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La auditoría sobre el hospital privatizado de Dénia concluye que fue un “traje a medida” para la concesionaria

El esperado informe, hecho público por la Plataforma, detecta diez graves fallos en Marina Salud (DKV y Ribera Salud) y que la comarca ha contado con el número más bajo de profesionales de la Comunitat Valenciana

La Conselleria tiene en su poder el estudio desde el 8 de enero, pero no lo ha hecho público en plena negociación con la concesionaria por la reversión

Hospital de Dénia, gestionado por Marina Salud.

Hospital de Dénia, gestionado por Marina Salud.

“Este informe no se hizo para estar guardado un cajón. Ya le advertimos a la Conselleria de Sanidad de que si ella no lo hacía público en dos semanas lo haríamos nosotros”, pese a que el informe se encuentra en manos de la Conselleria desde el pasado 8 de enero. A pesar de que las conclusiones de la auditoría son demoledoras para la concesionaria Marina Salud, el departamento de Ana Barceló no lo ha publicitado ni lo ha remitido a les Corts Valencianes, que en su día aprobó realizarlo por unanimidad de todas las fuerzas políticas.

Lo que ya no se sabe es si la Conselleria ha utilizado la auditoría como un arma de fuerza en la negociación que mantiene con los socios de Marina Salud para lograr la reversión del departamento de la Marina Alta. Si lo ha hecho, Barceló y su equipo tampoco lo han contado. Esta actitud ahonda en el divorcio entre la Conselleria y la propia plataforma, que lamenta que el cambio político que tuvo lugar en 2015 apenas haya servido para mejorar la asistencia sanitaria en la Marina Alta que había dejado en herencia el PP, más allá de las vagas promesas sobre la reversión que aún no se han cumplido.

La auditoría, que fue aprobada por les Corts a propuesta de Podemos, ha sido confeccionada por representantes de todos los grupos políticos de la cámara autonómica, si bien PP y Ciudadanos fueron los únicos que votaron contra el resultado final, lo que da una pista sobre su actitud sobre este modelo privatizado si alcanzan el poder en València tras las elecciones del 28 de abril. También participaron en el análisis un representante de la Plataforma, de los ayuntamientos de la comarca, del Comité de Empresa y de la Junta de Personal, así como funcionarios de la Generalitat.

Los diez grandes problemas de Marina Salud

Entrando en materia, las conclusiones del análisis, para el que se invirtieron 14 meses de trabajo, ponen en tela de juicio todo el modelo de sanidad privatizada de la Marina Alta desde sus cimientos. Cuestiona cómo se hizo la adjudicación a la concesionaria, la pésima asistencia sanitaria, los costes extraordinarios que el sistema ha acarreado para las arcas públicas, los incumplimientos de Marina Salud a la hora de construir las dotaciones sanitarias, el colapso de algunos departamentos, la injusta situación de los trabajadores o el hecho de que se haya vivido una judicialización de la sanidad. Algunos de estos males son comunes a todas las áreas privatizadas –también se han hecho auditorías en los otros tres hospitales bajo concesión, los de Torrevieja, Elx-Crevillent y Manises–; otros afectaron y aún afectan de forma muy concreta a la Marina Alta.

Estas son las diez conclusiones sobre el Hospital de Dénia

1."Un traje a medida para Marina Salud"

La auditoría concluye que “los pliegos de condiciones” por lo que las empresas se quedaron las distintas concesiones “se redactaron a medida de los adjudicatarios”. Hay varias pruebas: esas condiciones únicamente estuvieron expuestas al público 45 días, “un periodo de tiempo en el que, como sucedió en Dénia, era imposible planificar ya no todo un departamento sino también la construcción de un nuevo hospital”. La conclusión es obvia: “Marina Salud ya tenía noticias de la adjudicación mucho antes de que saliera a concurso”.

Además, sigue el estudio, “el mero hecho de que tan solo se presentara una empresa a la licitación del concurso del Departamento de Salud de Dénia ya es bastante indicativo de un fallo en el sistema de libre competencia”.

2. Cambios constantes en los términos del contrato

Directivos de la conselleria y de la empresa debían velar por el funcionamiento del área, pero “se han extralimitado en sus funciones, incumpliendo diversos preceptos legales y usurpando las competencias del órgano de contratación”. Y lo hicieron modificando “de forma irregular o ilegal” los servicios que la empresa estaba obligada a prestar, “lo que es un fallo fundamental del sistema ya que de haber estado perfectamente claros los términos del contrato se hubieran podido presentar al concurso otros licitadores”.

3. La judicialización de la sanidad

Debido a la ambigüedad del contrato y al continúo tira y afloja entre adjudicatarios y administración, el sistema concesional se encuentra totalmente judicializado, lo que conlleva la inseguridad del modelo, elevados costes económicos, desprestigio y tensión política, laboral, y social. En el caso del Hospital de Alzira la empresa interpuso 46 demandas contra el Consell del Botànic. Algunas, aún pendientes de resolución.

4. Un sistema que no querrían en Gran Bretaña porque es imposible controlar a las empresas

Tal y como explicita el informe de la Oficina Europea del NHS (el Servicio de Salud de Gran Bretaña), el modelo Alzira indica a los adjudicatarios qué hacer, pero no cómo hacerlo, que queda así al libre criterio de las mercantiles. Eso ata de pies y manos a la administración, impotente para controlar el sistema y sin poder aplicar sanciones en caso de incumplimiento por parte de las concesionarias. “Por ello es un sistema que no se hubiera podido implantar en Gran Bretaña”.

5. No hay pruebas de que el sistema sea más eficaz

La auditoría pone además en tela de juicio uno de los grandes mantras que repiten otros informes: que la sanidad privatizada es un 20% más barata. Es verdad que en el caso de Dénia es imposible establecer el balance económico de la concesión hasta que no se hayan practicado las liquidaciones, pendientes desde el arranque de la concesión en 2009.  Pero la auditoría subraya que esas voces que hablan de que el sistema privado es más barato y eficaz no tienen en cuenta muchas cosas de las que ha pasado en la Marina Alta como “la inmensa cuantía de los pagos a cuenta y resarcimientos por enriquecimiento injusto acordados en las comisiones mixtas, respecto al exceso de personal, las compensaciones económicas por tratamiento de hemodiálisis o a pacientes anteriores al arranque de la concesión, facturación de pacientes de otras Comunidades Autónomos y extranjeros…”.

Y no sólo eso. El departamento de Dénia también ha tenido costes que por ahora no se han contabilizado por servicios externalizados: la expropiación de los terrenos para la ampliación del Hospital Marina Alta en La Pedrera que pagó el Ayuntamiento de Dénia y que nunca se llevó a cabo;  los estudios previos a la adjudicación que realizó la empresa Antares Consulting; los juicios y abogados; la duplicidad de profesionales que aún se dan con los profesionales del Hospital La Pedrera, pues hay que recordar que cuando Marina Salud desembarcó “escogió sólo a los trabajadores que le convenía y a los otros los dejó en el antiguo hospital”; o los costes de tener La Pedrera rindiendo por debajo de su capacidad real por no derivar pacientes del departamento de Dénia.

6. A la cola de la Comunitat en profesionales y pacientes de la Marina Alta "secuestrados"

Otra representante de la Plataforma, Pascua Torregrosa, recordó que la Marina Alta se encuentra a la cola de la Comunitat en personal de enfermería, celadores o administrativos. Y subrayó los pésimos ratios de profesionales que arrastra el Hospital de Dénia, que tiene 8,07 trabajadores por mil habitantes, un número inferior al del resto de concesiones (8,16 por mil), al de los hospitales públicos (con una ratio de 10,8) o al de los hospitales de referencia (11,7 por mil).

7. Todo lo que Marina Salud y la conselleria han incumplido

La auditoría ha detectado numerosos incumplimientos de contrato por parte tanto de la concesionaria como de la Conselleria, como la negativa a construir el centro de salud de Dénia o ampliar el de Calp; la ausencia del plan de inversiones; la imposibilidad de controlar las dimensiones de la plantilla; la violación de la normativa laboral, como lo han atestiguado las numerosas multas de la Inspección de Trabajo; la externacionalización del servicio de laboratorio sin garantías laborales; o la amortización de plazas del personal estatutario.

8. Más reclamaciones en Dénia que otros hospitales

En cuanto a la calidad de la asistencia prestada a los pacientes, la auditoría admite que es uno de los elementos más difíciles de valorar pero afirma que “no se puede decir categóricamente que la atención sea de mayor calidad debido a la repercusión de los ratios de trabajadores por cada mil habitantes antes comentada y que llega a ser de un 50% menos en los departamentos de tipo concesión que en los de gestión directa”. La Plataforma agregó que en el Hospital de Dénia se producen más reclamaciones que en otros centros.

9. Dénia es para los trabajadores un lugar de paso: la gran brecha con el personal de los hospitales públicos

Dénia se ha configurado según la auditoría como un ‘lugar de paso’ de profesionales. Ello se debe a peores condiciones laborales en cuanto a salario, horas de trabajo anuales, sistemas de vacaciones y permisos, promoción profesional (inexistencia de trienios y carrera profesional), carga de trabajo y estrés laboral. Además se destaca la precariedad del personal no facultativo con la sucesión de contratos temporales.

10. No hubo consenso, sí prisas

Para el informe, este sistema se implantó a partir de la ley 15/1997 que bajo el primer gobierno de Aznar abrió todo el sistema nacional de salud a la privatización. Ahora bien, esa ley debía desarrollarse a través de un reglamento para controlar a las empresas adjudicatarias en aspectos como el personal, las inversiones o la asistencia. Pero la Generalitat no hizo nada de eso: no estableció ninguna medida para fiscalizar a mercantiles como Marina Salud y sólo un año después de la ley de Aznar implantó “con demasiada prisa” el sistema privatizado que se aplicaría en la Comunitat “sin consenso político y social”.

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