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Quién dirige la Agencia de Protección de Datos que ha expedientado por una encuesta al Ayuntamiento de Valencia

Mar España, que fue viceconsejera de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal y dirige ahora la agencia estatal, abre de oficio un procedimiento contra un estudio demoscópico del mundo fallero que el PP criticó con dureza

Mar España / Foto: JCCM

Mar España / Foto: JCCM

La encuesta encargada por el Ayuntamiento de Valencia a la empresa Invest Group fue descalificada por el PP y Ciudadanos, en la oposición, porque recababa la opinión de los falleros sobre preferencias políticas entre otros muchos datos relacionados con la organización de las fiestas y la convivencia con los vecinos de la ciudad. El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset, de Compromís, presentó los resultados el pasado 1 de agosto.

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, ha decidido abrir al Ayuntamiento de Valencia un expediente por dos supuestas infracciones graves a raíz de ese estudio demoscópico. El procedimiento se basa en que supuestamente los participantes en la encuesta, personas del mundo de las Fallas, no consintieron por escrito el uso de las respuestas. Según los servicios de inspección del organismo "se habían recabado datos personales de los encuestados sin que estos hubieran consentido de forma expresa y por escrito el tratamiento de sus datos".

Fuentes de la empresa responsable de la realización de la encuesta han señalado al diario Levante-EMV que utilizan la metodología que emplea el CIS y siguen la normativa de la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados.

Por su parte, el Ayuntamiento que preside Joan Ribó ha solicitado a la Agencia que archive el procedimiento "por falta de motivación" ya que "nunca ha tenido datos de carácter personal de las personas encuestadas". Desde la concejalía de Cultura Festiva, que destaca "la reconocida solvencia y experiencia en el ámbito de la demoscopia" de la empresa encargada, se señala que "la Agencia de Protección de Datos no ha hecho en ningún momento requerimiento de dato alguno a la empresa encuestadora, sino al Ayuntamiento, que nunca ha tenido en su posesión ningún tipo de datos personales, como pudieron comprobar los inspectores de la Agencia".

Mientras el PP, a través del presidente de la gestora local, Luis Santamaría, asegura que la agencia les "da la razón" porque denunciaron la ilegalidad de la encuesta, y ya da por hecho que el expediente se traducirá en una multa, el departamento del concejal Pere Fuset asegura que "esta actuación solo se entiende por una motivación estrictamente política y no desde un punto de vista jurídico". Fuset acusa al PP de hacer "un uso partidista de las instituciones públicas".

Esta última afirmación es posible porque la directora de la Agencia Española de Protección de Datos fue una estrecha colaboradora de la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en el gobierno de Castilla-La Mancha. Mar España fue viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas en el Ejecutivo que presidía Cospedal. Su nombramiento al frente de la Agencia se produjo dentro de un proceso de recolocación en el Gobierno central de altos cargos que colaboraron con Cospedal, como los consejeros Marcial Martín y Carmen Casero, tras la pérdida del poder que el PP sufrió en 2015 en la comunidad castellano-manchega.

Un precedente similar ocurrido con el Gobierno socialista, cuando se colocó en septiembre de 2011 al frente de la Agencia de Protección de Datos a José Luis Rodríguez Álvarez, que hasta ese momento había sido jefe de gabinete del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, fue duramente criticado por el PP, que consideró entonces que se producía un grave conflicto de intereses.

El anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que está desde hace una semanas en la mesa del Consejo de Ministros, mantiene el nombramiento por el Gobierno del responsable de la Agencia de Protección de Datos, que pasa a tener la condición de presidente, con estatus de secretario de Estado.

"Será nombrado por el Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, mediante real decreto entre profesionales de reconocida competencia con conocimientos y experiencia acreditados para el desempeño de sus funciones", dice el texto, que no atiende las reclamaciones que desde diversos ámbitos se han venido haciendo para que el nombramiento se desgubernamentalice y garantice así su "plena independencia y objetividad".

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