La Generalitat crea la Societat Valenciana d’ITV, la empresa pública que gestionará las inspecciones de vehículos que privatizó Zaplana

El Gobierno valenciano aprobó este viernes el decreto ley por el cual se autoriza la creación de la Societat Valenciana d’ITV, la empresa pública dependiente de la Conselleria de Economia que gestionará el servicio de la inspección técnica de vehículos a partir del 1 de enero de 2023, una vez finalice la concesión de 25 años otorgada en 1997 por el expresidente Eduardo Zaplaza (PP), operación por la cual está imputado en el marco del 'caso Erial'.

El Gobierno valenciano notificó en septiembre del año pasado a las empresas concesinarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que no renovará los contratos una vez finalizada su vigencia.

Según la memoria económica para la creación de la nueva mercantil, la razón fundamental que avala este modelo de gestión directa “es la mejora en la calidad y coste del servicio que presta la Generalitat de la que se deberán beneficiar todos los usuarios del mismo”.

En este sentido, “el enorme incremento experimentado en este servicio en los últimos 25 años hace que, en estos momentos, se trate de un servicio público de una repercusión enorme en cuanto a su llegada a amplias capas de la población que deben utilizarlo”. Junto a ello, “se presenta el superávit que genera actualmente el servicio y que, en este momento, es la fuente de los beneficios obtenidos por las empresas concesionarias”.

Por ello “la creación de una nueva entidad y la adscripción del servicio a la misma permitirá, con dichos recursos, plantear y conseguir el doble objetivo de obtener nuevas mejoras e inversiones en el servicio de forma que mejore la calidad en el mismo al tiempo que reducir la tarifa que soportan los usuarios”.

En cuanto a la situación de los empleados, la mencionada memoria establece que “la reversión de los diferentes lotes de concesión de ITV dará lugar a la subrogación de la mayor parte del personal contratado por las sociedades concesionarias”.

Dicha subrogación del personal por el nuevo ente gestor “supone entre otras actividades, una auditoria de personal donde se compruebe la antigüedad de las contrataciones realizadas por las concesionarias y se proponga, bajo los principios de eficacia y eficiencia, una nueva estructuración de la plantilla existente”.

Lo anterior conllevará ineludiblemente “la propuesta de prejubilaciones, readaptaciones al nuevo puesto de trabajo y la constatación de los contratos laborales que se hayan celebrado en el periodo que comprende los tres años anteriores al vencimiento de la concesión, para, si se considera oportuno, proceder a la eliminación o no del puesto”. El personal que finalmente deba subrogar la nueva entidad “es de carácter laboral dado que proviene de empresas privadas”.

Según la información “suministrada por los concesionarios, se observa la existencia de 999 contratos laborales”. Por lo tanto, “el análisis a realizar previamente a la recepción de las concesiones versará sobre la situación del personal laboral y la propuesta de un convenio colectivo a aplicar a todo el personal de las estaciones de ITV a gestionar”.

No obstante, “para el ejercicio 2022 de planificación y análisis de las cuestiones relativas a las operaciones derivadas de la terminación de las concesiones y la continuación del servicio por la nueva empresa, se prevé la contratación de la gerencia y de dos administrativos partiendo de los salarios del Ivace en el ejercicio 2021”.

La aportación inicial a realizar se compone del capital social de la entidad para su constitución, cuyo importe previsto asciende a 60.000,00 euros, y fondos suficientes para hacer frente a los gastos e inversiones derivados de la creación de la estructura organizativa inicial y el asesoramiento necesario para el buen fin de la reversión definitiva de los diversos lotes: “Dicha aportación para hacer frente a los gastos de explotación iniciales puede ser compensada mediante la distribución de dividendos de la sociedad en periodos posteriores. El importe total de la aportación estimada asciende a 756.163,92 euros” entre indemnizaciones a determinadas concesionarias por inversiones, personal y gastos generales.

La aportación de ese importe de 756.163,92 euros no supone un incremento de gasto para la Generalitat en el ejercicio 2022, ya que los créditos necesarios figuran consignados en el presupuesto para 2022.

Economía estima que los ingresos netos para la Generalitat, descontando los gastos y las inversiones realizadas para la ampliación de la red de estaciones de las ITV, serían de 39,3 millones de euros anuales.

Un servicio lastrado por la corrupción del PP

El caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

La operación de externalización de un servicio que era público en los años 90 del siglo pasado sirvió para que unos pocos años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones de euros que son los que, a su vez, se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama internacional que se investiga en el caso Erial. Sedesa, vinculada a la familia Cotino, vendió su concesión por 86 millones de euros y la repartió entre muchos de los ahora investigados.

La adjudicación de los lotes de las ITV, uno de los epicentros del caso, se llevó a cabo en 1997 y resultaron agraciados varios empresarios que habían llevado a Zaplana de la mano al poder autonómico valenciano, allanando el pacto entre Unió Valenciana y el Partido Popular (el conocido como pacto del pollo) tras las elecciones autonómicas de 1995.

Un informe anterior de la UCO concluyó que el reparto posterior de las comisiones fue de 10,5 millones para la trama internacional liderada por Eduardo Zaplana; 11,3 para el que fuera director de la policía con Aznar Juan Cotino y 580.000 euros para el expresidente de Bancaja y de la Generalitat José Luis Olivas.