Competencia cierra una investigación contra Sader en la que buscaba pruebas de reparto del mercado vasco de residuos

La Autoridad Vasca de la Competencia archivó, justo antes de la reciente renovación de su presidencia y composición, un expediente que le había sido trasladado por su equivalente estatal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con indicios de la que la empresa de Bilbao Sader, dedicada a la gestión de residuos y perteneciente al grupo Agaleus, había podido conformar un sistema de reparto del mercado para maximizar beneficios en contratos con grandes empresas como Petronor (del grupo Repsol), Zabalgarbi (con un 35% de participación pública) y Arcelor Mittal. Los indicios iniciales incluían la existencia de un grupo clandestino llamado “La Mesa” que celebraba reuniones periódicas para acordar precios. Un juzgado de Bilbao llegó a acordar en julio sendos registros en Sader y Agaleus. Pero la ausencia de material probatorio en ambas entradas ha motivado el cierre de la causa, según la documentación administrativa y judicial que obra en poder de este periódico.

“En ausencia de prueba directa, se considera que, a día de hoy, los indicios de que se disponen son insuficientes como para incoar un procedimiento sancionador; esto es, no se cuenta con evidencias de un posible ilícito de competencia que justifiquen la incoación de un expediente sancionador”, valoró la Competencia vasca en una resolución firmada por la expresidenta Ainara Herce, por la vocal Enara Venturini y por la secretaria del plenario, Noemí Angulo. Este dictamen se apoya, a su vez, en otro en el mismo sentido de la dirección de Investigación del organismo de control, que en las últimas semanas ha sido renovado.

El caso surge por una comunicación de la CNMC a su equivalente autonómico, que asume los casos de posible colusión en el ámbito vasco. La CNMC indicó que “tuvo conocimiento” de que Sader “podría estar manteniendo acuerdos anticompetitivos con sus competidores para repartirse el mercado de gestión de residuos de la comunidad autónoma de Euskadi”. ¿Qué empresa es Sader? La compañía forma parte del grupo Agaleus y, junto con Profersa, de la misma compañía y ubicadas una junto a la otra, son las dos últimas plantas potencialmente contaminantes en el casco urbano de Bilbao. Esto ha generado una cascada de protestas en los últimos años, en los que se ha conocido que en 2022 y 2023, por ejemplo, se superó el número de residuos “peligrosos” autorizados en Sader o que en 2024 Profersa tuvo dos incidentes químicos. En 2025, el exviceconsejero Xabier Caño dejó su puesto al frente de Agaleus y la firma renunció a sus planes en Ortuella. Hay otros proyectos en marcha y Sader también quedó momentáneamente exonerada de cualquier irregularidad en la polémica por los lixiviados de Zubieta, ahora archivada pero pendiente de recursos.

Según la comunicación de la CNMC ahora desestimada, “en concreto, Sader podría haber estado llevando a cabo reuniones con fines anticompetitivos, acuerdos de reparto geográfico de mercado que, internamente, se denominaban como 'La Mesa'”. “A raíz de un expediente sancionador tramitado por la CNMC, Sader y sus competidores habrían extremado las precauciones ante posibles inspecciones de competencia, por lo que desapareció el grupo denominado 'La Mesa', así como las reuniones formales que mantenían. Sin embargo, la conducta ilícita habría permanecido”, apuntaba.

La investigación de la Competencia vasca (cuyas siglas son AVC) se incoó en febrero de 2025. Fue en julio cuando se propuso la entrada y registro en Sader y en Agaleus. Se pidió permiso a un juzgado de Bilbao y se hizo 'inaudita parte', es decir, sin dar posibilidad de alegaciones a la empresa porque el factor sorpresa era fundamental. “En un caso como éste, el innegable peligro de que se destruyan medios de prueba hace imprescindible que la medida se adopte 'inaudita parte', sin perjuicio de los medios de defensa que competan a la parte una vez conocida la intervención. Otra solución dejaría vacía de contenido la medida toda vez que se frustrarían los fines con ella perseguidos”, se puede leer en el auto del magistrado de lo contencioso-administrativo Alfonso Álvarez-Buylla.

En aquel momento, Competencia hablaba de un presunto “anómalo” funcionamiento de los contratos de grandes productores de residuos con los gestores. Se aludía a “diferencias en las ofertas de casi un 800% o incrementos acumulados ne los precios de hasta un 52%” como indicios de una posible práctica colusoria, es decir, de cierre del mercado para evitar competencia y maximizar beneficios. “Presumiblemente, las empresas implicadas no colaborarán de forma voluntaria”, se podía leer también en la resolución judicial.

El juzgado autorizó el 11 de julio los registros en Sader y Agaleus, llevados a cabo por funcionarios públicos administrativos. La habilitación les permitía “la inspección de los libros y documentos contables que tengan transcendencia en materia contable y de contratación en relación con la libre competencia en cualquier soporte, así como a equipos informáticos que se hallen en los domicilios, debiéndose en todo caso salvaguardar la intimidad de las personas físicas o jurídicas afectadas”. Se fijaba como condición que el registro fuera “en horas diurnas” y se autorizaba el apoyo de la Policía, aunque no consta si finalmente fue o no necesario.

¿El resultado? “En la inspección realizada en la sede de Sader no se recabó ningún tipo de documentación ni en formato papel ni en formato electrónico”. ¿Y en Agaleus? “En la inspección realizada en la sede de Agaleus se recabó determinada documentación en formato electrónico que, una vez analizada junto con el resto de documentación del expediente, no resultó ser, en modo alguno, determinante”.

Así, vacaciones mediante, el 1 de septiembre se propuso ya el archivo de la causa. “Realizada la inspección, no se obtuvo prueba directa del acuerdo de reparto”, se insiste para argumentar el cierre de las actuaciones. En el dictamen final no se concreta nada más sobre “La Mesa” y su funcionamiento. En la documentación, los productores mencionados son Petronor, Zabalgarbi y Arcelor Mittal y los gestores, además de Sader, eran Tradebe, Lunagua (del mismo grupo), Ecoimsa, Linersa y Prezero (antigua Cespa). Pero, sobre todo, se repite el nombre de FCC, copropietaria de una parte de Zabalgarbi y la que ofertaba habitualmente precios mucho más altos cuando competía con Sader.