Por qué el Gobierno valenciano descarta la cesión de pisos de Sareb: “Están para rehabilitar y luego hay que devolverlos”

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) anunció en 2020 la puesta a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos de un total de 10.000 viviendas a las que en febrero del pasado año se sumaron otras 5.000.

“De esta manera, hemos tendido la mano directamente a la Administración Pública para ampliar el número de viviendas sociales hasta 15.000”, afirma el también conocido como 'banco malo' en un comunicado.

La iniciativa, sin embargo, no ha tenido repercusión en la Comunitat Valenciana en forma de aumento del su parque público de vivienda, salvo en el caso de algunos municipios.

Fuentes de la Sareb han informado a elDiario.es de que en estos momentos tan solo tienen convenios de cesión temporal con los Ayuntamientos de Gandia (24 pisos cedidos), Sagunt (16 viviendas), Elche (9 viviendas), Torrent (6 pisos) y Almoradí (6 viviendas). Las cesiones temporales suelen tener un plazo de duración de entre cuatro y cinco años, trascurridos los cuales, los inmuebles vuelven a la sociedad.

Llama la atención que tanto la Generalitat Valenciana como ayuntamientos importantes como el de València, con elevadas demandas de alquiler social, no se acoja a este tipo de convenios.

Al respecto, el Secretario Autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, ha explicado a elDiario.es que siempre se ha descartado esta opción al considerarla poco efectiva: “La mayoría de las viviendas están ocupadas o para rehabilitar, o ambas cosas, por lo tanto, hasta tenerlas en condiciones pueden pasar dos o tres años, y luego al poco tiempo, hay que devolverlas”. En los mismos términos se han pronunciado fuentes de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de València.

Aguilar ha explicado que este es el motivo por el que desde la Conselleria de Vivienda que dirige el vicepresidente Héctor Illueca se ha optado siempre por la compra de viviendas la Sareb (ha adquirido más de un centenar), porque de esta forma el inmueble pasa a formar parte del parque público de forma definitiva.

Aguilar ha reivindicado el cambio del objeto social de la Sareb, creada en 2012 por el Gobierno para gestionar y vender los activos problemáticos de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas: “La entidad cuenta con 45.000 inmuebles y una deuda de 35.000 millones que no va a recuperar porque esos activos no tienen salida en el mercado por sus malas condiciones, por lo que se debe buscar una rentabilidad social destinando todos ellos de forma definitiva a aumentar el parque público de vivinda”.

En concreto, la Sareb mantiene en propiedad 45.618 viviendas en España que no ha vendido, junto a 21.693 obras en construcción en curso y 30.320 parcelas urbanizables, según datos de la propia sociedad a finales de abril.

Por comunidades autónomas, la región en la que la Sareb tiene más viviendas sin habitar es Catalunya, con 12.731 pisos, seguida de Comunitat Valenciana, con 8.532; Andalucía, con 4.124; y Murcia, con 3.434 unidades. En la parte baja están Navarra, con 49, y Euskadi, con 89 viviendas sin habitar.

El Gobierno dirigido por Mariano Rajoy, aseguró cuando creó la entidad que no costaría “ni un euro” a los contribuyentes, pero se acabó traduciendo en un agujero millonario añadido a la deuda pública. Nueve años después, en 2021, Eurostat, la agencia estadística de la Comisión Europea, obligó a España a asumir como propios los 35.000 millones de euros de deuda de la sociedad, ya que el Estado era el avalista. 

La Sareb, en sus orígenes, fue una pata más del rescate bancario. La sociedad nació, como ocurrió en otros países, con el objetivo de aglutinar los activos improductivos (viviendas, crédito a promotores, suelo sin construir, etc.) de los bancos rescatados, limpiando así su balance. Para adquirir estos activos, la sociedad se endeudó en 50.000 millones, haciendo una valoración de los mismos que con el tiempo se ha constatado como excesiva. En sus primeros 10 años, el banco malo ha reducido el pasivo hasta algo más de 33.000 millones.