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Stop Desahucios lee la cartilla al Parlamento

Las plataformas antidesahucios de Euskadi reprochan a los partidos que "van por detrás de las necesidades de las familias" y les urgen a la expropiación de las viviendas vacías que los bancos han embargado a sus dueños por no poder pagar.

Protesta de Stop Desahucios en Vitoria.

Protesta de Stop Desahucios en Vitoria.

Los portavoces de las tres plataformas de Stop Desahucios de Euskadi han leído la cartilla al Parlamento. Según estas organizaciones, “los partidos no tienen conciencia de la situación de emergencia que viven las familias. Van por detrás de sus necesidades”, especialmente las que están demandando una vivienda o las que se encuentran a punto de sufrir un desahucio. La costosa tramitación parlamentaria de la Ley de Vivienda impulsada por el PSE y el temor a que pudiera verse “descafeinada” en la recta final, ha llevado a Stop Desahucios a comparecer ante la Cámara de Vitoria para exponer sus temores y, sobre todo, a urgir su aprobación “manteniendo el espíritu original”.

Ese “espíritu original” recoge el derecho subjetivo y universal a una vivienda digna (es decir, exigible frente a las administraciones y los tribunales de justicia); que todos los recursos en materia de vivienda se destinen a la promoción de viviendas de alquiler y que todas las VPO sean destinadas a alquiler y la expropiación de los pisos vacíos que los bancos han embargado a los inquilinos y destinarlas al alquiler social durante cinco años.

Con 85.000 demandantes de vivienda inscritos en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide y 250.000 familias en el umbral de la pobreza resulta “inadmisible que en Euskadi haya sólo 6.000 viviendas públicas de alquiler, lo que supone menos del 1% del total de viviendas, frente a la media europea del 16%”. “Tenemos un parque de viviendas de alquiler mísero, gestionado por una empresa, Alokabide, que funciona como un negocio privado, sin transparencia ni respeto a los derechos de los inquilinos y con un alquiler inasumible para miles de familias, algunas de las cuales se ven obligadas a subarrendar habitaciones en precario”, han denunciado los portavoces de Stop Desahucios.

Marcelino García, de Stop Desahucios Gipuzkoa, ha incidido en que la única forma que tiene de trabajar su organización y de hacerse notar es mediante “la presión social, en la calle, a políticos, bancos y en los juzgados con nuestros abogados. Exigimos a los partidos responsabilidad y estamos abiertos a la colaboración. En Stop Desahucios no hay ideologías. No admitimos que los políticos digan que hay cosas que no se pueden hacer, que no se puede ir contra los bancos.-…Con nuestros actos estamos demostrando que eso no es así. Estamos obligando a los bancos a que realicen daciones en pago con alquiler social. El no poner límites a los bancos es lo que nos ha llevado a la situación actual”.

Según García, “ningún partido ha tomado medidas para evitar una nueva burbuja inmobiliaria. A nivel municipal nos apoyan, pero cuando llegamos al Parlamento esa opinión cambia de manera radical. No dejaremos que los partidos eludan sus responsabilidades. Si lo bancos desahucian es porque les resulta rentable”.

Arturo Val de Olmo, de Stop Desahucios Araba, ha apelado a los partidos a que “miren que hay detrás de las estadísticas”. “Cuando hablamos”, ha añadido, “de que hay 85000 demandante de vivienda significa que ahora habitan en una infravivienda o en casas con sobreocupación. Es una realidad que las cifras no visibilizan. La ley debe dar mensaje de que es un instrumento útil para resolver problemas”.

El portavoz del PSE en la comisión de Vivienda, Bixen Itxaso, recalcó la idea de que la figura de la expropiación de pisos a los bancos que su partido impulsa “no va contra el derecho de propiedad. La vivienda es un servicio de interés general y debe cumplir una función social. No planteamos ataque al derecho a la propiedad”.

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