Una promotora presiona por carta a los diputados de las Corts Valencianes para evitar el rechazo a la urbanización de la última playa virgen de Orihuela

La costa de Orihuela que se pretende urbanizar.

El proyecto de urbanización de la última franja de playa virgen en Orihuela, atascado administrativamente desde 2007, ha terminado agitando la comisión de Obras Públicas en las Corts Valencianes. Representantes de Compromís y Unides Podem en la comisión denuncian presiones de la promotora urbanística para rechazar una proposición no de ley (PNL) que pide al Gobierno valenciano que medie para paralizar el proyecto.

La firma de abogados que representa a la mercantil Playa Salvaje, que proyecta una urbanización en el municipio alicantino, ha enviado varios escritos a los parlamentarios en los que defiende su proyecto, rechaza la proposición parlamentaria e incluso advierte de las consecuencias legales de la paralización de los trámites. El grupo parlamentario Unides Podem presentó una propuesta para su debate en la comisión, que traslada una moción presentada por el partido en el Ayuntamiento de Orihuela, donde mantiene desde hace años un pulso con la mercantil. De hecho, Cambiemos Orihuela fue condenado en costas en el último procedimiento judicial contra la constructora.

La propuesta parlamentaria de los morados, apoyada por Compromís, critica el modelo de "urbanismo depredador", incide en la "crisis climática" e insta al Ejecutivo autonómico a que medie con el Ayuntamiento para revertir el proyecto y preservar el paraje natural. El texto pide al gobierno municipal que no eleve a su pleno la modificación del plan parcial -requisito para comenzar la urbanización- hasta que se resuelva el conflicto y aboga por estudiar las fórmulas de compensación a la constructora.

El proyecto se remonta varias décadas atrás y arrastra un cruce de denuncias y recursos en los tribunales, que, hasta la fecha, la promotora ha salvado. El proyecto de urbanizar en 456.000 metros cuadrados está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana, que lo declara en 1990 suelo urbanizable programado. Posteriormente, el Ayuntamiento del PP aprobó en sesiones plenarias los planes parciales para su desarrollo urbanístico, la última antes de acabar el mandato en 2007, provocando la respuesta de parte de la sociedad civil y política oriolana, que se unió para frenar la construcción del complejo. De dicha respuesta salieron 7.000 firmas camino del Parlamento Europeo, que resolvió en 2012 que el agente urbanizador, Playa Salvaje S.A, no podía continuar sin un estudio de impacto ambiental favorable que finalmente llegó en 2015. En 2019 la Generalitat Valenciana emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) con condicionantes a la ejecución del proyecto, pero favorable a la construcción. Un año después, el Plan de Infraestructuras Verdes del Litoral (Pativel) atendió a las alegaciones de partidos de izquierdas y colectivos medioambientales y le dio al espacio una protección transitoria que supone que si la empresa no empieza la construcción en cinco años (desde 2017), pasaría a estar totalmente protegido.

La constructora ha advertido en varias ocasiones de que la paralización implicaría una indemnización superior a los 200 millones de euros y, según fuentes municipales, insiste de forma periódica en que el consistorio dé el visto bueno a la modificación del plan general municipal para autorizar el proyecto urbanístico ya adaptado.

Algunos parlamentarios autonómicos de Compromís y Unides Podem se muestran molestos y se sienten presionados por la promotora que, consideran, envía a sus abogados a "amenazarles" por hacer una declaración política. Los parlamentarios consultaron con los servicios jurídicos el impacto del texto, dado que la promotora advertía de responsabilidad patrimonial a quienes frenaran los trámites. "La PNL es un planteamiento político", insisten los miembros de la comisión.

El debate de la proposición no de ley estaba previsto para este martes, pero las numerosas comparecencias en la comisión de Obras Públicas han provocado su retraso hasta septiembre, cuando se reanude el periodo ordinario de sesiones. Se da la circunstancia de que el lunes el grupo socialista registró una enmienda a la propuesta de sus socios en el Gobierno del Pacto del Botánico en la que corregía sus planteamientos e instaba a acelerar el proceso. Poco después, la firma de abogados enviaba otro escrito a los miembros de la comisión invitándoles a apoyar la enmienda presentada por el grupo parlamentario PSPV-PSOE.

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