Problemas burocráticos dejan sin actividad a las empresas de ocio marítimo de Salobreña
Con el mes de julio ya en marcha, la actividad en las playas de Salobreña (Granada) está inusualmente calmada. No se aprecian servicios de hamacas, ni se pueden ver hidropedales o kayaks para disfrutar del deporte veraniego. El motivo es que las licencias para las empresas que explotan estos servicios se han tramitado con el mes de junio casi acabado y con el malestar general de los afectados. Una situación que desde el Ayuntamiento gobernado por los socialistas justifican asegurando que se han visto obligados a sacar a concurso dichos permisos de explotación, lo que ha generado un “retraso burocrático”.
A grandes rasgos, lo que ocurre en Salobreña es que ninguna empresa ha podido a empezar a operar en las playas de este municipio costero de la provincia de Granada. Un contratiempo que supone un revés económico por el fuerte desembolso para la mayoría de las 27 entidades que tienen permiso para trabajar cada temporada de verano. Como no han podido empezar a trabajar aún, tampoco se han llevado a cabo contratación de personal porque no tienen clara cuál será la fecha en la que el sector podrá ponerse en marcha. Según denuncian, la maraña normativa les ha ahogado a muchos, y a los que les ha permitido conseguir la licencia tampoco le ha servido para estar ya trabajando porque el tema no se ha resuelto cuando ya es julio.
Una nueva ley
Pero el problema es doble. Más allá de que la actividad aún esté detenida, también sucede que las licencias que permiten operar en las playas de Salobreña se han sacado a concurso este año, por lo que algunas de las que tenían su negocio en marcha en veranos anteriores se han quedado fuera al perder su licencia. Un asunto que ha generado una polémica entre los afectados y el Ayuntamiento de Salobreña porque, como ha ocurrido con los plazos, no han sabido hasta finales de junio si iban a poder trabajar como en años previos o no. Un retraso en la tramitación que ha hecho que algunos invirtiesen dinero sin saber si podrían recuperarlo con la actividad.
El origen de estos contratiempos, aseguran las empresas, está en la Ley 9/2017 que genera un cambio normativo que, junto con otros decretos, ha puesto en marcha un nuevo sistema de otorgamiento de licencias en el que los Ayuntamientos ahora tienen más peso y pueden establecer sus propios criterios para darlas. Es decir, si una empresa quiere instalar su negocio en una playa de Salobreña, deberá cumplir con los requisitos que le marque esta localidad, que no tienen por qué ser los mismos que los que impongan en otra población. Como es una ley de carácter cuatrianual, este año se han renovado las licencias, generando la polémica que está teniendo lugar en localidades como Salobreña. En este caso, algunos de los afectados protestan porque el Ayuntamiento ha decidido darle más peso a la inversión económica que vaya a hacer una empresa que a otros criterios. La inversión supone 60 de los 100 puntos máximos que permiten tener la licencia, lo que para algunos afectados los deja en una situación de incapacidad para competir contra quienes tienen mayor capital económico.
Ansiedad entre los afectados
Ese es el caso de José Antonio Izquierdo. Este empresario llevaba tres veranos desarrollando actividades de vela, paddle surf y kayak. En definitiva, deportes marítimos. Sin embargo, en este 2022 es uno de los perjudicados por los cambios burocráticos que han reducido los plazos y cambiado los criterios, dejándole sin trabajo de momento. José Antonio dice estar pasando por un proceso en el que “dormir es imposible”. La ansiedad le está consumiendo al no saber qué va a hacer con los 7.000 euros en material que invirtió hace algunas semanas esperando que, un año más, pudiese retomar su actividad. “Hemos perdido subvenciones porque los plazos se han ejecutado tarde”. Asegura que hasta el 27 de junio no supieron quiénes iban a hacerse con las licencias y quiénes se quedarían fuera.
“Incluso los que han conseguido permiso para instalarse aún no saben cómo van a hacerlo porque los días siguen pasando y la documentación no está completa”. José Antonio Izquierdo explica que ha habido varias reuniones con el Ayuntamiento de Salobreña en las que ha habido “buena sintonía y parecía que había interés por arreglar las cosas”. Sin embargo, el tiempo ha acabado por jugar en contra de sus planes y él será uno de los que se vea sin un negocio que es el motor económico de su familia en verano. Confía aún en que exista un margen para solucionar su situación, aunque ya asume que todo va “muy tarde”. “El seguro cumple y no sé qué hacer ni tampoco a qué personal contratar o qué material tener. Yo soy de los menos afectados, pero hay gente que tiene colchones inflables que en cuantía económica han perdido muchísimo”.
En la Asociación de servicios de temporada en la zona marítimo-terrestre de Granada los ánimos están caldeados. Creen que los cambios normativos han jugado en contra de los intereses de todos y que ayuntamientos como el de Salobreña no han ejercido bien su potestad. Gonzalo Lozano, uno de los portavoces de esta asociación, cree que el problema “grave” está en que “mientras los chiringuitos tienen concesiones para 70 años, a las empresas de este sector las licencias les expiran en cuatro”. A su juicio, en un periodo de tiempo “tan corto” es imposible recuperar la inversión que han de hacer, aunque admite que eso es una cuestión que está reglada por la ley y que localmente no se puede hacer nada. Lo que sí se podría mejorar es el uso del “derecho preferente” por el que los consistorios eligen directamente qué empresas se ubican en sus playas. “En Almuñécar el Ayuntamiento ha renunciado a esta posibilidad y los que quieren instalarse acuden directamente a la Junta de Andalucía para obtener las licencias”.
Renunciar al derecho preferente
“Para ellos es un caramelo por el tema, especialmente de las subastas. Cuanto más pique y dinero entre los negocios, más pueden sacar. La gente no sabe lo que va a pujar el de al lado”. Sin ir más lejos, Gonzalo cuestiona el criterio del Ayuntamiento de Salobreña con un ejemplo: “Este año nos obligan a todos a montar camas balinesas que no son viables en estas playas”. Desde la Asociación de servicios de temporada en la zona marítimo-terrestre de Granada recuerdan que los municipios que han renunciado al derecho preferente “ya tienen las licencias instaladas”. Lozano critica la ausencia de “voluntad de negociación” por parte de Salobreña y censura que “el técnico encargado se fue de baja dos meses antes y no ha tenido sustituto y el concejal encargado no aparece nunca por ninguna parte”.
Desde el Ayuntamiento de Salobreña argumentan que lo sucedido es simplemente fruto de una obligación legal. “Lo que ha ocurrido es que por primera vez y por obligación legal han tenido que salir a licitación las licencias y eso ha hecho que haya un retraso burocrático del que no es responsable esta administración”. Fuentes del Consistorio dicen, sobre los afectados, que “estaban hasta ahora convencidos que era suya y ahora tienen miedo a perderla” y afirman que “se han tenido en cuenta todas sus reclamaciones”. En Salobreña consideran que la culpa de que el tiempo se les haya echado encima es de la Junta de Andalucía al aplicar tarde la normativa por la que tienen que regirse. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Agricultura lo niegan y recuerdan que el proceso está abierto desde el 27 de abril y que la mayoría de municipios ya lo tenían resuelto hace varias semanas. “El Ayuntamiento de Salobreña se ha visto sobrepasado”, estiman desde Agricultura.
0