El hijo de un exconseller del PP paraliza un contrato de asesoría financiera en la empresa pública de vivienda de València

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, paraliza un proceso de contratación de asesoría financiera de la empresa pública de vivienda de València. El Tribunal estima el recurso interpuesto por la empresa Dula Auditores, excluida de uno de los lotes que concurrían al proceso, y adopta como medida cautelar la suspensión del procedimiento de contratación.

La Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (AUMSA) sacó a licitación el pasado abril el contrato para el servicio de asesoramiento, asistencia técnica y gestión en materia fiscal, económico-financiera, presupuestaria, contable y laboral del ente, un proceso que dividió en tres lotes. Uno para la parte fiscal, otro para la financiera y un tercero para la contable; los dos primeros por valor de 55.000 euros y el tercero por 33.000 euros, IVA incluido.

El recurso, que paraliza el procedimiento del contrato de asesoría financiera, por valor de 55.000 euros para dos años, lo presentó el pasado mayo Eduardo Such en representación de la empresa que administra. Such es hijo del exconseller Diego Such, responsable de Industria, Comercio y Turismo en el primer Ejecutivo de Eduardo Zaplana, en 1995, y uno de los nombres que sonaba en las quinielas para la Conselleria de Economía y Hacienda en el Consell de Carlos Mazón. Eduardo Such, profesor de Economía en la Universidad de Alicante, asesoró al PP valenciano en su propuesta de reforma fiscal previa a las elecciones.

El pasado febrero la mercantil Dula Auditores consiguió la adjudicación de tres contratos de auditoría de la Agencia Valenciana Antifraude por valor de 33.000 euros; tres de los cinco lotes que el organismo público sacó para evaluar el trabajo del ente, ahora bajo una dirección escogida por PP y Vox. La empresa obtuvo la mejor puntuación en todos los casos.

Dula Auditores recurrió en mayo el acta de calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para el contrato de AUMSA, por la que quedaba excluida del proceso. Fue excluida, según el acta, por “no haber acreditado la solvencia técnica”, a la par que “no aportan servicios realizados de igual o similar naturaleza al objeto del contrato que se licita, cuyos destinatarios sean del sector público, y que superen los importes indicados en los pliegos, no habiendo justificado debidamente el cumplimiento con lo establecido” en la ley de contratos del sector público en el plazo previsto.

El Tribunal trasladó la resolución el pasado viernes, donde estima el recurso de la mercantil de Such, y señala: “Los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspender cautelarmente este hasta el momento que se dicte la resolución del recurso”. Con todo, en el orden del día del Consejo de Administración de AUMSA, que se celebra este jueves, figura la adjudicación del contrato.