El Gobierno facilitará a la Generalitat Valenciana la lista de los bienes de los que se adueñó la Iglesia y se ofrece a mediar para recuperarlos

Palacio arzobispal de València.

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El listado de bienes o inmuebles que pudo adueñarese la Iglesia entre los años 1998 y 2015 en la Comunitat Valenciana sin ningún título que lo acredite mediante la figura de las inmatriculaciones está más cerca de hacerse público.

La insistencia al respecto de la Conselleria de Transparencia ha dado sus frutos y según informan fuentes del departamento que dirige Rosa Pérez a elDiario.es, tras contactar con vicepresidencia del Gobierno les aseguran que tienen previsto presentar el informe completo en el Congreso, aunque sin concretar el plazo.

Así, se comprometen a facilitar a la Generalitat toda la información relativa al territorio valenciano una vez se haga público el informe e incluso a hacer de mediadores si hubiera alguna propiedad pública afectada por las inmatriculaciones susceptible de ser recuperada por la administración.

Como ha informado este diario, Transparencia venía reclamando la información al Ministerio de Justicia, que desde el año 2018 cuenta con un informe que no ha hecho público del Colegio de Registradores, según el cual las autoridades eclesiásticas llevaron a cabo 34.984 inmatriculaciones en toda España entre 1998 y 2015. Del total de fincas, 18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos.

Pese a todo, el Gobierno, que en el caso de los socialistas lleva en su programa electoral la recuperación de los bienes registrados como propios indebidamente por la Iglesia, se ha resistido hasta ahora a hacer pública la lista escudándose en que los datos deben ser tratados y confirmados.

Por este motivo, la Conselleria tenía previsto explorar la vía de solicitar los datos directamente al Colegio de Registradores, tal y como realizó la Generalitat de Catalunya, que el pasado mes de julio presentó el listado de inmatriculaciones llevadas a cabo en territorio catalán.

Según los datos ofrecidos, en conjunto, la Iglesia tiene inscritos 3.722 inmuebles a su nombre, sin ningún título que acredite su propiedad, solo en Catalunya. Las inscripciones ilegítimas se realizaron tanto en tiempos de la dictadura franquista como ya en democracia, ya que van desde 1946 hasta el 2015.

Desde la Conselleria de Transparencia valenciana argumentan que el objetivo de esta iniciativa es confirmar que todos esos bienes son legítimos o si, por el contrario, puede haberse dado algún caso de apropiación de bienes cuya titularidad correspondería al patrimonio público, lo que equivaldría a un expolio.

El fenómeno de las inmatriculaciones de los bienes inmuebles está propiciado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que permitió a las autoridades eclesiásticas inscribir bienes a su nombre sin acreditar título de dominio alguno, mediante un procedimiento de autocertificación.

Esta posibilidad de autocertificarse a los efectos de la inmatriculación no se impide hasta la aprobación de la Ley de 13/2015, de 24 de junio de Reforma de la Ley Hipotecaria, cuando queda circunscrita únicamente a las Administraciones Públicas y a las entidades de Derecho público la facultad de autocertificar la titularidad a su favor de las fincas e inmuebles.

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18 de noviembre de 2020 - 22:50 h

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