12 millones y 18 años después, el problema de los purines sigue ahí

De las cinco plantas de purines que la Diputación de Castellón construyó en el año 2000, sólo una de ellas funciona. Y esta instalación -la de Todolella- lo hace a un 35 % de su capacidad y sin licencia para el tratamiento de estos residuos, según el PSOE provincial, y con un grave impacto ambiental debido a sus deficiencias, según Castelló en Moviment. 

Mientras, los ganaderos de la provincia siguen enfrentándose al problema de qué hacer con sus purines. El asunto se debatió a instancias de Compromís en el Pleno ordinario que la Diputación celebró el martes. Santiago Pérez, del PSOE, explicó que ante la ausencia de plantas de procesamiento, muchos ganaderos transportan los residuos hasta los cultivos y los vierten en superficie como abono. 

El problema, explicó el diputado socialista, es que la normativa europea prohíbe desde enero de este año esta práctica. Es por ello que, aunque se está negociando una moratoria hasta el año 2023, la cuestión de qué hacer con los purines es ya una urgencia. 

Construidas y sin uso 

La provincia se enfrenta a esta situación pese a contar con cinco plantas de tratamiento de purines. Fueron construidas en el año 2000 con 11,5 millones de euros de dinero público -a los que se sumaron los 7,5 millones que la empresa concesionaria, una unión temporal de empresas formada por Tecma y Urbaser, debía aportar- y la promesa de que tratarían 500.000 m3 de estiércol al año.  Esta cifra nunca se alcanzó y en la actualidad, cuatro de las cinco plantas están en desuso y en estado de ruina. 

La construcción de las plantas bajo el liderazgo del presidente provincial Carlos Fabra pudo adolecer de otras irregularidades. El pasado diciembre, PSPV y Castelló en Moviment denunciaron que las expropiaciones de los terrenos en los que se asentaron las plantas recayeron en terrenos de personas o entidades que “hay que saber si se beneficiaron de información privilegiada”, afirmó Santiago Pérez.

Dinero público para rescatar las plantas 

El nuevo presidente de la Diputación, Javier Moliner, se encontró con esta situación a su llegada al poder en 2015. Decidió entonces recuperar las instalaciones. Para ello, pagó una indemnización de 500.000 euros a la empresa concesionaria y le devolvió una fianza de 1,1 millones, pese a que esta compañía no había cumplido el contrato firmado. Según justificó el equipo de Moliner el pasado mes de diciembre, fue una decisión ajustada a criterios técnicos.  

Actualmente, la Diputación está barajando diferentes opciones para recuperar las plantas. El equipo de gobierno está en conversaciones con EPSAR, la entidad pública autonómica de saneamiento de aguas, y con el Consorcio 2 de gestión de residuos para combinar el tratamiento de purines con el procesamiento de restos de poda y de lodos. 

Una de las cuestiones pendientes es cuánto dinero habrá que invertir para reformar las instalaciones, que en la actualidad están abandonadas. Según la Diputación, el montante dependerá del uso final. 

Purines, para abono y combustible 

En el Pleno del martes, Compromís presentó una propuesta en la que pidió al equipo de Gobierno que tenga en cuenta la opinión del sector ganadero para diseñar el futuro del tratamiento de purines.

También que se atienda a experiencias en otras zonas de España, como Teruel, Ourense y Catalunya, y a la necesidad de subvencionar la diferencia del coste entre transportar los purines y verterlos directamente en un cultivo.

Por su parte, Castelló en Moviment propuso que se tenga en cuenta la opinión de los colectivos ecologistas para evitar la posible contaminación del suelo y los acuíferos con los residuos ganaderos, y que se analicen otros destinos que pueden tener estas sustancias además del abono agrícola, como puede ser el de convertirse en combustible. 

Un estudio en marcha 

El PP votó en contra de la propuesta. El diputado Mario García la consideró “extemporánea y repetitiva” porque, explicó, la institución ya está teniendo en cuenta el criterio de los ganaderos mediante un acuerdo con la Unió de Llauradors.

Esta organización agraria ha firmado un contrato por el que analizará las necesidades de las explotaciones ganaderas y la situación de sus titulares, entre otros aspectos. García se mostró abierto a incorporar las propuestas de la oposición al proyecto del equipo de Gobierno.