El caos de las basuras le cuesta la presidencia del Consorcio de la Vega Baja a la alcaldesa del PP de Bigastro

La junta de Gobierno del Consorcio de Residuos de la Vega Baja aprobó este viernes el nombramiento del socialista Joaquín Hernádez como nuevo presidente del Consorcio con los votos afirmativos de la Generalitat Valenciana y de los 15 municipios que firmaron la petición de revocación de la expresidenta Teresa Belmonte (PP), todos ellos del PSPV, Compromís y un independiente.

El alcalde de Dolores y nuevo presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible tiene por objetivo “poner en marcha la planta de transferencia de Dolores para implementar la recogida de la materia orgánica en el territorio y así avanzar en el cumplimiento de la normativa de la legislación de residuos”.

Esta planta lleva más de un año clausurada tras una inversión de la Conselleria de Transición Ecológica de 2,6 millones de euros, y la hasta ahora presidenta se negaba a abrirla pese a que aumentaría la capacidad y flexibilidad del sistema en la Vega Baja.

El nuevo presidente Joaquín Hernández también ha señalado que implementar la recogida separada de la quinta fracción también abaratará los costes de recogida, ya que la apertura de la planta permitirá disminuir los tiempos de transporte y mejorar la eficiencia del servicio de recogida de residuos.

Hasta ahora, los municipios de la Vega Baja recogían los residuos en los camiones recolectores y los llevaban directamente a los centros de tratamiento de diversas localidades del entorno, como Elche, Alicante, Xixona o Villena, cuyos accesos se ven colapsados por el trasiego de camiones.

La apertura de la Planta de Transferencia de Dolores también mejorará la huella de carbono de la Vega Baja. Al reducir el número de camiones que trasladan residuos, se disminuirán también las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero: “La recogida separada de la materia orgánica también minimizará las emisiones de los vertederos y nos permitirá convertir estos residuos en un recurso útil y beneficioso para el entorno, el compost,” ha declarado el presidente del Consorcio.

El nuevo presidente también ha destacado otros objetivos para el Consorcio Vega Baja Sostenible como la aprobación de un precio de gestión consorciada para los 27 municipios que lo conforman, la aprobación de un proyecto de gestión de residuos domésticos y reformar y mejorar el ecoparque fijo de Torrevieja. Con estas nuevas medidas, Hernández busca “avanzar hacia una gestión de residuos más eficiente y económica y más sostenible para el medio ambiente.”

La situación de parálisis que se vivía hasta ahora en lo que a gestión de residuos se refiere propició que la Conselleria de Emergencia Climática y Transición Ecológica amenzara con intervenir el Consorcio si no se ponía en marcha la planta de Dolores y se avanzaba en una gestión más eficiente, tal y como establece la normativa ambiental.

Según la conselleria, la planta de transferencia de Dolores permitiría aumentar el reciclaje en origen mediante la implantación de más contenedores al contar con una instalación específica mucho más cercana y preparada, desde la cual en grandes trailers con 24 toneladas de capacidad ya se trasladarían los residuos separados a las diversas plantas de tratamiento, reduciendo cuatro veces los viajes actuales y por tanto las emisiones.

Ante esta situación, los alcaldes de Algorfa, Benferri, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Rafal, Rojales, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel de Salinas, todos del PSPV, salvo el de Daya Vieja, de Compromís, y el de Catral, que es independiente, han votado a favor del cese de Belmonte. También el 25% de representación que tiene en el Consorcio la Generalitat Valenciana, mientras la Diputación de Alicante se ha abstenido. Según fuentes consultadas, la expresidenta solicitó la abstención de ambas administraciones al entender que era una cuestión que debían resolver los municipios.

Una década de parálisis por Brugal

La judicialización del caso Brugal ha generado un retraso acumulado de 16 años en la ejecución de infraestructuras relacionadas con gestión de residuos en Alicante, sobre todo en la Vega Baja, lo que ha provocado que ahora todos los proyectos se tengan que adaptar a la normativa vigente, lo que dificulta aún más la situación.

El juez de la causa que dio origen al caso Brugal (acrónimo de “basuras rurales gestión Alicante”) inició la investigación en el año 2006 en torno a la presunta trama de corrupción en la adjudicación del servicio de basura de Orihuela (la Vega Baja del Segura) durante la etapa del alcalde popular José Manuel Medina.

El empresario Ángel Fenoll, que tenía un enorme basurero en los límites de la Comunidad Valenciana y Murcia, reveló una grabación con un concejal de Orihuela en la que se hablaba de un intento de soborno al alcalde del Partido Popular, José Manuel Medina, y otros concejales del PP y del Centro Liberal de Orihuela por parte de la empresa competidora Urbaser, en relación a la adjudicación del contrato de los servicios de recogida de basuras.

En la causa, que dio lugar a más de una veintena de piezas, fue detenido e imputado Fenoll y se vio salpicado el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, por la manipulación del plan zonal de residuos de la Vega Baja.

Aunque los 34 acusados en la pieza separada relativa al contrato de Orihuela fueron absueltos por la sección séptima de la Audiencia de Alicante tras anularse las grabaciones iniciales que realizó el empresario Ángel Fenoll y de las que emanaron los pinchazos telefónicos posteriores de la Policía y el resto de las pruebas documentales, las consecuencias de este entramado se siguen padeciendo en la gestión de los residuos de la zona, que está al borde del colapso.