Pulso por la tramitación de licencias urbanísticas en Valencia: los colegios de arquitectos se ofrecen ante el rechazo de los funcionarios

El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) y el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación (CAATIE) han acordado ofrecer sus recursos al ayuntamiento de la capital valenciana para reducir los tiempos de espera en la concesión de licencias que actualmente, según dicen, “acumula demoras de más de un año”. Paradójicamente, el Colegio de Arquitectos ha interpuesto algunos recursos contra los expedientes de obras públicas que retrasan la tramitación de las licencias.

Ambas entidades colegiales pretenden ponerse a disposición del ayuntamiento para ocuparse de la verificación técnica y formal de la documentación requerida en la concesión de licencias para agilizar los tiempos de espera. Se trataría de intervenir en el proceso de gestión de licencias, a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento. 

“Queremos colaborar en la resolución de un problema que nos afecta a todos. Nuestros colegios profesionales, como corporaciones de derecho público, independientes y especializadas en su ámbito de actividad, pueden prestar servicios al Ayuntamiento para favorecer el funcionamiento ágil, tanto de la edificación en la ciudad como de las actividades económicas que precisan de una licencia de actividad”, asegura la presidenta del CTAV, Marina Sender.

Sin embargo, fuentes del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de València señalan que de los 10.000 expedientes que se encontró la Corporación municipal en 2015, con el cambio de gobierno, actualmente hay abiertos unos 3.000. De estos, no todos son de licencias pendientes de concesión ya que el expediente se mantiene abierto hasta que se obtiene el certificado final de obra, mientras que la licencia ya está concedida. “Menos de la mitad están pendientes de obtener licencia”, señalan las mismas fuentes.

El plazo actual en el que se informan los proyectos se ha reducido de un año a siete meses. Además, el consistorio también recurre a la opción de la declaración responsable, en la que se presenta la documentación y, tras las comprobaciones pertinentes, se puede iniciar la obra.

La colaboración por parte del CTAV y del CAATIE, argumentan, está avalada por la ley autonómica de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) e incluida en las funciones de los colegios profesionales en su colaboración con los ayuntamientos.

Por otro lado, la sección sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Ayuntamiento de Valencia ha reaccionado ante la “manipulación e hipocresía” de ambos colegios profesionales. El sindicato defiende la función pública “frente al acoso constante por parte de diversos colectivos empresariales del sector inmobiliario y de los intereses corporativistas de dichos colegios profesionales”.

“Consideramos que pretender hacer creer que los supuestos problemas de tramitación de las licencias son causados exclusivamente por la gestión administrativa y ofrecerse a sustituir al personal funcionario en su tarea de garantizar el interés general y el cumplimiento de la legalidad es, como mínimo atrevido, cuando tanto en el sector privado como en el público es bien sabido que el registro y visado de proyectos que realizan dichos colegios se ha demostrado poco riguroso e ineficaz como mecanismo de control del cumplimiento de la normativa urbanística y técnica que precisamente evalúa el personal funcionario en la tramitación de las licencias”, sostiene CGT.

Además, el sindicato duda de la legalidad del convenio de colaboración propuesto y alude a un procedimiento sancionador contra varios ayuntamientos, entre ellos el de Valencia, por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, “que declaraba su irregularidad”.