Las ONG advierten sobre la situación de los presos durante la pandemia: “Se ha visto truncado el derecho a la reinserción”

Las personas presas sufren un doble confinamiento desde que se decretaran las primeras medidas de contención para combatir el coronavirus. Desde mediados de marzo se les impide tener contacto físico con familiares, se han suspendido las actividades, se ha reducido el personal que opera en las prisiones -ahora dividido en turnos- y se ha expulsado a las ONG, que prestaban apoyo. El poco contacto humano que tenían en prisión se ha reducido al trato con los funcionarios de vigilancia, servicio y responsables sanitarios. Viven, como mínimo, una doble condena.

Una decena de asociaciones que trabajan en centros penitenciarios decidió unirse para reivindicar un trato digno a las personas presas durante la pandemia. El llamado tercer sector es responsable de cerca del 80% de actividades complementarias en el sistema penitenciario, según sus propios datos. El resultado de la alianza es el nacimiento de la Coordinadora de las Organizaciones del Entorno Penitenciario de la Comunitat Valenciana (COEPCV), integrada por Adsis Hedra, Àmbit, Asiem, Asprona, Avacosh, Candombe, Casal de la Pau, Horizontes Abiertos, Iniciatives Solidàries, Fisat, OMV-Obra Mercedària València, SEPVAL- Pastoral Penitenciaria, Preven3, Fundación Arzobispo Miguel Roca Proyecto Hombre, y Teuladí.

Estas entidades trabajan con programas de educación afectivoemocional, tratamiento de adicciones y acompañamiento en los transtornos mentales, entre otras. Algunas, como Casal de la Pau, trabajan en proyectos de prevención de reincidencia en jóvenes durante sus primeras condenas, realizan proyectos de formación para jóvenes en situación de marginalidad o talleres para la empleabilidad de las personas que hayan perdido las habilidades sociales, según explica una de sus trabajadoras, Lorena Navarro. Las organizaciones calculan que el 40% de los presos tienen problemas de salud mental y un porcentaje importante tiene alguna adicción. Según Instituciones Penitenciarias, en 2019 más de 2.000 internos en España estaban bajo tratamientos relacionados con la drogodependencia.

La falta de contacto ha interrumpido las terapias y actividades que ayudaban a muchas personas con su salud mental y estado de ánimo. Y entorpece el trabajo de reinserción, el fin que persigue el sistema penal español . Según Javier Villalta, trabajador de Àmbit y miembro de la plataforma, “se ha visto truncado el derecho a la reinserción”, al no continuarse con los trabajos que venían desempeñando.

La parálisis general ha derivado en una mayor lentitud de los procedimientos relacionados con el sistema penal y algunos, como la revisión del grado penitenciario -las juntas penitenciarias-, que permitiría a los reclusos obtener el tercer grado y abandonar la prisión, se están prolongando. Apuntan desde las ONG que Naciones Unidas ha planteado a distintos estados reducir la población reclusa, especialmente aquella vulnerable al virus, y que recordó que las medidas de contención “no deberían vulnerar los derechos fundamentales de los reclusos”. Creen los voluntarios que agilizar los permisos penitenciarios para aquellas personas que cuenten con una alternativa habitacional -domicilio propio o familiar- aliviaría la presión sobre las cárceles.

La escasa atención sanitaria -en comparación con la que tendría cualquier ciudadano en libertad en el contexto actual- pone en riesgo los derechos civiles de las personas presas, denuncian las organizaciones. “Hay una carencia del 75% de médicos y médicas en las prisiones españolas; es algo denunciado incluso por instituciones penitenciarias”, señala este trabajador de la asociación Àmbit. Si ya era “deficiente” el sistema antes de la pandemia, la reducción de sanitarios pone en riesgo a un colectivo vulnerable. No obstante, la coordinadora aplaude el trabajo del personal médico y enfermero de las prisiones valencianas y señala que apenas ha habido casos confirmados

Las entidades reclaman a la administración pública medios para continuar sus trabajos de forma telématica, como tabletas para realizar las sesiones por videollamada. Ofrecen “acompañamiento emocional y psicológico para que las personas puedan paliar los efectos de la ansiedad y prevenir situaciones de crisis en un confinamiento real, que es estar privado de libertad. Estar preso no significa que uno tenga que perder sus derechos civiles”, explica Javier Villalta, que añade: “Proponemos que los psicólogos puedan seguir entrando o se pueda hacer un seguimiento telemático. [desde Àmbit] Atendemos a 90 personas, el 90% [de las atendidas] con problemas de salud mental”.

Este trabajador lanza una llamada a la empatía con las personas presas, recordando que la prisión no elimina los derechos civiles ni los derechos humanos, y señala: “El confinamiento también lo sufren sus familiares”.