Euskadi deniega el traslado de cinco presos de ETA porque no cumplían con los requisitos

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha desvelado que han denegado el traslado de cinco presos de ETA porque no cumplían con el requisito de arraigo, “clave en un modelo penitenciario que apuesta por la resocialización”. En una entrevista en Radio Vitoria, recogida por Europa Press, ha defendido que el modelo penitenciario vasco está basado en la resocialización de las personas privadas de libertad, y, para ello, el arraigo constituye un “factor clave a la hora de aprobar o denegar una solicitud de traslado”.

Según ha explicado, los traslados de los presos de ETA son analizados “con el mismo rigor y con la misma prudencia” que el resto de solicitudes que les hacen llegar las personas que quieren venir a los centros penitenciarios vascos“. De hecho, ha precisado que se han denegado ”cinco peticiones de presos de ETA que no cumplían con el requisito del arraigo, clave en el modelo penitenciario vasco“. Asimismo, ha indicado que, a la hora de determinar la idoneidad de las progresiones de grado, lo más importante es ”el criterio técnico de las juntas de tratamiento del propio centro penitenciario, que conocen bien la vida y la progresión de los internos en las cárceles“.

Artolazabal ha reconocido que para su departamento es “duro, muy duro”, tener que revisar el expediente de personas con un historial “sangriento”. “Pero ello no debe hacer que nos abstraigamos de hacer cumplir la ley, que es lo que nos corresponde”, ha apuntado.

Balance de la transferencia de Prisiones

A punto de cumplirse, el próximo 1 de octubre, un año de la transferencia competencial de prisiones, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha calificado de “positivo para las personas privadas de libertad y para el conjunto de la sociedad vasca” el balance de lo logrado hasta la fecha. Artolazabal ha manifestado que el Gobierno vasco era muy consciente de la “sensibilidad y la complejidad” del traspaso, así como de la complicada “herencia” recibida en lo tocante a “infraestructuras y recursos humanos”, factores que “condicionan” de forma inevitable “la puesta en marcha del modelo penitenciario vasco”.

En este sentido, la consejera ha señalado que el número de vacantes en las cárceles vascas ronda el 20%, “como en el resto de centros penitenciarios del sistema estatal”. Artolazabal ha apuntado que, con el fin de responder a las necesidades de personal que exige la implementación del modelo penitenciario por el que apuesta el Ejecutivo vasco, se ha abierto el proceso para crear una bolsa de trabajo previa a la convocatoria de la oportuna OPE, que Artolazabal confía en que pueda ser una realidad “a finales de la presente legislatura”.

La consejera ha pedido “responsabilidad a todos los agentes” con el fin de “poder dar pasos firmes para llevar adelante el modelo penitenciario y afianzar las políticas sociales”. Cuestionada por las concentraciones de protesta convocadas por varios sindicatos en los centros penitenciarios de Zaballa y Basauri, ha precisado que las diferentes condiciones laborales de los funcionarios vascos respecto a los funcionarios transferidos responden a la “excepcionalidad”, aún vigente, que en sus puestos de trabajo se introdujo durante la actividad de la banda terrorista ETA.

Además, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con el sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, AcaipUGT, se fijó “un periodo transitorio de dos años para ir adaptándose” al nuevo modelo, al tiempo que ha denunciado que gran parte de las críticas recibidas responden a “cuestiones al margen de los centros penitenciarios”, y tienen más que ver con “demandas sindicales o cuestiones políticas y demagógicas”.

Justicia restaurativa

Por otra parte, la consejera ha reivindicado la justicia restaurativa como “una de las grandes apuestas del Departamento”, que empezará “a dar pasos en firme este mismo mes”. Se trata de una herramienta que, anteponiendo en todo momento los “deseos y necesidades” de la víctima y desde la “máxima discreción”, facilite en la medida de lo posible la reparación del daño causado, implicando para ello a víctima, victimario y sociedad en su conjunto.

Por otra parte, Beatriz Artolazabal ha agradecido la “solidaridad” y “el esfuerzo que las familias han hecho para acoger a las personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania”, y ha reiterado que las políticas de refugio y asilo son competencia del Gobierno de España. Con el fin de arropar a las personas que quedaban fuera del sistema estatal de acogida, el Gobierno vasco —ha apuntado— “ha puesto en marcha, de forma voluntaria, diferentes programas e iniciativas para ayudar económica, social y emocionalmente a estas personas”. De hecho, según ha precisado, ha sido “la única comunidad autónoma” en “complementar” las ayudas de carácter estatal, con un fondo de rescate de más de 15 millones de euros.