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Poner coto a la actividad minera valenciana, uno de los retos del Botànic II para la transición ecológica

Agrupaciones ecologistas denuncian que la Dirección General de Minas sólo cuenta con tres funcionarios para inspeccionar 800 explotaciones mineras

La oposición de los empresarios tumbó el intento de la Conselleria de Economía Sostenible de un proyecto legislativo que compatibilice la obtención de las materias primas con el respeto al medio ambiente

Una voladura en la mina de Villar del Arzobispo

Una voladura en la mina de Villar del Arzobispo

Uno de los principales ejes del nuevo Consell, y principio trasversal a los tres partidos que compondrán el futuro gobierno de coalición valenciano, consiste en la necesidad de emprender reformas que aseguren que la Comunitat emprende una transición energética que luche contra la emergencia climática. En su discurso de investidura, el president, Ximo Puig, señaló la necesidad de “crecer -económicamente- protegiendo el equilibrio territorial y el medio ambiente”. La dificultad para afrontar la disyuntiva entre asegurar puestos de trabajo y una actividad industrial sostenible se pondrá de manifiesto especialmente en la minería, actividad de la que depende el suministro de arcilla para el sector cerámico de la provincia de Castellón.

Durante la pasada semana una empresa castellonense denunciaba su situación “desesperada” y amenazaba con tener que aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) si la Conselleria de Economía no resolvía su solicitud de licencia minera, en trámite durante dos décadas. Desde el Consell, sin embargo, recordaban haber trasladado a la empresa una serie de condicionantes a resolver para poder obtener el visto bueno para la Declaración de Impacto Ambiental y ligaban el cumplimiento de los mismos a la obtención de la licencia.

La cantera en cuestión ha sido galardonada con el primer puesto en el Premio Nacional de Desarrollo Sostenible de la Federación de Áridos de España. Sin embargo, no es representativa de un sector –el minero- que arrastra grandes problemas estructurales, está todavía muy lejos de ser sostenible y carece de una Ley de Minería Sostenible, un proyecto de la Conselleria de Economía Sostenible tumbado por el rechazo frontal de los empresarios mineros. Durante el pasado 2018, el departamento de Rafa Climent se comprometía –tras diversas reuniones con Asociación de Empresarios de Sílices, Caolines y Arcillas de la Comunidad Valenciana (Aescav)-, a agilizar la aprobación de los expedientes mineros y aparcaba la reforma normativa.

Desde el colectivo Ecologistas en Acción de La Serranía denuncian que se incumplen sistemáticamente –o no se realizan convenientemente- las labores de repoblación que genéricamente contemplan los informes de impacto ambiental aprobados. Esto, en el mejor de los casos, siempre que la empresa haya obtenido previamente la licencia de explotación y no esté operando sin ella o con una caducada, como en el caso de la mina Vicentica de Villar del Arzobispo, clausurada por orden judicial tras años de operar con la licencia caducada.

Según los ecologistas, esta situación ha venido produciéndose durante años ante la falta de recursos de la Conselleria, que se traduce en una imposibilidad de comprobar que se esté cumpliendo la ley. “La Dirección General de Minas sólo dispone de un jefe de sección y dos ingenieros de minas para comprobar más de 170 concesiones mineras sólo en la Serranía”, afirman los ecologistas. Según el catastro minero del Ministerio de Industria, en la Comunidad Valenciana existen más de 800 explotaciones mineras con distintos tipos de licencia para operar.

Además, denuncian que la Conselleria, encargada de poner los condicionantes, delega en el buen hacer del facultativo de minas y en el personal contratado por el mismo para redactar el plan de labores y la declaración de impacto. “Imagina que el certificado de final de obra de mi vivienda lo tuviera que firmar el mismo arquitecto que he contratado para construirla y que no viniera un técnico del Ayuntamiento a verificar la obra. Eso es lo que está ocurriendo en minas”, afirman desde la plataforma.

La protección del medio ambiente y el equilibrio territorial será uno de los ejes principales del nuevo Botànic, según anunció Ximo Puig durante el debate de investidura. Crecer económicamente a la vez que se garantiza la protección del medio ambiente, tal y como afirmaba en su discurso, pasa por dotar de medios a los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental, así como por la actualización de la misma. Es necesario repensar la minería valenciana ya que, en palabras del propio president, “crecer sin respetar el medio ambiente es suicida”.

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