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Una exconcejal del PP y el exinterventor, entre los detenidos por irregularidades en el concurso para la gestión del agua de Sagunt

Los siete detenidos, en libertad sin medidas cautelares, están investigados por prevaricación, malversación y falsedad documental

Ayuntamiento de Sagunt

Ayuntamiento de Sagunt

La exconcejala del PP, María Teresa Peris, responsable en su momento del área de Contratación, y el que fuera interventor de la corporación saguntina, son dos de los siete detenidos en el marco de una de las piezas separadas de la llamada Operación Flotador que afecta al Ayuntamiento de Sagunto. Tanto estos dos arrestados como los otros cinco fueron puestos este martes en libertad sin medidas cautelares.

Además de estas dos personas, fueron detenidos un concejal -cuya identidad se desconoce-; el exdirector general de Aguas de Valencia, Francisco Zorrilla; dos ingenieros; y el director de la entidad bancaria en la que se depositó el dinero del canon del agua en su momento, que según ha podido saber eldiario.es, fue arrestado en Lleida. Precisamente, los arrestos se produjeron en Sagunto (1), Valencia (3), Bétera (1), Lleida (1) y Archena (1).

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sagunt decretaba este martes la libertad provisional de los detenidos en una causa que les investiga por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. La medida de la libertad se tomaba de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, al no apreciar riesgo de fuga, ya que tienen domicilio conocido y cuentan con arraigo familiar.

La investigación cifra provisionalmente en 24 millones de euros el posible perjuicio generado a las arcas públicas municipales tras la constitución, en 2009, de Aigües de Sagunt SA, una empresa de economía mixta dedicada a la gestión integral del suministro de agua en la localidad, en la que el Ayuntamiento tiene el 51% del capital social y la empresa privada Aguas de Valencia SA resultó adjudicataria del 49%.

Estas diligencias constituyen una pieza separada de la llamada Operación Flotador, que se inició en agosto de 2015 por delitos de cohecho y prevaricación a partir de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

En la causa principal están siendo investigadas doce personas físicas, concejales y exconcejales de Sagunto, y seis personas jurídicas, por el presunto fraccionamiento de contratos a favor de diferentes empresas.

Además, en otra de las piezas separadas ya han sido encausados y están pendientes de juicio el exjefe del Departamento del Servicio de la Inspección Técnica de Actividades del Ayuntamiento de Sagunt, Francisco Crispín, (que había sido alcalde antes y ocupó con posterioridad el cargo de concejal) y cuatro técnicos de ese área por el uso irregular de una partida económica destinada a la renovación de uniformes oficiales.

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