclusión reconoce que las quejas que han recibido en la Administración autonómica han aumentado desde que la residencia cambio de gerencia, en 2018.

Imágenes vergonzosas

El alcalde de Llíria, Manolo Civera, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha condenado las imágenes que se han podido ver, que ha calificado de “vergonzosas, dolorosas y repudiables porque, además, provocan un sufrimiento a toda la sociedad y al conjunto de profesionales que trabajan en este sector, un servicio esencial en el que hay personas trabajando con una vocación extraordinaria”.

El primer edil ha recalcado que desde el Ayuntamiento están a disposición de las familias “para colaborar con ellas en las decisiones que consideren oportuno adoptar, al mismo tiempo que estamos al lado de la Generalitat en las acciones que lleve a cabo dentro de sus competencias en este ámbito, para tratar de esclarecer todos los hechos”, según unas declaraciones facilitadas por el consistorio.

Civera considera que se deben activar “todos los mecanismos necesarios para sancionar a aquellas personas que hayan podido realizar estas prácticas nada éticas” y aboga por “controlar los fondos de inversión que gestionan estos centros de mayores, porque es un sector en el que la mayoría de los personas trabajan con vocación social y en el que debe primar siempre el factor humano por encima del económico”.