Lo que queda fuera del pacto PP-PNV (que es mucho)

Hacer de la debilidad del contrario y de su estado de necesidad, virtud propia. Eso es lo que ha pasado esta semana con el acuerdo millonario arrancado por el PNV y por el Gobierno vasco (Cupo) a cambio de apoyar los Presupuestos del PP de Mariano Rajoy, el “partido más corrupto de Europa”, según EH Bildu y Unidos Podemos.

El PNV, una vez más, ha aprovechado la debilidad de un Gobierno en minoría en España. Lo hizo hace 20 años con el acuerdo de investidura firmado por Xabier Arzalluz en Génova junto a José María Aznar, con foto histórica en la sede de los populares. Una instantánea que Andoni Ortuzar, que mide con precisión de relojero suizo sus apariciones públicas y sus compañías -acaba de fotografiarse con la esposa de Macron en la recta final de la campaña electoral francesa-, no ha querido repetir en esta ocasión. Dice que no por miedo escénico, pero la realidad es que no ha quedado foto para la historia del acuerdo con un Rajoy que también estaba en la foto de hace 20 años, junto al entonces hombre fuerte del PNV en Madrid, Iñaki Anasagasti.

Pero, en su fuero interno, el PNV sabe que la “bilateralidad” a la que tanto se refiere a la hora de describir la actual relación entre la Administración central y la vasca no deja de ser un espejismo que desaparecerá cuando los cinco diputados del PNV no sean determinantes en Madrid.

Ya ha pasado antes. La relación entre ambas administraciones en relación al Cupo siempre ha estado y estará basada en la bilateralidad. Con acuerdos, como ahora, o con desencuentros, como ha pasado en la última década. Y Ortuzar sabe que va a ser muy complicado -por no decir imposible- trasladar ese concepto de bilateralidad al futuro estatus político vasco, a la política de convivencia, a la flexibilización de la política penitenciaria con los presos de ETA, al final ordenado y desaparición definitiva de la organización terrorista ahora desarmada o a los recursos a las leyes vascas, aspectos fundamentales en esta legislatura que han quedado fuera del acuerdo.

Por no hablar del cumplimiento de una ley orgánica como el Estatuto de Gernika y el traspaso de las competencias pendientes (una treintena), aspecto troncal según el lehendakari Urkullu, pero que incomprensiblemente ha quedado fuera de la negociación. Tal vez sea porque el PNV ya arrancó a un moribundo Zapatero en octubre de 2010 el compromiso del “desarrollo íntegro” del Estatuto vasco para 2012, algo que el mandatario socialista no pudo cumplir por el adelanto electoral un año después.

El PNV ha optado en esta ocasión por algo tan prosaico como el dinero contante y sonante. O al menos ese compromiso de gasto, que va mucho más allá de esta legislatura (2023). ¿Será porque ve a Rajoy gobernando hasta esa fecha, dada la incapacidad de la oposición de articular una mayoría alternativa? Y ha soslayado todas esas materias pendientes -y no son pocas- dejando que la “época de la glaciación” se mantenga y el deshielo no alcance a lo que hasta hace poco eran elementos básicos y troncales. Sabedor de la “sima” que existe con el PP en todas ellas, en palabras de Ortuzar.

Siguiendo con la terminología empleada por el propio Ortuzar, el acuerdo entre populares y peneuvistas, ha abierto también una creciente “sima” en las relaciones que mantiene el PNV con EH Bildu y en los pasos a seguir por ambos partidos en relación con el “nuevo estatus” político. El acuerdo político PNV-PP apuntala el discurso de Sortu, reiterado hasta la saciedad por Arnaldo Otegi, de que la única relación posible que admite España es de “subordinación” y en ningún caso de “bilateralidad real”.

EH Bildu no han ocultado su disposición a ir a Madrid de la mano con el PNV (y otras fuerzas como Podemos) con una propuesta de “nuevo estatus político” en la que se reconozca la realidad nacional de Euskadi y su capacidad para definir libremente su futuro político en un referéndum o consulta. Pero considera además que la opción del PNV de sostener a un Mariano Rajoy en un momento tan delicado políticamente por el asedio a su partido por los casos de corrupción influye negativamente en otro escenario que para los independentistas vasco sigue siendo un espejo en el que mirarse: el proceso en Cataluña.

De alguna manera el mensaje que se manda desde la Moncloa es muy evidente y esclarecedor para el futuro inmediato: es posible acordar lo que ha sido imposible pactar en diez años (liquidación del Cupo, cifrada en 1.400 millones de euros) con quienes no rompen la baraja, ni plantean desafíos independentistas fuera de la ley. Por eso en Sortu entienden el pacto PNV-PP como una auténtica “puñalada trapera” al proceso catalán. Un 'procés' que en los próximos meses entrará de nuevo en ebullición con la convocatoria oficial de la consulta, el choque de trenes entre los gobiernos central y catalán, los procesos en los tribunales derivados de la nueva consulta y la previsible convocatoria de elecciones anticipadas en esa comunidad autónoma.

Y en ese contexto de alto voltaje político, Sortu y EH Bildu, en su lucha por la hegemonía del electorado nacionalista en el País Vasco, explotarán al máximo el acuerdo del PNV con el “partido más corrupto de Europa. Desde las esencias nacionalistas y acusando al PNV de Ortuzar y al Gobierno de Urkullu de ”blanquear la corrupción del PP“ con el doble acuerdo cerrado esta semana. Todo ello aderezado con una campaña de señalamiento y escraches que está teniendo una derivada violenta de ataques a los batzokis (sedes peneuvistas), propios de una situación que parecía superada pero que vuelve como el Guadiana, azuzada por la disidencia de Sortu.

El PNV, consciente de esa situación, ya se ha apresurado a airear que en las reuniones que ha mantenido con la izquierda abertzale, ésta prácticamente les ha suplicado que hicieran de 'puente' para que la 'agenda' del futuro de los presos de ETA y del final de la organización terrorista estuviera en la mesa del presidente español. Y también ha apuntado que si la izquierda abertzale pudiera sentarse y negociar con Rajoy todos estos asuntos “irían corriendo a Madrid”. Algo se ha roto en la relación entre ambos partidos y es difícil predecir el alcance de esa quiebra.

El problema es que ante esa otra 'agenda vasca' -la de la pacificación, la convivencia y el futuro de los presos de ETA- ni Mariano Rajoy, ni el PP vasco están dispuestos a moverse ni un milímetro de la política de firmeza demostrada cuando tenía mayoría absoluta en la anterior legislatura, pero también en estos momentos con la debilidad en la que se mueve el gobierno del PP, ahora menor gracias al salvavidas lanzado por el PNV.

Es ahí donde hay que entender los dos últimos movimientos del Gobierno popular en pleno 'apareamiento político' entre populares y peneuvistas: la decisión de Instituciones Penitenciarias de no excarcelar a los presos de ETA muy enfermos hasta que estén moribundos (con una expectativa de menos de dos meses de vida) y el recurso ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Abusos Policiales aprobada en Euskadi, algo que por otra parte estaba cantado. En ese frente, la única novedad vendrá, de nuevo, del proceso unilateral iniciado por ETA en octubre de 2011: cuando los presos etarras, en unos pocos meses finalicen su debate interno y acepten la legalidad penitenciaria para mejorar su situación carcelaria y acelerar, en la medida de lo posible, las excarcelaciones.