El coste de especular con una VPO: multa de 36.000 euros por venderla por encima del precio máximo estipulado en Dénia

El freno a la especulación inmobiliaria que genera importantes incrementos en el precio de la vivienda es uno de los objetivos que persiguen las viviendas de protección oficial (VPO) y es el motivo por el cual, este tipo de inmuebles, con precios más asequibles a los del mercado de renta libre, no se pueden vender al precio que estime el propietario durante un determinado plazo de tiempo.

En el caso de la Comunitat Valenciana, según informan fuentes de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que gestiona el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano Rubén Martínez Dalmau, la normativa actual establece un plazo de 30 años para que una VPO se pueda vender libremente.

Si un propietario decide vender antes un inmueble protegido, debe comunicarlo a la conselleria y solicitar el precio máximo de venta, que viene determinado en función de unos módulos y los metros cuadrados de la vivienda. Un precio que en ningún caso se puede sobrepasar.

Este es el motivo por el que Vivienda ha sancionado al dueño de una VPO construida en el año 2000, ubicada en la Plaza Cholet de Dénia con una multa de 36.684 euros. Se trata de la diferencia entre los 170.000 euros por los que vendió su piso de 138 metros cuadrados (incluido plaza de garaje y zonas comunes) y los 133.315 euros de precio máximo de venta autorizado por ley. Esta es la primera sanción por este motivo que impone la Generalitat Valenciana desde la creación del departamento de Dalmau.

Las mismas fuentes explican que la conselleria tuvo conocimiento del caso por medio del Registro de la Propiedad de Dénia: “Tanto los notarios como los registradores tienen la obligación de informar si detectan este tipo de situaciones para evitar que suceda y estamos investigando también por qué el notario no nos informó y si cabría alguna medida disciplinaria en caso de que se hubiera dado un comportamiento irregular”.

La sanción por una infracción muy grave ya se ha notificado al interesado, que en los 15 días para presentar alegaciones no ha presentado ningún documento. Desde Vivienda explican que hace una semana una abogada en nombre del denunciado solicitó un aplazamiento del pago que no se ha podido atender al haber llegado fuera de plazo, por lo que la multa se hará efectiva.

Para Dalmau “se trata de una cuestión de justicia para las familias que no han podido optar a la compra de las viviendas con precios adecuados y una acción ejemplarizante para el resto de fondos de inversión y grandes inmobiliarias”. Desde el Gobierno del Pacte del Botànic “no se va a permitir la especulación en viviendas que se han construido, en parte, con ayudas públicas”.

El vicepresidente ha asegurado que “estas sanciones demuestran la eficacia de la Administración para detectar cualquier irregularidad en materia de vivienda”. Desde la conselleria se han desarrollado “todos los mecanismos necesarios para controlar que las viviendas no sirvan para generar beneficios, sino para que la gente pueda tener un techo digno donde desarrollar su vida”, afirma.