La jueza prorroga la causa por acoso sexual y laboral en Alzira: el edil investigado declarará tras 13 testigos

La instrucción judicial por el presunto caso de acoso sexual y laboral en el Ayuntamiento de Alzira se extenderá, al menos, hasta el próximo verano. La magistrada encargada del caso ha dictado un nuevo calendario de diligencias que prorroga el proceso hasta julio, tras la reapertura de la causa impulsada por la Fiscalía y la propia denunciante, la concejala Mar Chordá. La decisión judicial llega después de que el Ministerio Fiscal apreciara indicios de delito en unos hechos que podrían constituir vejaciones graves en el ámbito institucional.

El nuevo cronograma judicial es exhaustivo y busca arrojar luz sobre el entorno de trabajo en el consistorio. Las comparecencias arrancarán el próximo 26 de febrero con la declaración de la propia Mar Chordá. A continuación, en un despliegue que se prolongará entre marzo y junio, la jueza tomará declaración a un total de 13 testigos. El proceso culminará el 2 de julio, fecha fijada para la declaración en sede judicial del investigado, el segundo teniente de alcalde Enrique Montalvà.

Comentarios sexistas y baja por depresión

La gravedad de la instrucción se fundamenta en el relato de un presunto acoso sexual y laboral sostenido en el tiempo. Según el procedimiento judicial, se atribuyen a Montalvà comentarios de carácter sexista e intimidatorio, con alusiones constantes al físico y a la vestimenta de la edil, tales como “menudo escote llevas”, “qué corta vas” o “qué fresca”, además de otras expresiones de clara índole sexual.

Este escenario, unido a la falta de apoyo político posterior, tuvo un impacto directo en la salud de Chordá, quien sufrió un cuadro de depresión que la mantuvo de baja médica. La denuncia destaca que la concejala intentó inicialmente resolver la situación de forma interna para proteger la imagen de la institución, pero la falta de soluciones la empujó finalmente a la vía judicial.

Cierre de filas en el gobierno local

A pesar del avance de la causa por acoso sexual y laboral, el ejecutivo de Alzira, compuesto por Compromís y el PSPV, ha mantenido un férreo respaldo al edil investigado. El alcalde, Alfons Domínguez, y la primera teniente de alcalde, Gemma Alós, escenificaron este apoyo en una rueda de prensa conjunta con el propio Montalvà, donde enmarcaron la denuncia en una presunta maniobra política para desestabilizar el pacto de gobierno.

La situación política actual resulta especialmente controvertida para la denunciante. Mientras Mar Chordá fue expulsada del gobierno tras reportar los hechos y continúa hoy apartada de sus funciones delegadas, Enrique Montalvà ha sido reforzado políticamente por el ejecutivo, asumiendo la competencia de Seguridad Ciudadana. La estabilidad de la coalición depende, en gran medida, del voto del edil investigado, lo que explica la resistencia del alcalde a ejecutar su cese pese a la prórroga de la instrucción judicial, aunque la propia concejala denunciante ha ofrecido estabilidad al ejecutivo local.