El Gobierno valenciano modifica el presupuesto para duplicar hasta los 56 millones las operaciones quirúrgicas en la sanidad privada

El Gobierno valenciano ha multiplicado en lo que va de ejercicio la cuantía destinada al plan de choque para reducir la lista de espera sanitaria, una de las fórmulas, junto al autoconcierto (operaciones en horario vespertino en los centros públicos), que viene utilizando la administración autonómica desde hace años para tratar de reducir, o al menos contener, la lista de espera quirúrgica.

Por medio del plan de choque se da la opción al paciente de operarse en un hospital privado cuando lleva más de 60 días en la lista de espera, por supuesto con todos los gastos cubiertos por la Conselleria de Sanidad. Para cubrir este gasto, el departamento que dirige Marciano Gómez presupuestó un total de 22 millones de euros para el año 2025, una cifra de entrada insuficiente atendiendo al gasto medio anual de los últimos años. Es por este motivo por el que tuvo que aprobar un total de cuatro modificaciones de crédito entre julio y noviembre de 2025 para elevar la cuantía hasta 56 millones de euros.

El diputado del PSPV, Rafael Simó, criticó este lunes que “este aumento de dinero para la sanidad privada se ha hecho por la puerta de atrás” y lamentó que “gracias a la opacidad marca de la casa en el PP, no sabemos todos los datos sobre derivaciones, por ejemplo, en pruebas diagnósticas, porque se dedican a esconder esos datos”. Por este motivo, comentó que ya ha solicitado toda la información relativa a los hospitales privados a los que se han derivado los pacientes y por tanto han sido beneficiarios de esta cuantía.

Simó, ha señalado que “la sociedad valenciana quiere un gobierno que invierta y cuide la sanidad pública, no uno que se pliegue ante los intereses privados priorizando el bolsillo a la salud” y ha subrayado que “la sanidad pública se trabaja con políticas, no con palabras vacías”. “Pérez Llorca tiene que ser claro: o está con el negocio o está con la sanidad”, ha concluido.

Por su parte, desde la Consellleria de Sanidad recordaron que el plan de choque no lo puso en marcha el actual Gobierno valenciano, sino que también se ejecutaba en la época del Botánico.

Con todo, lo cierto es que nunca han existido unos criterios claros por los que se deriva a los pacientes a unos centros privados u otros. Protocolariamente, son los propios centros privados los que pueden adherirse al plan de choque y se le da la opción al paciente de que muestres sus preferencias si finalmente acepta intervenirse en la sanidad privada. Pero la petición del paciente no es vinculante y muchas veces se le puede destinar a otro centro por diversos motivos.

Esta arbitrariedad a la hora de derivar a los pacientes y por lo tanto de repartir los fondos públicas a según qué empresas ha sido seriamente cuestionada por la Sindicatura de Comptes en su informe de auditoría del Plan Óptima (Plan para la optimización de tiempo y mejora de la atención sanitaria 2020-2023) puesto en marcha por el Gobierno del Botánico. Entre las cuestiones que aborda figura el plan de derivaciones a la privada (plan de choque), una práctica que la sanidad valenciana emplea desde 1996 y que en 2025 elevó su gasto a máximos.

Según el informe, el plan de choque se aprobó en 1996 y se ha mantenido en el tiempo “sin una regulación acorde con la legalidad vigente”. Así, advierte de que “el procedimiento seguido desde su implantación es totalmente informal; no existe un trámite abierto, publicado en la sede electrónica de la Conselleria o en boletines oficiales, en el que se detallen las tarifas aplicables”.

Además, el documento pone de relieve que “los centros colaboradores son instituciones con ánimo de lucro y no es posible recurrir a la figura del concierto social previsto en la Ley 7/2017 de 30 de marzo sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario. Por tanto, no se encuentran entre los contratos excluidos previstos en el artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”. Alternativamente, “la contratación de estos servicios para su gestión indirecta debe adecuarse a los procedimientos de la normativa sobre contratos del sector público, entre ellos los acuerdos marco, circunstancia que no se ha producido”, recoge el informe.

El órgano de fiscalización añade: “Los sistemas de información de la Conselleria no disponen del dato completo de intervenciones realizadas a través de este plan de choque. La Conselleria dispone, como aproximación sobre estas intervenciones, el número de aceptaciones que no necesariamente terminan en intervención, dado que pueden ser rechazadas por los centros colaboradores. La información del gasto no se dispone en los servicios centrales, sino que debe obtenerse de las direcciones territoriales”.

El gasto total destinado al plan de choque durante el período del Plan Óptima (2020-2023) ha sido de 115,3 millones de euros y ha ido creciendo de forma exponencial de los 12,7 millones de 2019 a los 38,4 de 2023. En 2025 se han destinado al menos los mencionados 56 millones de euros. Esta medida se ha fomentado mediante el adelanto del plazo de acceso y del número de pacientes a los que se les ha ofertado. En 2019 aceptaron el plan de choque un 41,7% de los pacientes y en el cuatrienio del Plan un 74,6%, lo que muestra una mayor adhesión al plan.

Una demora media de 80 días con 68.638 pacientes en espera

Desde que Marciano Gómez (PP) cogiera las riendas de la Conselleria de Sanidad a mediados de 2023, los datos de la lista de espera quirúrgica han pasado de hacerse públicos todos los meses a tan solo de forma semestral, es decir, cada seis meses.

Así, las cifras han ido oscilando siendo normalmente más positivas en el mes de junio y algo menos en diciembre. De esta forma, en junio de los 2023 la demora media estructural era de 79 días con 72.704 pacientes en lista de espera. En diciembre la demora subió a 88 días con 65.245 pacientes en espera. En junio de 2024, la demora media era de 79 días con 69.395 pacientes en lista para operarse, mientras en diciembre de ese mismo año, la demora media era de 93 días con 74.158 pacientes en espera. El pasado mes de junio, la espera media era de 80 días con 68.638 pacientes en espera.

Durante el año 2024, la sanidad pública valenciana derivó casi el 13% de sus operaciones quirúrgicas a hospitales privados, lo que supuso más de 44.000 intervenciones, según la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de 2024 elaborada por el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) y según las memorias de gestión que publica de manera anual la Conselleria de Sanidad.