Aitana Mas denuncia que la patronal de las residencias genera “alarma social” con cartas a los usuarios afirmando que pagarán más

La patronal de las residencias valencianas, Aerte, continua su ofensiva contra la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Tras recurrir varios decretos del sistema de servicios sociales y presentar una queja al Síndic de Greuges, la patronal asegura que la norma repercutirá en un aumento del coste sobre el usuario, con cartas dirigidas a los residentes.

La agrupación que preside José María Toro ha enviado escritos a los usuarios de las residencias en las que apunta que “se han detectado unas diferencias entre el incremento de los costes asociados a los nuevos requisitos y el incremento de la ayuda”. La cifra que aparece en las cartas a las que ha tenido acceso elDiario.es es de entre 400 y 1.600 euros, asegura la patronal, que les dice a los usuarios: “Deberían ser pagados íntegramente por usted a medida que vaya entrando en vigor el nuevo decreto”. La patronal argumenta que no hay una memoria económica del decreto y realiza sus propios cálculos en base a memorias anteriores.

Este martes, la titular de Políticas Inclusivas, Aitana Mas, negaba las acusaciones de la patronal de las residencias. Mas ha reiterado que este nuevo decreto no supondrá un aumento de precio en las plazas públicas y concertadas contratadas por la Generalitat ni un copago para los usuarios. Por contra, “las empresas privadas deberán dar explicaciones a sus - para ellos- clientes, si van a repercutir la mejora de su calidad de servicios en los usuarios o harán el esfuerzo de bajar sus beneficios empresariales”. La dirigente de Compromís ha reprochado a la patronal que genere “alarma social”, enviando cartas que “hacen sufrir a los usuarios y sus familias, que están en situación de vulnerabilidad y no se merecen que haya un ruido tan grande que no se ponga la atención en las cuestiones positivas”.

En diciembre, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas suscribió un convenio pactado con los sindicatos y con la CEV que aumenta los salarios de la plantilla de servicios sociales. Además, la pasada semana aumentó el máximo de las ayudas, que pasan a gestionarse en mayor volumen por las familias: de los 2.300 euros como máximo que se aportan, la empresa de residencias recibe directamente 715 por cada plaza. La coordinadora Recova, que agrupa a usuarios de residencias de mayores, ha elogiado el decreto. “Es un gran avance en muchos aspectos respecto de la obsoleta normativa actual: diseña residencias estructuradas en módulos, sin sujeciones, con más personal, con transparencia en inspecciones y con participación de familiares”, indica.

En la presentación del decreto, Mas subrayó que la Generalitat Valenciana “asumirá el incremento de los costes” que se pueda derivar de la mejora de las condiciones del servicio de forma que “nunca va a repercutir sobre las personas usuarias”. La norma, que desarrolla la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, garantiza “la mejora de las ratios, adaptándolas a los acuerdos con el resto de comunidades autónomas y con el ministerio, y la calidad de las prestaciones que se ofrecen en estos centros, con una estimación económica para las plazas públicas y concertadas de 137 millones de euros hasta 2027”, en palabras de la vicepresidenta del Consell.