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Los valencianos seguirán pagando el agujero de la Fórmula 1 hasta 2023

Francisco Camps, Carlos Fabra, y los exconsellers Vicente Rambla y Mario Flores, todos implicados en casos de corrupción.

Sergi Pitarch

El agujero de la Fórmula 1 ahora investigado por dos juzgados de València vino con sobrecostes y carencia. Seis años después de que el último bólido del mundial abandonara las calles de la ciudad, los valencianos continúan pagando su coste. Y hasta 2023 no podrán saldar la deuda con los bancos por este gran proyecto al que le acecha la sombra de la corrupción y que ha acabado con dos imputaciones a su máximo valedor, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Cuando el magnate de las carreras Bernie Ecclestones decidió que Valencia tuviera un circuito urbano de Fórmula 1 en 2007 -previa petición de voto para el PP de Camps- el Gobierno valenciano ya sufría las primeras apreturas de la brutal crisis que vino un año después y que hundió al país. Como tenía que dedicar una gran inversión para las obras, la Generalitat sacó un préstamo bancario con carencia de 60 millones de euros que se debía comenzar a pagar en 2016, 9 años después.

Así, desde hace dos años la Conselleria de Vivienda abona todos los ejercicios y hasta 2023 una letra de 7,5 millones de euros. Esta hipoteca hace temblar los presupuestos de este departamento y está lastrando la inversión en vivienda social o en infraestructuras del Gobierno valenciano, que en la actualidad sustentan PSPV y Compromís y que nada tiene que ver con aquel Ejecutivo del PP de 2007.

En un principio, el propio Camps aseguró que el circuito urbano no iba a costar ni un euro a los valencianos puesto que debía pagarse con los beneficios que generaran la venta de entradas y los ingresos de los miles de visitantes. Pero la realidad es que la Fórmula 1 costó a Valencia en infraestructuras y añadidos 98.133.467 euros: obras en el Circuito (42,9 millones), inversiones en la Marina Real (24,9 millones), la zona de “boxes” y “paddock” (22,3 millones), gastos financieros directos (6,8 millones), gastos financieros desde enero de 2013 (500.000 euros) y gastos de vigilancia en tinglados (600.000).

Y desde hace unos meses la opinión pública conoce que estas obras también tuvieron unos sobrecostes de, al menos 16,5 millones, y que podría haber pasado la mano negra de la corrupción en el modificado del contrato de las obras y el proyecto inicial. El juzgado de Instrucción número 17 de Valencia investiga a más de media docena de personas -incluido Camps y el exconseller de Infraestrcuturas Mario Flores- por presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad.

La Guardia Civil ha registrado dependencias de la Generalitat, de donde se ha incautado de los expedientes de las obras, y viviendas particulares. También indaga en un viaje del exconseller Flores y su número dos Victoriano Sánchez-Barcáiztegui a Bahrein.

Es evidente que con los préstamos que actualmente se están satisfaciendo, el despilfarro y la sombra de la corrupción siguen lastrando la economía de los valencianos y su salida de la crisis. Además, habrá que saber también por qué la trama Gürtel tenía el proyecto del circuito de la Fórmula 1 dos meses antes de adjudicarse el proyecto.

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