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Guerra entre la protectora Modeprán y el Ayuntamiento ecologista de Ribó

La entidad y el Consistorio están enfrentados por el concurso para externalizar los servicios de recogida, cuidado y adopción de perros y gatos abandonados.

Modeprán ha impugnado el pliego de condiciones al considerar que no cumple la Ley Autonómica que establece prioridad para las protectoras.

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Varios perros abandonados en las instalaciones del Ayuntamiento de Valencia.

Varios perros abandonados en las instalaciones del Ayuntamiento de Valencia.

Al equipo de gobierno de Joan Ribó se le ha generado un incendio que con el paso de los días se va avivando, quizás en uno de los ámbitos en los que parecía más impensable.

Y es que no deja de ser llamativo que sea una protectora de animales como Modeprán la que se esté enfrentando abiertamente al Ayuntamiento de València, que desde la llegada del tripartito ha tomado medidas de marcado carácter ecologista como la creación de la Concejalía de Bienestar Animal, la eliminación del bou embolat en las fiestas de las pedanías o la  eliminación de animales en los circos y en la cabalgata de reyes.

Esta protectora viene gestionando el servicio de atención, adopción y recogida de perros y gatos abandonados en el centro municipal de Benimàmet desde septiembre de 2011, en virtud de un convenio firmado con el anterior equipo de Gobierno del PP.

Sin embargo, la concesión del servicio finalizó el pasado mes de septiembre y la concejala de Bienestar Animal, Glòria Tello (Compromís), ya anunció entonces que no se iba a prorrogar.

Aunque las relaciones entre la Concejalía y Modeprán siempre han sido tensas, le publicación del pliego de condiciones del  concurso para la gestión de este servicio ha sido la gota que ha colmado el vaso.

De hecho, fuentes de Modeprán han informado que han presentado un recurso judicial para impugnar el pliego: "El artículo 4/94 de la Ley de Protección Animal de la Generalitat establece que las protectoras tendrán preferencia a la hora de gestionar estos servicios, sin embargo las condiciones del pliego hacen inviable que puedan presentarse".

El documento exige que las entidades que se presenten al concurso deben acreditar un volumen de negocio de al menos 106.000 euros y una fianza inmovilizada de 35.000 euros, "algo imposible de cumplir para cualquier protectora".

Al respecto, la edil Glòria Tello ha explicado que la ley estatal de contratos públicos "impide conveniar servicios porque se deben contratar por concurso; además, esta ley es la que establece estos mínimos económicos en función del volumen de negocio y también prohíbe expresamente priorizar entidades".

Sin embargo, Modeprán entiende que el servicio se va a privatizar, ya que las condiciones que solicita el Ayuntamiento tan solo están al alcance de las empresas que gestionan perreras en otras localidades, por lo que temen que se sacrifiquen animales sin justificación.

El pliego exige que la entidad adjudicataria aporte cuatro vehículos (dos más que hasta ahora), siete operarios y tres veterinarios de apoyo.

Tello ha explicado que todo estará supervisado por un veterinario municipal: "Tendrá la última palabra en todas las decisiones y todo se hará bajo su supervisión; el pliego establece muy claramente que habrá cero sacrificios, lo que significa que tan solo aquellos animales que estén en condiciones irreversibles por circunstancias como por ejemplo un atropello, serán sacrificados para evitarles sufrimiento".

Tello ha garantizado que, aquellos que sufran enfermedades, pero que puedan vivir en buenas condiciones con los cuidados adecuados, tampoco se sacrificarán.

Modeprán no es la única protectora que ha criticado el pliego de este concurso por entender que excluye a las protectoras. También la Plataforma Carles Pinazo, entidad de la cual forman parte una treintena de protectoras de animales, ha exigido que se modifique para que las entidades animalistas puedan optar a la gestión del centro de adopción de animales del Ayuntamiento de València.

Sin embargo, Bienestar Animal sigue con su hoja de ruta. El 2 de mayo concluye el plazo para que se presenten las entidades interesadas y espera que el concurso se adjudique en verano, como muy tarde en septiembre.

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