La Fiscalía archiva la investigación al alcalde del PP de Benaguasil pero avisa a Antifraude al detectar “mala gestión”

La Fiscalía ha archivado la investigación al alcalde popular de Benaguasil (Valencia) sobre los gastos del consistorio en contratos menores con informes desfavorables de la Intervención municipal. El fiscal de delitos económicos de Valencia, Ricardo Olivares, abrió diligencias de investigación penal tras una denuncia del portavoz del grupo municipal Millorem Benaguasil, Vicente Valls. Sin embargo, el representante del Ministerio Público ha remitido una copia del decreto, al que ha tenido acceso este diario, a la Agencia Valenciana Antifraude, el organismo que dirige Joan Llinares. El fiscal abre la puerta a que los hechos sean redirigidos a la vía administrativa al no ser constitutivos de infracción penal.

Aunque el Ministerio Fiscal concluye que el alcalde del PP no ha cometido un presunto delito de prevaricación, también agrega que el Ayuntamiento de Benaguasil “lleva años incumpliendo la normativa sobre contratación pública y omitiendo de manera continua y reiterada la obligación de someterse a la fiscalización previa por parte de la Intervención”. Todo ello, apostilla, “pese a las advertencias que se efectúan casi mensualmente por el interventor o por la persona que realiza sus funciones”.

Sin embargo, la investigación no ha hallado evidencias de que los contratos que se efectuaron sin cumplir el procedimiento administrativo “no respondan a verdaderas necesidades públicas o que se haya intentado favorecer a unos contratistas sobre otros”, concluye el fiscal.

El decreto de la Fiscalía de Delitos Económicos reseña la “mala gestión de los recursos” municipales “ a la hora de planificar y programar el gasto”, debido a la falta de personal, entre otros motivos, por lo que “prevalece el seguir haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora y no como establece la ley”.

“No se trata de un problema puntual”, advierte el fiscal. El consistorio ha gastado más de dos millones de euros en tres años “sin control ni fiscalización”, tal como reseña un informe de Antifraude. “Aun cuando no se ha detectado una actuación desviada, ni mucho menos de corrupción, lo cierto es que este tipo de prácticas, al eliminar todo control administrativo sobre una parcela de gasto no despreciable, puede favorecer su aparición”, advierte el representante del Ministerio Público.

2,2 millones de euros con reparos de la Intervención

Millorem Benaguasil denunció que un solo contratista obtuvo 89.109 euros en 2020 y 124.983 euros al año siguiente. La Fiscalía solicitó la ayuda de Antifraude para cualificar las facturas que incumplían la ley. Así, funcionarios de la AVA acudieron el 4 de octubre del 2022 al ayuntamiento para recabar la documentación. Tras su análisis, el informe de Antifraude concluyó que existen gastos por un monto total de 2,2 millones de euros que contaban con reparos de legalidad o informes desfavorables por parte de la Intervención. 

La AVA también sostiene que, en la mayoría de los casos, se omitió la “función interventora previa” al haber sido ejecutados “sin que se haya seguido procedimiento alguno legalmente aplicable”. Así, considera que no se ha seguido la tramitación prevista para la contratación menor o que superan los umbrales “cuantitativo y temporales” de esta modalidad debido a su “carácter de regularidad y permanencia”. 

El fiscal, aludiendo a las conclusiones de Antifraude, lamenta la “práctica asentada en el Ayuntamiento de Benaguasil ,consistente en proceder. ala contratación de determinadas obras y servicios omitiendo todo procedimiento contractual, pese a las advertencias reiteradas por la Intervención municipal en cada uno de sus informes”. Esta práctica, añade, “se ha mantenido desde al menos el año 2019 hasta al menos el mes de marzo del 2022”.

La interventora declaró como testigo que los reparos que manifestaba en sus informes venían “arrastrándose desde años anteriores” y que lo había tratado “reiteradamente” con el alcalde “para ir corrigiéndolo”. Tanto el primer edil como el equipo de Gobierno aseguraban que tenían la voluntad de “subsanar la situación” para poner en marcha una planificación adecuada y redactar los pliegos de contratación.

Sin embrago, la testigo también señaló que el Ayuntamiento de Benaguasil, un municipio de 11.568 habitantes, tiene muchos problemas para retener a “personal cualificado”, que en muchos casos se encuentran en comisión de servicios en otras administraciones. La interventora también manifestó que esta “práctica irregular va disminuyendo”.

El alcalde popular y diputado provincial, José Joaquín Segarra, declaró en calidad de investigado y alegó que había dado las “instrucciones necesarias” para que se cumpliera la Ley de Contratos del Sector Público. Segarra también incidió en las dificultades para disponer de funcionarios titulares ya que las funciones de secretario y de interventor “suelen ser ejercidas por personal administrativo”. A título de ejemplo, en el momento de su declaración (el pasado 20 de marzo), esas funcione las realizaban dos auxiliares administrativas de nivel C.

“Sorprendentemente” el alcalde desconocía los informes de la Intervención

La falta de persona y de estabilidad en los puesto de trabajo “clave” del consistorio impiden, según el alcalde, que se apliquen los protocolos necesarios para cumplir con la ley. “Sorprendentemente”, según el fiscal, José Joaquín Segarra alegó que desconocía la existencia de los informes negativos de la Intervención. En todo caso, si existe algún documento de convalidación con su firma, el alcalde lo achacó al sistema de firma electrónica automatizada.

El concejal Pedro Pablo Peris también declaró como testigo, a petición de la defensa del alcalde popular, que ejerce el letrado Javier Boix, para asegurar que Segarra “había expresado en varias ocasiones su preocupación por el cumplimiento de la normativa sobre contratación por los distintos departamentos”.

El testigo también abundó en la escasez de personal cualificado y en la falta de estabilidad en la plantilla y aseguró que “se estaba tratando de corregir la situación, intentando concienciar a los encargados de obras y jardinería, dos de las principales áreas donde se producen estas irregularidades, para que se acostumbren a pedir a los técnicos, antes de realizar compras o encargar trabajos, a solicitar un informe de necesidad y una propuesta de gasto”.