El fiscal investiga a la Diputación de Valencia por pagar 1,5 millones para regenerar monte privado contra el criterio de los técnicos

La Fiscalía investiga a la Diputación de Valencia por contratar, mediante el procedimiento de urgencia, a varias empresas para regenerar el monte quemado el 2 de noviembre de 2023 tras el incendio de Montitxelvo. Las contrataciones y los pagos, con un coste de 1,5 millones de euros, se realizaron en contra del criterio de la Intervención General de la Diputación, tanto por la forma de tramitación administrativa como porque los terrenos sobre los que se actuó eran mayoritariamente privados: 1.400 de las 2.000 hectáreas abrasadas.

Tras una denuncia de la portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno, la Fiscalía ha incoado diligencias y ha designado a un fiscal instructor que investiga los hechos desde el pasado 14 de noviembre por dos presuntos delitos: prevaricación y malversación de caudales públicos. De momento, no se está investigando a ninguna persona concreta, pero los contratos fueron realizados por la delegación de Medio Ambiente que dirige el diputado Avelino Mascarell. Además, fueron necesarios los votos en el pleno de los tres grupos políticos que sustentan la mayoría en el ente provincial —Partido Popular, Vox y Ens Uneix— para levantar los reparos de los técnicos, que se oponían a que se ejecutaran los trabajos sobre terrenos de particulares y, sobre todo, a que se pagaran.

El incendio de Montitxelvo se produjo el 2 de noviembre de 2023 y quemó un total de 2.500 hectáreas, que afectaron a los términos municipales de Terrateig, Montitxelvo y Aielo de Rugat en la Vall d’Albaida, y Ador, Castellonet, Font d’en Carròs y Villalonga en la Safor, y obligó a desalojar a más de un millar de vecinos de la mayoría de estos municipios y sus núcleos poblacionales, así como a confinar al municipio de Ador. Hasta el 3 de julio de 2024, ocho meses después, no se decretó por parte del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, la urgencia para actuar.

Como la mayoría de los terrenos quemados eran de hasta 600 particulares, Mompó también tuvo que firmar unos convenios con los propietarios donde se debía intervenir, que no se llegaron a rubricar hasta el 21 de marzo de 2025. Pese a no disponer de los convenios con los particulares, se contrataron los trabajos y se empezaron a ejecutar y a pagar, lo que supuso uno de los primeros reparos de la Intervención General de la Diputación de Valencia.

El 25 de abril de 2025 se emitió por parte de la Intervención un segundo informe desfavorable que apuntaba al mismo problema: “Dado que hay actuaciones en terrenos privados (3/4 del total), deberá desglosarse las parcelas según la titularidad y disponer de crédito con cargo a aplicaciones presupuestarias diferenciadas, e incluir en el expediente el instrumento jurídico oportuno que fundamenta su tramitación”.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Diputación de Valencia habría cometido diversas irregularidades que la Fiscalía deberá dirimir si constituyen algún ilícito penal. En concreto, y según propone Compromís, la falta de formalización de los contratos de emergencia; el incumplimiento de los contratos de emergencia y su tramitación; actuaciones en terrenos privados donde no se ha acreditado la titularidad individual de cada parcela afectada; la ejecución de los trabajos fuera de los términos legales y la superación del límite de un mes en la declaración de emergencia y de un año para actuar en las parcelas de la zona cero; y numerosos errores en las certificaciones, especialmente al no aplicar el recargo del 4% sobre la tasa de servicio de la dirección e inspección de obras.

En mayo de 2025 se volvieron a presentar las facturas a fiscalización, que mantuvo el criterio desfavorable de la Intervención. Se trataba del tercer reparo que tuvo que llevarse a pleno para que pudiera ser levantado y seguir con las actuaciones y los pagos, que se habían suspendido en septiembre de 2024.

Defensa en los expedientes por parte de Medio Ambiente

Este periódico se ha puesto en contacto con la Diputación de Valencia, que no ha respondido a la petición de información. Sí se puede extraer la versión de la entidad supramunicipal en las alegaciones que el departamento de Medio Ambiente presentó a la Intervención General:

“Se defiende la legalidad material de las actuaciones ejecutadas, basadas en la emergencia, el interés general y la imposibilidad real de seguir una tramitación ordinaria, tanto en la contratación como en la concesión de subvenciones directas en especie a los propietarios de parcelas forestales de titularidad privada, habiéndose firmado un convenio de colaboración con las administraciones públicas propietarias de las parcelas forestales de titularidad pública, en el que se establecía el compromiso de recabar el consentimiento de los particulares afectados en sus propiedades. En todo momento se han respetado los principios de legalidad, eficacia y servicio público. Las actuaciones eran necesarias y urgentes, ordenadas al amparo del artículo 120 LCSP y fundamentadas en la normativa forestal aplicable, tal y como se ha expuesto en este informe, y no hay enriquecimiento injusto ni perjuicio para la Hacienda Local”, reza la argumentación del departamento dirigido por Avelino Mascarell.

Por su parte, desde la Intervención de la Diputación de Valencia replicaron que correspondía a los titulares de las parcelas “dar cumplimiento a la obligación legal de adoptar las medidas preventivas necesarias frente a los daños catastróficos derivados de los incendios forestales, y que las actuaciones que se determinen para el cumplimiento de dicho deber específico son de asunción obligatoria para ellos”. Es decir, el ente provincial debería haber implicado a los alrededor de 600 propietarios en su obligación para la restauración y para evitar futuras catástrofes.

En ese sentido, Medio Ambiente se justificó:

“El planteamiento inicial del servicio de Medio Ambiente, en consonancia con la normativa invocada a lo largo de la tramitación del expediente, fue primar el interés público sobre el beneficio particular. La intervención planteada sobre la zona afectada por el incendio en ningún momento se ha orientado a beneficiar patrimonialmente a los titulares privados de las parcelas forestales, sino a salvaguardar el interés general tras el desastre natural causado, y dar cumplimiento a las exigencias de actuación inmediata con carácter de emergencia (año cero) que prevé la normativa forestal (art. 152 del Reglamento Forestal), que comprende una serie de acciones que, en la medida en que puedan tener consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente por contemplar la mitigación del riesgo de nuevos incendios, de desertización o restauración de masas forestales, se entenderá que obedecen a razones imperiosas de interés público de primer orden (art. 10 PATFOR)”.

De momento, la Diputación de Valencia ha previsto 1,5 millones de euros públicos para restaurar el monte tras el incendio, pero en parcelas privadas. ¿Deben asumir los propietarios este coste? ¿Es lícito que no se les solicite el coste de la restauración? ¿Están legalmente bien gastados estos fondos? Estas preguntas y su responsabilidad penal serán las que tenga que aclarar la Fiscalía, que ya está manos a la obra.