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El PSOE y la Izquierda Plural acusan al Gobierno de proteger a Fabra para dilatar su ingreso en prisión

Creen que Justicia apura intencionadamente los plazos de resolución del expediente del expresidente de la Diputación de Castellón, establecidos hasta en un año

Tanto Pablo Martín, del PSOE, como Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural, acusan al Gobierno de Rajoy de proteger a "sus corruptos" mientras públicamente venden medidas de regeneración democrática

Se preguntan a qué espera el Gobierno para reformar la ley del indulto y evitar que los políticos condenados por corrupción puedan beneficiarse de la medida de gracia

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Carlos Fabra, pendiente de su resolución de indulto.

Los socialistas y la Izquierda Plural no tienen duda de que el Gobierno de Mariano Rajoy está retrasando intencionadamente la resolución del expediente de indulto solicitado por el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para dilatar lo más posible su ingreso en prisión. La ley establece un plazo mínimo de una semana y un máximo de doce meses para solucionar una petición de este tipo. “Si el Ministerio de Justicia sigue estirando los plazos, nos podríamos encontrar con la esperpéntica situación de que el señor Fabra podría estar en la calle hasta agosto de 2015", denuncia a eldiario.es el diputado del PSOE, Pablo Martín. 

Fabra tenía que haber entrado en la cárcel para cumplir los cuatro años de prisión a los que fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo al quedar demostrado que defraudó a la Hacienda Pública cerca de 700.000 mil euros entre 1999 y 2003. Pero desde el pasado mes de agosto la orden quedó paralizada a la espera de que el Gobierno de Rajoy resolviera el expediente de indulto que no sólo pidió el propio exbarón del PP, sino también un grupo de compañeros de su partido, entre los que se encontraba su hija, la diputada por Castellón Andrea Fabra.

Precisamente este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, el diputado socialista ha preguntado al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre las intenciones del Gobierno de reformar la ley y los motivos de este retraso de ingreso en prisión de Fabra. En su respuesta, Catalá ha recordado que el Gobierno estudia efectivamente la reforma para dotar estas medidas "de mayor control y transparencia". Además, ha presumido de que el ejecutivo de Rajoy es el que ha hecho un uso “más limitado y restrictivo” de esa potestad concediendo en esta legislatura tan sólo el 1 por ciento de las peticiones, frente al 11 por ciento de 2007 del PSOE. Una afirmación que los socialistas niegan tajantemente pese a reconocer que Zapatero concedió algunos "vergonzosos" como el otorgado al banquero Alfredo Sáenz.

El PSOE cree además que la realidad choca con las medidas regeneracionistas anunciadas por el PP. No sólo por el caso de Jaume Matas, al que el juez de Vigilancia de Valladolid acaba de revocar la concesión del tercer grado otorgado por Instituciones Penitenciarias, sino también por el de Fabra, que sigue en la calle.

Según Martín, en los últimos cuatro meses el Ministerio de Justicia sólo ha concedido un único indulto –a un militar–, "cuando hasta ahora el Consejo de Ministros resolvía varios una vez al mes". Esta paralización, a juicio del PSOE, es la prueba de que Rajoy, "aunque tiene previsto denegar la solicitud, la está demorando al máximo para que el señor Fabra pueda seguir disfrutando por un tiempo extra de una libertad que no le corresponde". "Incluso si alega después enfermedad o una delicada salud, por su edad, como ha hecho ahora, podría continuar fuera mucho más tiempo", alerta Martín.

A estas denuncias se ha sumado también el diputado de ICV, Joan Coscubiela. Según adelanta a eldiario.es, acaba de elaborar una batería de preguntas para que el Gobierno explique los motivos de este "intencionado retraso" en la resolución del expediente de indulto a Fabra. El portavoz de la Izquierda Plural coincide con Pablo Martín en que la única causa que hay para entender el retraso es que en el PP se quiere "proteger de nuevo a uno de los suyos".

Pese a todo, los socialistas esperan que el Gobierno decida de una vez por todas abrir la reforma de la ley del indulto, que data del año 1870. Pero no únicamente para cerrar la puerta a los corruptos. También para que el titular de Justicia tenga la obligación de acudir al Congreso al menos dos veces al año para hacer públicas las medidas de gracia concedidas por el Consejo de Ministros y explicar los motivos de cada una de ellas. Y eso es algo a lo que hasta ahora se opone el PP.

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