La Generalitat modifica el decreto de funcionamiento de los servicios sociales

El Gobierno valenciano inicia el procedimiento para modificar el decreto que regula la tipología y los centros de servicios sociales. El Pleno del Consell del pasado martes acordó aprobar el procedimiento de urgencia para retocar el decreto, uno de los últimos aprobados por el Gobierno del Botánico, y que completaba el modelo de servicios sociales iniciado por Mónica Oltra.

Según el Consell, el trámite tiene por objeto retrasar la puesta en marcha del decreto, tras las quejas del sector. Por lo pronto, la modificación implica alargar los plazos, pero también se desarrollarán cambios en aspectos como las ratios de personal. El decreto daba a los centros dos años para adaptar sus instalaciones y el personal a los nuevos requisitos, y la Generalitat aseguró que “asumirá el incremento de los costes” que se pueda derivar de la mejora de las condiciones del servicio de forma que “nunca va a repercutir sobre las personas usuarias”.

Según el comunicado de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, “desde su entrada en vigor hace ocho meses y después de analizar los diferentes plazos que establece el decreto (...) la conselleria ha constatado, tal como le ha trasladado el mismo sector afectado, la dificultad o imposibilidad de cumplimiento de estos tiempos, por lo cual resulta oportuna y necesaria su modificación”. El pasado septiembre se sacó a consulta pública y este lunes la vicepresidenta segunda, Susana Camarero, anunciaba una ronda de diálogo con el sector.

La patronal de residencias la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) interpueso un recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) en el que reclaman la suspensión de todo el decreto. La patronal aseguró que implicaba un copago y la Generalitat pidió que no generaran alarma social, reiterando que en las plazas públicas y concertadas no habría un aumento del coste. “Las empresas privadas deberán dar explicaciones a sus - para ellos- clientes, si van a repercutir la mejora de su calidad de servicios en los usuarios o harán el esfuerzo de bajar sus beneficios empresariales”, reprochó la entonces vicepresidenta Aitana Mas.

Esta semana, la Vicepresidencia Segunda que dirige Susana Camarero ha iniciado la ronda de encuentros para consensuar la modificación del decreto que regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales. En las reuniones se abordará su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. El director general de Sistema Sociosanitario, José Vicente Anaya, apuntó que el decreto se elaboró “sin consenso y sin atender las demandas de las entidades y agentes de todos los sectores implicados”, algo que ha originado muchas dificultades al sector para el cumplimiento de los requisitos que establecía esa norma. La voluntad del departamento, ha indicado, es “corregirlo”.